El gobernador Osvaldo Jaldo anunció una medida de fuerte impacto en las políticas alimentarias bajo la órbita provincial, luego del escándalo por el caso de la posible venta de mercadería asignada por Desarrollo Social a una organización barrial.
Acompañado por el titular de esa cartera, Federico Masso, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) expresó que se está trabajando para lograr la implementación -estimada para enero próximo- de una tarjeta que será entregada a los beneficiarios de estas ayudas, que hoy constan de un módulo alimentario de ocho productos.
“Con esto, estamos eliminando todo tipo de intermediación”, indicó el mandatario a la prensa.
Hasta ahora, la estrategia adoptada por el PE para tener alcance en los distintos barrios vulnerables de la provincia se había apoyado en gran parte en las entidades sociales. Pero ese modelo cambiará y se asemejará más al sistema aplicado por el gobierno de Milei, que desde el inicio de su gestión expresó su rechazo hacia los “intermediarios” de las políticas sociales del Estado nacional.
Jaldo destacó que, con esta medida, además se recortarán los pasos burocráticos en las entregas y los controles. Es que la modalidad vigente incluye tanto la firma de remitos por parte de los dirigentes sociales que retiran los módulos alimentarios (previa declaración jurada y la presentación de distinto tipo de documentación), como así también la rúbrica de los destinatarios finales en planillas oficiales, con copia de DNI.
El titular del PE aclaró que, para poder poner en funcionamiento la tarjeta, se confeccionará una base de datos cruzando información de diferentes organismos nacionales y provinciales. “Vamos a tomar todos los recaudos necesarios”, añadió. Y calificó la medida como “una decisión muy fuerte del Gobierno”, en momentos en que los índices de pobreza e indigencia “son muy importantes a nivel provincial y nacional”. “Queremos que este gran esfuerzo financiero, que de ninguna manera es un gasto, sino una inversión, llegue realmente a los beneficiarios”, expresó.
Cómo funcionará
Masso explicó que se venía analizando la idea de una tarjeta que reemplace al sistema de módulos alimentarios. Incluso, afirmó que se habían obtenido experiencias positivas en otras áreas, como la compra de carnes, frutas y verduras en cocinas comunitarias, y también en beneficiarios del Programa de Celiaquía.
Luego, contó que se había contactado con la titular de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, para solicitar el uso de la información de Anses y, junto con los datos disponibles en la provincia, garantizar la entrega de la tarjeta a personas que no perciben beneficios sociales (como AUH o Tarjeta Alimentar) o que no logran cubrir sus necesidades básicas, más allá de contar con alguno de estos servicios. “Estamos hablando de un universo de entre 87.000 y 93.000 tucumanos que venimos ayudando con ese módulo de ocho productos”, añadió.
Masso aclaró que las tarjetas no son para extraer dinero de cajeros, sino para adquirir alimentos de forma directa en supermercados y comercios del rubro. Además, advirtió que “no se podrá comprar bebidas alcohólicas ni artículos de limpieza”.
En cuanto a lugares de uso, señaló que se está dialogando con los representantes del sector alimenticio a fin de tener alcance en toda la provincia. Uno de los ejes de estas conversaciones pasa también por los montos, dado que el PE adquiere hoy mercadería al por mayor, y en góndola los precios suelen ser más elevados. De todos modos, la idea del gobierno es que los beneficiarios puedan adquirir tantos productos como los incluidos hoy en los módulos. Por otro lado, se prevé que las cocinas comunitarias con apoyo estatal -a cargo de entidades como Cáritas- sigan recibiendo alimentos para dar contención.
Por último, Masso explicó que, tras lo sucedido esta semana y hasta que se implemente la nueva tarjeta, las próximas entregas de módulos en sedes de organizaciones sociales serán supervisadas por personal de distintas áreas de Desarrollo Social.