Mercadería secuestrada: el Gobierno aportó pruebas a la Fiscalía de Estado

El Gobierno provincial aportó elementos de prueba a la Justicia provincial en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social destinada a sectores vulnerables.

El titular de esa cartera, Federico Masso, hizo entrega de una importante cantidad de documentación a la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, en la cual constan detalles administrativos relacionados con la entrega de módulos alimentarios.

A través del abogado José María Molina, designado para representar al Gobierno provincial en este proceso, se remitirán estos instrumentos a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que tramita la pesquisa penal.

Por ahora, no surgieron indicios de que hayan estado involucradas más personas en esta aparente maniobra, además de los dos imputados en el proceso.

Se trata de Alberto Felipe López, de 58 años, y de su hijo, Juan López Cansillieri, de 39, a quienes se les confirmó la prisión preventiva un plazo de 90 días.

La principal hipótesis de la fiscala Mariana Rivadeneira es que los dirigentes barriales habrían comercializado los productos otorgados por Desarrollo Social a los fines de su distribución entre personas de escasos recursos.

Esta sospecha se sustenta en que, durante los procedimientos concretados por la Policía, se secuestraron anotaciones manuscritas en las que se enumeran distintos comestibles (como puré de tomate, aceite, azúcar, etcétera) y sumas de dinero que podrían estar relacionadas a la venta directa, posiblemente, entre locales de la zona.

El primer procedimiento, a cargo de efectivos de la seccional 15, se originó a partir de una denuncia sobre un caso de violencia. Al inspeccionar la vivienda donde reside López Cansillieri, en el sector 2 de Manantial Sur, la Policía se dio con un cargamento de más de 5 toneladas de alimentos. Entre los productos había cajas de leche con la leyenda “prohibida su venta”. De inmediato, los uniformados reportaron esta situación al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el inicio de un expediente por este hecho. Además, se obtuvo un acta de entrega de mercadería por parte de Hacha de Piedra, empresa contratada por Desarrollo Social para los servicios de logística, en el que constaban los productos contenidos en 216 módulos alimentarios (lentejas, yerba mate, etcétera) retirados el 20 de noviembre por Alberto Felipe López, en su carácter de titular del Movimiento Provincial Tucumán (MPT). Sin embargo, ese listado no alcanzaba a justificar la enorme cantidad de comestibles hallados en Manantial Sur. Así, resta que se identifique el origen del resto de los productos incautados.

Uno de los datos que siguen con atención los investigadores también fue aportado por la cartera a cargo de Masso. Sucede que, según se indicó, el área de influencia de la organización social de López (p) estaba inscripta en los registros formales en barrio Teresa de Calcuta, Alderetes. De esta forma, los sospechosos, representados por los abogados Javier Lobo Aragón (h) y Aníbal Paz, podrían tener que explicar por qué los alimentos estaban a unos 20 kilómetros de distancia del lugar consignado por el Movimiento Provincial Tucumán ante el Ministerio de Desarrollo Social.

En ese sentido, la Fiscalía de Estado recibió 11 cuerpos aportados por la cartera que encabeza Masso, donde constan detalles sobre la forma en que se realiza la distribución de módulos alimentarios (a qué organizaciones se asigna, quiénes son los encargados de retirarlos, quiénes son los beneficiarios y sus DNI, entre otros detalles). Esos elementos serán puestos a disposición de la Justicia para informar a los investigadores y deslindar responsabilidades, indicaron en la Casa de Gobierno.

Ecos en la Legislatura

En la Legislatura, la oposición mantiene en agenda el escándalo de los alimentos secuestrados en Manantial Sur.

El legislador radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) formalizó un proyecto de resolución que propone la citación del ministro Masso a la Legislatura, en línea con lo dispuesto por la Constitución provincial, “a fines de brindar diversos informes sobre la distribución de mercaderías destinadas a programas sociales”. El texto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que tiene mayoría oficialista, y deberá resolver si corresponde o no la convocatoria al funcionario.

Entre otros puntos, el dirigente cercano al diputado radical Mariano Campero pretende que Masso consigne la nómina de beneficiarios de los alimentos que provee el Estado (desglosando si se trata de comedores, merenderos, organizaciones sociales o personas físicas); y que indique si en los dos últimos años se llevaron adelante auditorías en Desarrollo Social en instituciones que operan como intermediarias, así como los eventuales resultados de controles administrativos.

Uno de los interrogantes del caso gira en torno a las derivaciones políticas que tendrá el secuestro de la mercadería, además de las judiciales. En paralelo a la citación propuesta por Courel, el legislador de La Libertad Avanza, José Macome, elevó un pedido de informes por el caso de Manantial Sur. Además, otros espacios opositores elevaron proyectos relacionados con los sistemas de asignación de mercadería a sectores vulnerables.