Hace 14 Hs
Estando los juegos de azar tremendamente difundidos en la actualidad, pueden ser un agravante de los males que sufre la sociedad a causa del desquicio económico que se patenta en la desocupación y en la angustia económica. Ante la falta de trabajo, a pesar de atisbos de crecimiento que solamente se ve en los números pero no en el supermercado, a muchos el juego se ha de presentar como una alternativa salvadora, sin advertirse que contribuye a hundir más en las perturbaciones causadas por la crisis, llevando en consecuencia a derrochar lo poco que se consiga obtener. Muchas veces el juego es usado alegre y despreocupadamente como un impulsor de programas de ventas y de búsquedas de audiencias y hace aparecer a este grave vicio como un simple e inofensivo pasatiempo. Pero el juego, cuando adquiere el carácter de una compulsión, se adueña del ánimo y se convierte en una obsesión casi irresistible. La Organización Mundial de la Salud considera la ludopatía una enfermedad grave, que progresivamente domina la voluntad del paciente, perjudicando su apreciación de los valores y su responsabilidad ante las obligaciones de todo tipo, familiares, sociales, laborales y ciudadanas. Algunos, incluso, la consideran una enfermedad que puede detenerse, atenuarse, pero no curarse. Creemos que el entrampado por la vorágine del juego se inclina a salir de ella si se lo ayuda con la terapia adecuada, y que los especialistas en la materia sabrán, en cada caso, cuáles son ellas. ¿Qué puede hacer el Estado en esta materia? Algo es mejor que nada. La propuesta sería que por lo menos los afectados por el juego compulsivo puedan ver que no están solos, que hay otros a quienes también les preocupa el impulso que a ellos los atrapa. Lamentablemente en nuestra provincia y en el país, el juego está ligado con “empresas” con enorme poder económico. Sería fundamental que el Estado, a través de los organismos competentes, verifique las enormes evasiones ante miles de maquinitas no reveladas ni declaradas. Lamentablemente, la mafia -organizaciones que investigué muy de cerca desde el Poder Judicial, siendo fiscal y juez de instrucción-, en la mayoría de los casos, está directamente vinculada con el juego. Es así que si muchos delitos e irregularidades que se denuncien o se verifiquen y el Estado da vuelta la cara como diciendo “nada tengo que ver”, sería en la práctica lo mismo que patrocinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija, ni menos aún la castigue. Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos comprobados por el Poder Judicial, no las notables corrupciones del juego, entonces, por supuesto la impunidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial y la ludopatía seguirá creciendo.
Jorge Bernabé Lobo Aragón
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