12 Diciembre 2024
Exigen a Tucumán activar el comité provincial contra la tortura: el porqué del pedido
Gustavo Palmieri, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), exigió este jueves la conformación del comité provincial en Tucumán para abordar las graves problemáticas dentro del sistema penitenciario y comisarías. En una entrevista con LA GACETA, detalló la urgente necesidad de implementar este mecanismo, en la cual destacó la demora y obstáculos para que los miembros designados puedan formar parte del comité provincial.
Palmieri subrayó que Tucumán enfrenta situaciones penitenciarias críticas, como el hacinamiento de detenidos, condiciones insalubres y casos de violencia. “La provincia tiene más personas alojadas en comisarías que en cárceles y esto crea condiciones lamentables. Hemos visto casos brutales, como el incendio en Concepción donde mujeres perdieron la vida. Hay detenidos alojados en el exterior, durmiendo en el piso y enfrentándose a enfermedades y violencia”.
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Además, el especialista remarcó que aunque existen esfuerzos por parte del gobierno provincial y de instituciones judiciales, como la Corte, para mejorar el sistema carcelario y desarrollar nuevos protocolos, estas iniciativas no se están implementando. Palmieri enfatizó que el sistema penitenciario debe tener como objetivo la resocialización, y no el abandono o la represión de sectores vulnerables. “Las políticas de detenciones en barrios populares sin respetar estándares básicos no son el camino correcto”, explicó.
El integrante del Comité Nacional solicitó a la provincia cumplir con las leyes que respaldan la creación del mecanismo provincial y con las exhortaciones de la Corte. En este sentido, llamó a convocar al Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal para integrar el comité, garantizando así la participación de todas las partes necesarias para una supervisión efectiva.
Palmieri también destacó que el comité nacional y organismos internacionales están al tanto de las denuncias de maltrato y hacinamiento, y es crucial contar con un mecanismo provincial activo para responder a estas situaciones. “Queremos que este mecanismo empiece a trabajar y pueda garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los detenidos. Necesitamos recursos y controles reales, no solo edificios nuevos”, concluyó.
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