La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, solicitó la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas.
La magistrada pidió la medida con el objetivo de tomarles declaración indagatoria en Argentina, luego de la expulsión de Kueider del Senado el pasado jueves.
Además de la extradición, Arroyo Salgado solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros objetos incautados por las autoridades paraguayas cuando fueron detenidos en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay. También pidió el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria, publicó el sitio de noticias Infobae.
Esta medida se encuadró en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero, que tramita la Justicia Federal. El expediente se inició en julio pasado, a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, que reveló que Kueider era dueño de tres departamentos en un edificio de lujo en Paraná, a través de una sociedad pantalla, Betail SA, sin actividad conocida.
La posibilidad de formalizar el pedido de extradición se dio luego de que Kueider perdiera sus fueros, tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría. Previamente, la jueza había cursado el 13 de diciembre, bajo extremo hermetismo, un pedido de captura internacional ante Interpol, debido a la posibilidad de que Paraguay lo liberara o lo expulsara. La misma medida fue solicitada para Guinsel Costa el mismo día de la sesión. Esta solicitud a Interpol buscaba evitar que los detenidos pudieran escapar a otro país si eran liberados, quedando automáticamente detenidos en el marco del proceso judicial en Argentina.
El pedido de extradición debe ser tramitado a través de la Cancillería argentina, que lo enviará a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente ante la Cancillería paraguaya. Esta última, a su vez, lo remitirá al Ministerio Público de Paraguay, la autoridad central encargada de darle curso. Ambos países tienen un tratado bilateral de extradición en vigor.
Si los fiscales paraguayos aceptan la solicitud, se abrirá un expediente en Paraguay, en el que intervendrá un juez de garantías de ese país. Este proceso de extradición se lleva por separado del caso por contrabando de divisas, que se tramita en la Justicia guaraní, y que prevé una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Los fiscales paraguayos tienen cuatro meses para completar la investigación, según los plazos fijados por el juez Humberto Otazú.
En caso de que Kueider acceda a someterse a la Justicia argentina, la causa por contrabando en Paraguay se cerraría, según indicó el fiscal de Ciudad del Este, Alcides Giménez, en declaraciones a Infobae. En caso contrario, si Kueider se niega a la extradición, se judicializaría el proceso, lo que podría prolongar los plazos y complicar su repatriación.
La solicitud de Arroyo Salgado se encuentra en paralelo con el intercambio de información entre los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay, a través de sus respectivas Oficinas de Cooperación Internacional. En este marco, se confirmó que los fiscales paraguayos enviaron la semana pasada a la Fiscalía Federal de Argentina, a cargo de Fernando Domínguez, copia de las actuaciones realizadas cuando Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos con USD 211.000 sin declarar. Esta información incluye las declaraciones de los detenidos y los documentos presentados por Guinsel Costa, quien actuó en nombre de una empresa paraguaya sin actividad real, Golsur SA.
Aunque la extradición es el camino formal, el envío de información recíproca entre ambos países podría acelerar la deportación de Kueider, un proceso que, no obstante, se complica con la reciente formalización del pedido de extradición. La jueza Arroyo Salgado, por lo pronto, sigue avanzando con su estrategia para lograr que los imputados enfrenten la justicia en Argentina.