Hace 4 Hs
Los cobradores estarán obligados a chequear periódicamente la base de Contribuyentes No Confiables.
La semana pasada el Banco Central informó la implementación de una nueva medida que afectará el modo de pago de algunos argentinos. Por disposición de la entidad financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un grupo no podrá hacer pagos con tarjetas de débito y crédito.
La nueva regulación está pensada para hacer un mejor seguimiento a los usuarios cuya situación patrimonial o de transacciones resulte comprometedora o no haya podido justificarse. A este grupo se denominó de los Contribuyentes No Confiables y son las personas físicas o jurídicas con clave única de identificación tributaria (CUIT) bloqueada o que no esté en condiciones de emitir facturas.
Quiénes son los Contribuyentes No Confiables
Los Contribuyentes No Confiables son los que presentan irregularidades en su actividad fiscal que no se pudieron verificar o constatar. Por ello se elabora una base de datos con las personas que ingresan a este grupo y que los negocios deberán consultar semanalmente para asegurarse de no recibir pagos con tarjetas de estos contribuyentes.
Entre las condiciones que podrían incluir a un usuario o empresa en esta base figuran:
- Inconsistencias tributarias detectadas en las declaraciones juradas.
- Falta de documentación respaldatoria que acredite operaciones financieras o comerciales.
- Imposibilidad de verificar la legitimidad de ciertas transacciones o relaciones laborales.
Hasta que estas irregularidades sean subsanadas, los afectados estarán impedidos de realizar pagos con tarjetas, recibir cobros a través de estas herramientas e incluso operar con procesadores de pago electrónicos.
La Base de Contribuyentes No Confiables es una herramienta creada para fortalecer el control sobre operaciones fiscales sospechosas y promover la regularización de actividades tributarias. Según lo informado por la ARCA, esta lista incluye a aquellos contribuyentes que presentan irregularidades relacionadas con:
- Declaraciones juradas de seguridad social que no coinciden con la realidad de los vínculos laborales.
- Documentación laboral respaldatoria insuficiente o inexistente.
- Nóminas de trabajadores ficticios o irregularidades en la calidad de los mismos.
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