¿Por qué avanza la violencia en el fútbol tucumano?

“Da la impresión que la violencia en el fútbol está tan aceptada, que ya forma parte del espectáculo. Esta situación no se da en otros deportes. En el rugby, por ejemplo, que también moviliza muchos espectadores, hay un comportamiento ejemplar. Eso sucede porque cuando se registran algunas inconductas la sanción es durísima”, aseguró el actual juez de Impugnación Edgardo Sánchez. En 2005, cuando se desempeñaba como fiscal, fue el primero en aplicar la ley de violencia en el fútbol para investigar, procesar y condenar a simpatizantes de Concepción FC por los graves incidentes que se registraron en el duelo contra Central Córdoba.

Con la agresión que sufrieron los jugadores de Sportivo Guzmán cuando visitaron a Atlético Concepción por una competencia nacional se corrió un telón. Quedó al descubierto la gravedad de un problema que amenaza con asesinar al fútbol tucumano sin diferencia de categoría. “A la luz de los hechos investigados, se puede apreciar la responsabilidad del club local (los “Leones”), por el comportamiento primitivo de sus simpatizantes”, es la conclusión a la que arribó el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Semejante definición no movilizó a los dirigentes que se llamaron al silencio.

Un silencio que llegaría a su fin si el fiscal Mariano Fernández avanza en la investigación del caso. La teoría que maneja, en base a la denuncia y testimonios de las víctimas, es que se podría haber liberado la zona para que los simpatizantes locales agredieran a la delegación visitante. Quizás, el representante del Ministerio Público Fiscal no pueda probar esta hipótesis, pero en el medio surgieron indicios de que hubo una serie de irregularidades que hablan de las falencias organizativas que hay, especialmente, las vinculadas a la seguridad.

Pasado y presente

El Comité de Seguridad Deportiva en el Fútbol y otros Deportes fue creado en 2005 a través de un decreto firmado por el ex gobernador José Jorge Alperovich. Este organismo nació, según los fundamentos porque “se procura la creación de un ente que tenga injerencias en todo lo atinente a prevención y culminación de eventos sin que por omisión, inadvertencia, impericia o descuido no se tomen los recaudos necesarios para el éxito del espectáculo”.

“El ente conforme a las nuevas leyes debe estar facultado a establecer pautas de seguridad, las que inexorablemente deben ser acatadas, por el solo hecho que su incumplimiento puede derivar en sucesos que afecten la paz social y empañen con violencia la seguridad de los ciudadanos”, se puede leer en el decreto que el próximo 22 de junio cumplirá 20 años y que pocos parecieran recordar de su existencia.

El comisario retirado Jorge Díaz fue durante más de 10 años representante de la Policía en ese cuerpo. “El Comité tenía miembros permanentes. Lo presidía el secretario de Seguridad y después había representantes de la Liga Tucumana de Fútbol, el Siprosa, Defensa Civil de la Provincia, el Ipla y hasta Transporte”, recordó. “Eran varias las funciones que teníamos. Pero eran dos las fundamentales: primero programar los encuentros teniendo en cuenta los riesgos que existían y después analizar cada una de las situaciones que se generaban cuando había incidentes. Si los simpatizantes de un club protagonizaban hechos de violencia, éramos nosotros los que definíamos a través de una votación si correspondía una sanción y cuál sería. Esas resoluciones eran inapelables y debían cumplirse”, informó.

El ex jefe de Seguridad Deportiva explicó que la programación de los partidos era lo más complicado. “Se analizaban los antecedentes y se definía cuándo y dónde se debían disputar los encuentros, si se jugarían a puertas cerradas o con público local o con ambas hinchadas. También se realizaban inspecciones permanentes a los estadios para determinar si estaban en condiciones de ser escenario de un partido. No sé cómo están trabajando ahora”, sostuvo el ex comisario que por cumplir esta tarea tuvo que afrontar una denuncia por discriminación en el Inadi y responder decenas de cartas documentos.

"El comité sigue funcionando y está conformado por varios entes. Cada vez que hay un partido, se reúne con los integrantes de la competencia y, cuando es necesario, también con los dirigentes de los equipos", explicó el comisario Cristian Núñez, actual jefe de Seguridad Deportiva de la fuerza. “Lo único que se hace es una reunión entre la Policía y los directivos para determinar qué cantidad de policías se necesitan para el operativo”, sostuvo Diego Campisi, vocal primero y representante legal de Sportivo. Dirigentes de otros clubes prefirieron no hacer declaraciones sobre este punto.

Tampoco lo hicieron en la Liga Tucumana de Fútbol. En el fallo del Consejo Federal, se informó que hubo una reunión en la sede de la LTF, en la que Núñez y el secretario liguista Fabián Dardo Fernández analizaron lo sucedido en el estadio de los “Leones”. LA GACETA se comunicó con el directivo para que explicara cuál era el rol del Comité, pero no sólo negó ser integrante, sino que además dijo desconocer la existencia de un cuerpo de esas características.

Fallas

Antes de que se desatara el caos, los directivos “julianos” descubrieron que la cerca olímpica tenía un agujero, que no había candados en los portones que comunican las tribunas con el campo de juego y que en varios sectores del estadio (especialmente el de las plateas) había pilas de escombros que podrían ser utilizados como potenciales proyectiles. Campisi señaló que le informaron de la situación al cuarto árbitro Carlos Martín (terminó lesionado con un corte en el cuero cabelludo al ser impactado por un proyectil), pero les avisó que esa era responsabilidad de la Policía.

Después de que estallara el escándalo, trascendió que los árbitros habrían presentado notas en la LTF y en el Consejo Federal para advertir de las graves falencias en materia de seguridad que hay en el estadio de los “Leones”. Sin embargo, ninguno de los jueces confirmó esa versión. Prefirieron que el asunto se resolviera administrativamente antes que se hiciera público en los medios de comunicación.

Nadie de los consultados por nuestro diario pudo informar si el estadio de los bandeños fue inspeccionado por las autoridades para determinar si estaba en condiciones de ser escenario de un partido de alto riesgo como el disputado hace una semana. “No sé”, “supongo que sí”, “no tengo ni idea”, fueron algunas de las respuestas. Si hubiera existido esa inspección, la debería haber realizado personal de Defensa Civil de la municipalidad de Banda del Río Salí, que es el principal colaborador económico del club. Está tan aceitada la relación, que los “Leones” sería el único club que tendría la figura de “Socio municipal”, es decir, empleados a los que se les descuenta la cuota societaria por planilla salarial.

Responsabilidades

El presidente de Atlético Concepción Félix Daniel Bustos hizo dos descargos sobre los incidentes. A LA GACETA le dijo que el caos fue desatado por personas que se hicieron pasar por simpatizantes de los “Leones”. En el informe que presentó en el Consejo Federal responsabilizó a la Policía.

“No se presentó al encuentro la totalidad de efectivos solicitados para la cobertura del espectáculo deportivo, en charlas previas con el jefe del operativo y la cuaterna arbitral, se brindó las garantías para dar el inicio con la cantidad de uniformados presentes”, señaló.

El jefe de la Unidad Regional Este Carlos Ruiz desmintió categóricamente esa versión. “Cuando se estaba por programar el encuentro, les pedimos que el cotejo no se programara el domingo porque ese día San Martín jugaba un encuentro clave y que parte de nuestro cuerpo de infantería fue convocado para reforzar el operativo de seguridad de La Ciudadela que convocaría mucha más gente. Nunca nos escucharon y ahora somos los responsables”, explicó. “Este problema debe acabarse de una vez por todas porque la Policía no sólo está presente en cada encuentro, sino que envía uniformados a hacer tareas de prevención en las adyacencias del estadio. Por los incidentes perdimos a varios hombres por las lesiones que sufrieron. Quiero aclarar que esas ausencias también afectan a la sociedad en general porque es menos personal para hacer prevención”, añadió.

La “tropa” también está molesta. “Estamos hartos de esta situación. A los policías, por solo tener el uniforme puesto, cuando trabajamos en los estadios nos escupen, nos tiran orina y piedras. Todo por hacer un adicional que, con suerte, cobramos tres meses después de haber cumplido con nuestra tarea. De alguna manera hay que poner punto final a esta situación”, explicó el cabo Miguel Ramírez.

¿Cómo se pone el punto final? “Creo que la mejor alternativa es que de una vez por todas se reúnan todos los actores, analicen la situación y busquen diferentes alternativas para tratar de acabar con el problema. En los últimos años se tomaron varias medidas que evidentemente fracasaron”, finalizó el juez Sánchez. (Con colaboración de Daniel Coronel y Gonzalo Cabrera Terrazas).