Por Micaela Pinna Otero
04 Diciembre 2024
Un juez rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal de endilgarle a Juan Zamora, imputado por el robo de agua a la Sociedad Aguas del Tucumán, en Yerba Buena, dos nuevas acusaciones por haber considerado que desobedeció las medidas judiciales impuestas por los jueces intervinientes en el proceso, al haber realizado modificaciones en su propiedad.
El hecho salió a la luz el 24 de septiembre. A raíz de los numerosos reclamos efectuados por los usuarios por la falta de agua en Yerba Buena, el personal de la SAT recorrió la traza de la toma Las Piedras (principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva en Lomas de Imbaud), detectando una conexión clandestina que desviaba parte del caudal de agua en dirección a una laguna ubicada hacia el este del acueducto.
Las autoridades denunciaron la situación, por lo que la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, coordinó la investigación. El pasado 1 de octubre, Zamora fue imputado como autor del delito de robo simple.
Según la acusación, en mayo de 2023, Juan Zamora, mediante el uso de mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Lomas de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una supuesta conexión clandestina que consiste en desviar parte del caudal de agua potable, direccionándola mediante caños para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable y el abastecimiento en la localidad de Yerba Buena, ocasionando un perjuicio a miles de usuarios.
Resultado de pericias
En el marco de la investigación, los pasados 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo una serie de pericias a los materiales que fueron secuestrados en el predio en el que se encontraba instalada la supuesta conexión ilegal de agua. Los resultados del informe habrían alertado modificaciones en la finca del agricultor. A raíz de esto, en una audiencia realizada ayer, el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao, pretendió ampliar la acusación en contra del hombre.
La teoría del caso del MPF sostiene que Zamora entre los días 7 de noviembre y 13 de noviembre le encomendó al encargado de la finca que realizara una excavación en la propiedad para visualizar un caño de PVC y modificar el cabezal de la perforación que se encuentra en el interior del terreno, todo ello a sabiendas que tenía un impedimento legal para hacerlo.
Bilbao explicó que el agricultor desobedeció la medida ordenada el 30 de septiembre, emitida por la jueza Eliana Gómez Moreira, en la cual disponía “no innovar respecto de la represa y prohibir la realización de modificaciones y/o excavaciones en el lugar, por el plazo de 60 días”.
También, habría desobedecido la orden emitida por el juez Federico Moeykens el 1 de octubre de 2024, en la que dispuso la medida de coerción de menor intensidad que consiste en no obstaculizar la investigación y la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.
Por todo ello, el MPF reformuló los cargos en contra de Zamora y lo imputó como autor de los delitos de robo simple y desobediencia judicial en dos oportunidades.
Para fundamentar el pedido, el representante del MPF expuso una serie de evidencias, entre las cuales mencionó las declaraciones espontáneas que realizó Franco Sir, el encargado de la finca, ante las partes mientras practicaban las pericias. En la misma, el joven manifestó que observarían partes donde el caño se encontraba destapado. “Dijo que realizó la excavación con anterioridad para que sea más fácil cuando vengan a realizar los trabajos. Además dijo que lo hizo para determinar la línea del caño y la línea de la finca”.
“Zamora sabía que no debía excavar porque había una medida de no innovación que fue notificada a todos los defensores”, sostuvo el auxiliar de fiscal.
Bilbao, también solicitó que la causa sea declarada de asunto complejo, requirió una prórroga de las medidas de coerción que viene sufriendo el imputado y solicitó que el valor de la caución que pesa sobre Zamora se incremente de $100 millones a $200 millones. Los planteos fueron respaldados por los querellantes José María Molina y Leonardo Francisco Debono, en representación del Gobierno de Tucumán, y por los apoderados legales de la SAT, Valeria Abdo y Walter Ojeda Ávila.
Oposición
Los defensores Camilo Atim y Alfredo Falú se opusieron a todos los pedidos del MPF. Al fundamentar su postura sostuvieron que en la resolución, la jueza Moreira se refería específicamente a la prohibición de innovación en el sector de la represa y que dichas excavaciones no estaban dentro del margen contemplado. “Incluso lo indicó con coordenadas de latitud y longitud. El descubrimiento del caño se hizo en el otro extremo de la finca, que está distante a 800 metros, aproximadamente. La finca es de 33 hectáreas y la medida cautelar es específica”, dijo Falup.
“La medida de no innovar abarcaba únicamente a la represa. Si el MPF hubiese querido referir al inmueble, claramente de un modo simple tenía que mencionar la matrícula y el padrón”, alegó Atim.
Luego de escuchar la acusación en su contra, Zamora se defendió y apuntó en contra de la SAT. “Está clara la medida cautelar: la represa, los alrededores de la represa, la salida del agua y la cañería son lo único que está determinado; entonces el resto del campo está disponible. Hemos tenido que traer una bomba de agua para seguir cuidando la fruta porque se nos cortó el agua porque no se tenía que tocar nada”., dijo.
“Le pregunto a la SAT: ¿han solucionado ya su problema o desde cuándo viene el problema? ¿De 2022 para atrás tenían solucionado el problema? No lo tenían ni lo tienen solucionado. A mí lo que me llama la atención es la violencia, el descrédito de mí, de mi familia y de mi empresa. Han manchado mi nombre y han hecho lo que han querido para justificar la inoperancia de ellos con la SAT, y lo vamos a probar”, agregó.
Rechazo
Tras un extenso análisis de la exposición de la defensa, la Fiscalía y las resoluciones de los magistrados, el juez Guillermo Taylor resolvió no hacer lugar al pedido de reformulación de cargos al considerar que Zamora no incurrió en el delito desobediencia judicial, como lo planteó el MPF.
A la vez tampoco hizo lugar al pedido de declarar la causa como asunto complejo, justificando que le parecía una instancia prematura y que la solicitud no quedó del todo acreditada. Finalmente sí resolvió prorrogar las medidas de coerción de menor intensidad e incrementar el valor de la caución que pesa sobre Zamora, de $100 millones a $200 millones.
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