La etapa 2024 del juicio contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, acusado por presuntas anomalías en el manejo de fondos de YMAD, va llegando a su fin, aunque, vale aclarar, las audiencias continuarán incluso más allá de la mitad del próximo año. Es que en una causa muy compleja, donde se preveían más de 100 testigos, aún faltan declarar peritos fundamentales que insumirán más de 20 jornadas para explicar sus informes a los jueces subrogantes Ana Carina Farías, Jorge Basbús (ambos de Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl (de Catamarca).
Ayer fue el turno de dos ex empleados contables de la UNT, Carlos Alberto Elsinger, quien fue jefe de Cuentas Corrientes del Rectorado, y Rodolfo Succar, ex Director General de Presupuesto. Ambos, en líneas generales, explicaron cómo era el movimiento contable que se realizaba una vez que llegaban los dineros provenientes de YMAD, y aseguraron que no vieron anomalías a lo largo de su trabajo.
El principal acusado de la causa es el ex rector Juan Alberto Cerisola, sobre quien pesa la acusación que realizó el fiscal federal Carlos Brito por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas. También se le imputó haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. El corolario de la acusación indica que el dinero recibido era para culminar lo que se denominaba la Ciudad Universitaria en Horco Molle, pero que Cerisola decidió redistribuirlo en obras para la UNT que no tenían que ver con eso. También están siendo juzgados Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (unos U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.
Testigos
Muchos de los testigos que habían sido propuestos para esta etapa del juicio fueron desistidos por los miembros del Ministerio Público Fiscal Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa. Pero las defensas insistieron y es por eso que ayer quienes primero preguntaron fueron Rosa Luz Casen y Silvia Peyracchia, representantes de Cerisola, y luego lo hicieron Víctor Taleb, que defiende a Sacca, y Alfredo Falú, por Olga Cudmani. Así, Elsinger afirmó que había realizado los informes sobre las asignaciones financieras realizadas cuando comenzaron a llegar los fondos de YMAD. “Toda la información se sacó del sistema contable, conocido como Comechingones, donde se volcaban las cuestiones financieras”, dijo. Y explicó que “cuando se recibían los cheques, la tesorera o el tesorero los mandaba a depositar. Los fondos en la cuenta general de la UNT”, y aseguró que todos los movimientos estaban auditados. En cuanto a las inversiones financieras, dijo, solicitaban que pidieran informes a los bancos para la colocación. “Tanto capital como intereses ingresaban a las cuentas de la UNT”, aseveró. Y en ese sentido informó que “las operaciones eran favorables a la UNT. Siempre se buscaban las mejores tasas”.
Succar, por su parte, recordó que “recibíamos la comunicación de que había ingresado cierto monto, que por lo general eran cheques, se incorporaba al presupuesto como recurso propios y se comunicaba a la comisión de hacienda en el Consejo Superior y se daba por aprobada”. Y dijo que “los ingresos que recibimos de YMAD fueron algo que no sucede habitualmente en las universidades. Justamente por eso había auditorías, tanto internas como externas”. Finalmente aseguró que por ley, los fondos que llegaban “eran para bienes de capital, es decir para compra de bienes inmuebles u obras; no, por ejemplo, para pagar sueldos”.
Las audiencias continuarán el próximo lunes 9 de diciembre.