Por Gustavo Rodríguez
27 Noviembre 2024
En los barrios ya le pusieron un nombre: “El Trencito”. Se trata de los operativos que desde hace un año realiza habitualmente la Policía como tarea de prevención. El viernes se hizo uno más que de manera simultánea se desarrolló en el ámbito de las unidades regionales Capital, Norte y Oeste. El saldo del procedimiento fue más de 200 personas aprehendidas y el secuestro de más de 100 motos, entre otros elementos. Pero también generó la reacción de grupos de derechos humanos y abogados que denunciaron excesos de los uniformados. En el medio está la opinión dividida de los vecinos.
“Sólo hay mano dura con la delincuencia”, se apuró en aclarar el jefe de Policía, Joaquín Girvau. “Acabamos de cumplir un año de gestión y desde que asumimos habíamos anunciado que la línea de trabajo sería recuperar la calle. Eso es lo que estamos haciendo y lo que el gobernador (Osvaldo) Jaldo, el ministro de Seguridad (Eugenio) Agüero Gamboa y la sociedad misma nos está pidiendo. Vamos a continuar con esta línea de trabajo”, anunció en una entrevista con LA GACETA.
El titular de la fuerza aclaró cuál es esa línea: “tenemos una oficina que está trabajando diariamente con estadísticas que nos dicen dónde debemos actuar. Con esa información, se organiza un operativo y hacemos tareas de prevención. Esto no es nuevo, lo venimos aplicando y nos está dando buenos resultados como la reducción de más del 30% de los homicidios”.
“También puedo asegurar que no hubo excesos por parte de nuestros hombres. Cada uno de los operativos está encabezado por jefes policiales que controlan al personal”, sostuvo Girvau. “Por supuesto que tenemos el respaldo del gobernador. Es más, nunca antes hubo un mandatario que haya apoyado a la fuerza de manera tan incondicional. Ya sea con la compra de equipos, ascensos y el reconocimiento de los escalafones nos obligan a trabajar más”, sintetizó.
El jefe de Policía reconoció que está al tanto de los planteos y denuncias que se realizaron en los últimos días por el megaoperativo. “Están en todo su derecho, pero estos procedimientos se seguirán haciendo. Vamos a recuperar la calle para la tranquilidad de todos los ciudadanos”, insistió.
Opinión dividida
La opinión de los vecinos está dividida. Por un lado, los que sufrieron la aprehensión de un conocido o el secuestro de algún bien, se quejan del accionar policial. Los que sólo observaron el paso de “El Trencito”, aplaudieron la iniciativa. “No se salvó nadie. Esos procedimientos son muy violentos. Se meten en la casa persiguiendo a algunos, les pegan a los hombres, mujeres y menores. Ni los perros se salvaron”, argumentó María Luisa Herrera, vecina de Villa 9 de Julio. “Están pasados, no quieren que los changos estén parados en las esquinas”, reflexionó la mujer.
“Mi sobrino quiso defender a un amigo que se lo estaba llevando y la cobró de arriba. Tuvimos que ir a buscarlo a la comisaría. Ahí nos enteramos que le habían hecho una contravención. La hermana pagó la multa y lo liberaron rápidamente. Todo esto lo hacen para recaudar”, destacó Fernando Reyes, de Yerba Buena. “Los ‘milicos’ están pasados. Tienen que aflojar la mano porque va a haber problemas en serio”, añadió.
Pero en los mismos barrios se escucharon otras campanas. “Era hora de que hicieran algo así. Hay que acabar con esa costumbre que tienen los jóvenes de juntarse en las esquinas a tomar y a drogarse. Ahí nacen los problemas. Si no se matan, salen a robar porque no tienen plata”, señaló María Luisa Fernández, de San Cayetano.
“En el vecindario siempre se quejaban porque la Policía no venía nunca. Que éramos los eternos olvidados. Ahora que vienen, también se quejan. Aplaudo esta iniciativa porque espantan a los que delinquen”, opinó Juan Carlos Rivadeneira.
El tema es tan polémico que hasta los mismos vecinos discuten entre ellos. “Nadie dice que no vengan, el problema es que vienen un montón y no son precisamente cordiales”, resumió Yaneth Rodríguez. “¿Y cómo deberían venir? Vos sabés que aquí anda dando vuelta cada nene... No pueden llegar y decir chicos, ‘vayan a sus casas’”, le respondió su compañera de mate, Verónica Lamas.
La reacción
Los megaoperativos generaron sus reacciones. Dos abogados presentaron ayer una denuncia penal contra el jefe de Policía y otros comisarios por la actuación del personal policial. (Se informa por separado).
Los Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) dieron dos pasos. El primero fue presentar una queja formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el otro, iniciar una campaña de denuncia en las redes sociales.
“En la presentación ponemos en conocimiento la situación de incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria”, sostuvieron en un comunicado de prensa. “Solicitamos urgentemente que la Comisión requiera al Estado tucumano información sobre estas prácticas y demande su cese, exigiendo el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos”, añadieron.
Después, en Instagram, publicaron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan en cuenta. “No puede haber soluciones demagógicas que provean seguridad para algunos pisoteando los derechos de otros. Una política de seguridad que no respeta derechos fundamentales pone en riesgo a todos los ciudadanos y opera en contra del objetivo que dice tener”, sostuvieron y también presentaron un video titulado “Trencitos eran los de antes”.
En Tribunales: dos abogados denuncian un plan sistemático de violaciones de derechos
La polémica existencia del denominado “El Trencito” tuvo una inesperada consecuencia. “Existe un plan sistemático de violaciones de derechos”, sostuvieron los abogados Carlos Garmendia y Fernando Korstange (miembro de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura) al presentar una denuncia contra el jefe de Policía Joaquín Girveau y Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte.
Según los denunciantes, con este sistema, la Policía genera privaciones ilegales de la libertad de diversos ciudadanos, la falsificación de actuaciones policiales y/o penales para lograr apariencia de legalidad, allanamientos de moradas sin órdenes judiciales, secuestro ilegal de bienes, especialmente motos y de diversos robos perpetrados por la tropa policial.
Garmendia fue el primer abogado que hizo público su repudio al megaoperativo realizado el viernes en distintos puntos de la provincia. “Lo más insólito no sólo es la cantidad de violaciones de derechos que se registran con estos procedimientos, sino que los mismos responsables reconocen públicamente que seguirán haciéndolos todos los días”, finalizó Garmendia que asistió a varios de los detenidos.
La presentación fue realizada ayer en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) que deberá definir qué hacer con el expediente. Si decide continuar, será remitido a otra fiscalía.
Las cifras del último megaoperativo
72 aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad.
131 detenidos por contravenciones
33 demorados por averiguación de antecedentes.
7 detenidos acusados de comercializar drogas.
1 arrestado por una causa de robo.
4 menores fueron demorados y entregados a sus padres.
128 motos secuestradas, dos de ellas mencionadas en causas judiciales.
9 plantas de marihuana decomisadas.
1 pistola calibre 22 secuestrada.
7 bicicletas quedaron en calidad de depósitos.
6 motopartes quedaron secuestradas.
1 garrafa.
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