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DESDE 1991. La empresa Transportes 9 de Julio mantiene una larga relación con el municipio de la Capital.
Todo indica que el contrato más oneroso que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverá a ser prorrogado. Ocurre que el convenio vigente con la empresa Transportes 9 de Julio vence en un par de meses, y ya no hay tiempo para que se concrete la anunciada licitación del servicio de recolección de residuos en la capital.
El 27 de febrero pasado venció la prórroga por seis meses que en agosto de 2023 había otorgado la administración anterior. Estaba previsto que en dicho plazo se definieran los términos del próximo contrato, pero al cumplirse los plazos se resolvió extender el acuerdo por la limpieza de la ciudad hasta que se lleve a cabo la licitación pública. Así, la nueva extensión se dio en el marco del artículo segundo de la ordenanza N° 5.333, mendiante la cual se declara la emergencia sanitaria y ambiental en la capital tucumana por el plazo de un año.
Tres décadas
El vínculo entre la Capital y la empresa Transportes 9 de Julio data de 1991. Aquel primer acuerdo se celebró por vía directa, pero con posterioridad se extendió mediante sucesivas licitaciones.
El convenio actual fue elaborado en el último mandato de Domingo Amaya (actual presidente del Ente de Turismo), y aunque el Concejo Deliberante dispuso su aprobación -por unanimidad- en diciembre de 2014, comenzó a regir en agosto de 2016, ya con Germán Alfaro al frente de la sede de 9 de Julio y Lavalle.
Los operarios levantan entre 560 y 600 toneladas por día (sin contar los domingos) de residuos sólidos en la ciudad. Esta cifra no incluye la basura recogida mediante otros servicios -por ejemplo, barrido de calles y limpieza de containers-, dado que estas cargas no pasan por la báscula.
A fines de enero y por pedido de la intendenta Rossana Chahla, el cuerpo deliberativo sancionó la emergencia ambiental, aunque con algunas modificaciones. En el dictamen que se aprobó, de todos modos, se dispuso una prórroga de un año más para la contratación de la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos, “en los mismos términos y condiciones, y previa conformidad del adjudicatario”. Además, se autorizó al Ejecutivo a ampliar el ámbito de aplicación contemplado en el acuerdo original, al fin de abarcar aquellas zonas que han quedado excluidas. Hay, ahora, más de 10.300 manzanas cubiertas con el servicio.
En este plazo, la Intendencia debía presentar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares para realizar el llamado a licitación pública nacional y adjudicar el servicio.
Ese paso se cumplió en julio, cuando los concejales recibieron los pliegos licitatorios. En ese documento, se presenta como novedad la elaboración de un “plan de comunicación con la comunidad” que incluye un chat para hacer reclamos, un sistema de monitoreo satelital y una aplicación con información de los servicios prestados.
Desde entonces, no hubo mayores avances en el tratamiento por parte de los ediles. Al punto que hubo observaciones verbales a la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavacca y una propuesta alternativa, presentada por el radical Leandro Argañaraz para subdividir la ciudad en cuatro zonas y que sean cuatro las empresas que trabajen en la recolección de residuos. Esa iniciativa fue apoyada por Ramiro Ortega (FR), Ana González (PJS) y Gustavo Cobos (UCR).
El apuro radica en que el Concejo tiene previsto realizar su última sesión del año este jueves, pero sólo para aprobar el Presupuesto 2025 del municipio. Luego comienza el receso y no hay tiempo material de aprobar los pliegos y que se concrete el llamado a licitación y la posterior adjudicación del servicio. De esta manera, el único camino posible es que la Intendencia vuelva a solicitar la aprobación de una ordenanza al Concejo para extender, nuevamente, un contrato que le demanda alrededor de $ 3.200 millones mensuales a la Municipalidad capitalina.
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