Robo de vehículos, delito que muta y hace disparar las estadísticas

Las modalidades delictivas van modificándose con el correr del tiempo. El robo de autos, por ejemplo, tuvo una importante disminución hace 20 años. Pero después de la pandemia, los índices de sustracción de automotores y motocicletas se dispararon. Una empresa informó que el aumento hasta agosto de este año era del 15% y que casi con seguridad superaría el aumento del 25% registrado el año pasado. La ministra de Seguridad de la Nación no se cansa de repetir a sus pares provinciales que este es uno de los principales problemas a los que deben enfrentarse.

Hay dos razones que vienen alimentando esta tendencia. Primero que están actuando en el país organizaciones bien articuladas que tienen eslabones que van desde el robo del bien; pasando por el uso de tecnología para vulnerar cualquier tipo de medida de seguridad; siguiendo por la existencia de talleres que además de modificar las apariencias del vehículo; y terminando con la falsificación de documentos que parecieran haber perdido eficacia en su supuesta inviolabilidad.

En una audiencia realizada el viernes, el fiscal Diego López Ávila logró que el juez Guillermo Di Lella dictara la prisión preventiva a un cuarto miembro de una banda que cometía este tipo de ilícitos. “Estamos ante la posibilidad de que surjan nuevas evidencias que den cuenta de la posible comisión de otros hechos delictivos”, anticipó el funcionario. “Entiendo que tampoco pueden dejar de ponderarse los daños. Tanto los daños ocasionados a las víctimas que han sido desapoderadas de esos vehículos, en muchos casos a través de medios violentos, sino también a aquellas personas que los adquirieron entregando importantes suma de dinero”, argumentó.

Según la acusación del representante del Ministerio Público, “desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe (actualmente está prófugo) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que habían sido sustraídos a diversas víctimas y estaban denunciados como robados”.

“Algunos de los sujetos se encargaban de obtener las motocicletas, efectuando estos desapoderamientos cuando las víctimas estaban conduciendo o cuando habían sido dejadas en estacionamientos”, sostuvo López Ávila. “Por su parte, otros imputados se encargaban de recibir motos, con pleno conocimiento de que las mismas provenían de hechos ilícitos. Luego de ello, el líder y el ahora imputado se encargaban de adquirir la documentación adulterada de las motocicletas, siendo que en esos instrumentos se consignaba titulares falsos. Al momento de tener las motocicletas en cuestión y la documentación, la organización vendía las motos mediante engaños a compradores de buena fe”, detalló.

Si bien es cierto que en esta oportunidad sólo se procesó a un hombre vinculado al robo de motos, la banda en cuestión está acusada de hacer lo mismo con autos y camionetas. Un detalle, un policía integraba esta organización y no sólo afronta cargos en la justicia ordinaria, sino que además el fiscal federal Agustín Chit habría solicitado que se lo enjuicie por falsificación de documentación.

En la ruta

Desde que se implementó el Operativo Lapacho, en los límites de nuestra provincia se secuestraron 66 motocicletas, 57 automóviles, 26 camiones y 38 camionetas que habían sido robadas y que estaban en pleno tránsito. Los especialistas sostienen que esos bienes tienen dos destinos: llevarlos a provincias para que se los comercialice con documentación falsa o llevarlos a Bolivia para cambiarlos por drogas. En el mismo plan, los efectivos descubrieron el envío por encomiendas las motopartes de más de 60 rodados de alta gama.

El sistema que utilizan estas bandas está más o menos claro. Roban de manera violenta o “levantan” (como se conoce en la jerga policial) los vehículos que están estacionados en la vía pública. Buscan bienes muy similares para luego cambiar los dominios. En un control, los efectivos pedirán la documentación y el conductor mostrará la tarjeta verde donde tiene todos los datos de un auto o camioneta o moto que no tiene ningún impedimento de circular.

“Permanentemente estamos capacitando a nuestros hombres sobre las nuevas modalidades delictivas. Los descubrimos por algunos detalles”, indicó el comisario Fabio Ferreyra,que está al frente del Operativo Lapacho. “A veces descubrimos que tienen documentos aparentemente en regla, con el número de chasis coincidente, pero caen porque el dominio grabado en las ventanillas es diferente. Ahora también llevan los vehículos en camiones de auxilio. Hay que estar atentos a todo”, añadió el funcionario.

La investigación de estos casos también es un dolor de cabeza. Las personas que fueron sorprendidas trasladando vehículos robados sólo pueden ser acusadas de encubrimiento, ya que la Justicia tucumana no tiene elementos para sostener una acusación por sustracción. Tampoco puede indagar sobre el ilícito, porque normalmente fue cometido en otra jurisdicción por la que no puede actuar. El camino que se debería recorrer es que se unifiquen todas las causas para que la justicia federal intervenga, pero ese fuero está tan limitado que sería prácticamente imposible que lleve adelante una investigación de estas características.

La tarjeta azul, un documento que genera dudas entre los investigadores

Los policías de todo el país contaban con una herramienta para detectar irregularidades: la tarjeta azul. Ese documento servía para identificar a los conductores de los vehículos que no estaban a su nombre. Por ejemplo, un narco que entregaba un vehículo a un tercero para trafique droga, tenía que realizar una serie de trámites para que el chofer no tuviera inconvenientes. 

Esa diligencia, de alguna manera, podía ser utilizada como evidencia con sólo averiguar en un registro cómo la había obtenido. En la administración de Javier Milei, en un primer momento, se decidió anularla y con sólo presentar la tarjeta verde, un conductor circulaba en orden. En los últimos días hubo un cambio: los argentinos sí deben presentar en los controles una cédula azul, que debe ser gestionada únicamente a través de la aplicación Mi Argentina. Las autoridades creen que esto facilitará el traslado de las camionetas robadas por las rutas del país.