Luego de 13 años de búsqueda, la desaparición de María Cash sigue siendo uno de los casos más enigmáticos del país. El fiscal general del Distrito Salta, Eduardo Villalba, evalúa el camino de la investigación que, recientemente, llevó a la imputación del camionero Héctor Romero como principal sospechoso del homicidio agravado por alevosía de la diseñadora. Villalba solicitó inspecciones oculares en los lugares donde Romero aseguró haber tenido contacto con la joven y rastrillajes en áreas específicas.
“Queremos dar una respuesta a la familia y romper el pacto de silencio que obstaculizó la investigación, reforzado por denuncias falsas que desviaron la búsqueda”, afirmó el fiscal en diálogo con Fiscales.gob.ar. A pesar de los obstáculos, el caso fue reimpulsado con un enfoque interdisciplinario que incluye policías, investigadores, psicólogos y sociólogos.
Un giro en la investigación
En 2012, la causa de María Cash pasó a la justicia federal bajo la hipótesis de trata de personas, lo que derivó en múltiples allanamientos y análisis de ADN, incluso en Bolivia. Sin embargo, Villalba asegura que esta línea no fue productiva y desvió el foco del lugar donde Cash fue vista por última vez: la ruta.
La nueva investigación comenzó hace dos años, revisando la causa desde cero. “Se analizaron 400 supuestos avistamientos de María, muchos de ellos falsos. Esto nos permitió centrarnos en la última persona que tuvo contacto con ella, Héctor Romero”, explicó Villalba. Un testigo clave, René Torres, identificó el camión y a Romero como quien habría levantado a Cash.
Las pruebas contra Héctor Romero
Romero fue detenido e imputado por su declaración inconsistente y su aparente intento de desviar la investigación. Según Villalba, el camionero “se comporta como un culpable” y mostró actitudes sospechosas al recomendar a su entorno que mantuvieran las mismas declaraciones dadas hace 13 años. Además, las descripciones de Romero sobre su contacto con María no coinciden con los registros de la causa.
Próximos pasos
La fiscalía solicitó una inspección ocular en los lugares mencionados por Romero y rastrillajes en zonas que, según análisis, podrían haber sido utilizadas para ocultar el cuerpo. Estas medidas, en colaboración con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU), buscan dar un paso definitivo en la resolución del caso.
"Estimamos entre una o dos semanas, pues se debe analizar cuáles son los campos a rastrillar, tomar los recaudos constitucionales para ingresar a esos lugares, ya que son propiedad privada", dijo el fiscal.
"Para esta tarea, estamos en contacto con el organismo que se creó, justamente, a raíz de la desaparición de María Cash; me refiero al SIFEBU [el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas], dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el cual ya hemos hecho otros rastrillajes siguiendo otras hipótesis. Pero esta, creo yo, es la más concreta", explicó.
Villalba reconoce que, aunque las expectativas son altas, también existen desafíos logísticos y temporales. “Buscar restos después de 13 años implica enfrentar cambios en el terreno, la vegetación y otros factores. Pero esta es la hipótesis más concreta que hemos tenido hasta ahora”, afirmó.
La esperanza de una familia
El fiscal enfatizó que más allá de la sanción penal, su prioridad es ofrecerle a la familia de María una respuesta sobre lo ocurrido. “La desaparición es más dolorosa que la muerte, porque deja abierta la incertidumbre. Queremos, de mínima, saber dónde está el cuerpo”, expresó.
“Nuestra esperanza es darle paz a la familia y que nunca más se repita algo así”, concluyó el fiscal.