Señalan facultades excesivas para el Poder Ejecutivo en el Presupuesto provincial

La comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia se encamina a emitir hoy el dictamen para tratar el jueves el Presupuesto 2025, que prevé erogaciones por $3,39 billones para todo el funcionamiento del Estado, recursos por $3,4 billones y un superávit de $5.613 millones. Una novedad que propone la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo (PE) es ponerles un límite a los excedentes financieros de los tres poderes y quitar así los márgenes de maniobra para su uso. Pero también contaría con algunas facultades que sectores de la oposición consideran excesivas, como ampliar el presupuesto o tomar crédito sin tener que pasar por la Legislatura que preside Miguel Acevedo.

El proyecto que enviaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad (Economía y Producción) cuenta con 28 artículos (el último, de forma). Legisladores opositores que consideraron que el Presupuesto 2025 luce equilibrado, y respaldaron la posibilidad de poner un límite de maniobra a los excedentes financieros a partir del próximo ejercicio. Sin embargo, consideraron que las cifras que se plasman en las partidas terminan siendo casi simbólicas porque pueden cambiarse al día siguiente en la Casa de Gobierno. En ese sentido, consideraron que debería prestarse más atención al articulado del proyecto.

“A piacere”

El legislador Claudio Viña, presidente del bloque Compromiso Tucumán, advirtió que hubo puntos que no quedaron claros a pesar de la visita de Abad a la Cámara semanas atrás. “Hay una gran cantidad de facultades del Poder Legislativo que se ceden al Gobierno, incluso vulnerando mandatos constitucionales. Con el rediseño de algunos artículos tradicionales, por ejemplo en el artículo 12, se faculta al PE a incrementar el presupuesto sin necesidad de aprobación legislativa, reduciendo la obligación a la mera comunicación. Esto se contrapone con el artículo 67, inciso 4 de la Constitución Provincial”, alertó en declaraciones a LA GACETA.

En ese sentido, el legislador miembro de la comisión de Hacienda y Presupuesto señaló que incluirse en el dictamen y aprobarse en el recinto los artículos 16 y 17, se autorizará al Ejecutivo para endeudar a la provincia por hasta $340.000 millones y hasta U$S250 millones, respectivamente. “Estas dos facultades o competencias que cedería el Poder Legislativo hacen prácticamente estéril el análisis y discusión de áreas sensibles, como salud, seguridad, educación y obra pública, por cuanto estas, de mantenerse el articulado tal cual está, pueden ser modificadas ‘a piacere’ por el PE”, cuestionó.

Respecto a estos dos últimos artículos, el radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) cuestionó también que no se precise para qué podría tomar deuda la Provincia, si para obra pública o para otro fin. “Son números que se los prevé, pero no están asignados. Eso la verdad nos preocupa mucho, porque hay muchas promesas que no se concretan y tenemos miedo que este presupuesto sea un poco más de lo mismo”. Añadió que de las previsiones para el año que viene también les preocupa que casi el 26% de las partidas puedan ser reasignadas de modo discrecional por el gobernador, a diferencia de este año que dicho margen fue menor al 10%.

Alarmas encendidas

Por Fuerza Republicana, el legislador Eduardo Verón Guerra destacó el equilibrio que presenta el proyecto y que se busca la austeridad y la autosuficiencia de los órganos centrales y descentralizados. Señaló que se sinceró también que el Ejecutivo destina muy poco para obra pública. De todos modos, remarcó que enciende las alarmas las facultades que se pretenden conceder al Ejecutivo. “Por un lado nos dice la norma que las asignaciones presupuestarias se adecuarán a los ingresos que efectivamente logré la administración desde la recaudación tributaria, así también como la reasignación de excedentes y recursos propios de los organismos que dependen de la administración central en pos de reducir las asignaciones hacia los demás órganos; acto seguido se autoriza al Ejecutivo a modificar con una simple comunicación las partidas. También solicita el Ejecutivo autonomía para endeudar a la provincia en hasta un 10% del total de lo asignado en gastos, entre otras”, planteó.

En su visita por la Cámara, Abad afirmó que el criterio que se siguió fue el de austeridad. “El criterio siempre ha sido la austeridad, privilegiando aquello que el gobernador ha dicho de mejorar la vida a la gente y garantizar la paz social: Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Social”, expresó.

El Poder Judicial demandaría cerca del 8% del presupuesto para su funcionamiento, por lo que el gasto estimado rondaría los $270.000 millones. La Cámara aún no informó el porcentaje que demandará para su funcionamiento (se mantendría inferior al 4%).