Por Juan Manuel Montero
27 Noviembre 2024
Se sentó frente a la jueza que preside el Tribunal y literalmente se sacó una carga de encima. Es que el contador Luis Sacca, uno de los imputados en el juicio por presuntos anomalías en el uso de fondos provenientes de YMAD, sostuvo que el único testigo que declaró ayer en la causa lo benefició, dijo la verdad, y demostró que no faltaba dinero.
En la causa, el principal acusado es el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado de administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. Pero además están siendo juzgados Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (unos U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.
A primera hora, ante el Tribunal conformado por Ana Carina Farías (en forma presencial), Jorge Basbús (ambos de Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, declaró el contador y licenciado en Economía, Carlos Castro, miembro de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) quien realizó cinco informes recabando información colectada por quien fue el instructor de la causa, el fiscal federal Carlos Brito. “En el 2013 vinimos a Tucumán, nos reunimos con el fiscal y luego nos llevaron la documentación a una sede e hicimos el análisis”, destacó Castro, vía zoom, desde Buenos Aires. Y recordó el tenor de los informes: “investigué los plazos fijos que hacía la UNT en los bancos, también tenía que comparar los oficios de los bancos, los resúmenes bancarios para ver si estabas correctamente hechos, un análisis de la notas de disposición de fondos, para que los bancos hicieran las operaciones financieras, hice un análisis de la cuenta de recursos de la UNT para ver cómo los cheques de YMAD impactaban en la cuenta; luego un análisis de las utilidades de YMAD, y por último uno sobre el convenio de la finalización de la ciudad universitaria”. “Teníamos notas de bancos indicando los plazos fijos, los datos de las cuentas de la UNT y planillas de los datos de las inversiones temporarias y los resultados. Cruzábamos los datos de lo que el banco indicaba, intentábamos identificarlos, y veiamos capital más interés, cuando se devolvía al banco, y después lo que informaba al banco, y si había diferencias lo anotábamos”, recordó. Y tras aclarar que toda la información les llegaba a pedido de la fiscalía, también advirtió que, justamente, mucha de esa información nunca llegó a su poder. El testigo aclaró que en su investigación encontraron diferencias de dinero, “pero eran por montos muy menores”. “Había pequeñas diferencias”, afirmó. Pero también recordó que, por ejemplo, “había un cheque de 20 millones que había sido cobrado, pero nunca supimos de dónde había salido”. Y finalmente destacó que a ellos no les entregaron ningún informe donde se aseverara que la Ciudad Universitaria había sido concluida.
Sin preguntas
Tras concluir el testimonio de Castro, Sacca, a través de su abogado Víctor Taleb, pidió la palabra para declarar, aunque advirtió que, tal como la ley le permite, no iba a contestar preguntas. Y allí el ex funcionario aseguró que había estado esperando durante mucho tiempo el testimonio del contador de la Procelac. “Nosotros hicimos lo que se conoce como tabla 2, un informe sobre plazos fijos y fideicomisos. En ese momento en la UNT había mucho ruido político. El informe tenía errores, lo cual admitimos, pero que dio lugar a consideraciones erradas. Hubo dos informes de la Procelac que dijeron que había diferencias millonarias, pero el contador Castro acaba de explicar claramente que esto no era así”, aseveró. Y luego, visiblemente contrariado, agregó: “en el 2014 ya se sabía que no faltaba dinero, todos lo sabían. No había ninguna duda de que no faltaba dinero, el fiscal Brito lo sabía, y así y todo decidió imputarme”.
La audiencia continuará hoy con tres testimonios. Seguramente durante diciembre sigan desfilando testigos, pero luego habrá un paréntesis durante la feria judicial. Es que según se supo hay dos peritos, el oficial contador público Daniel Antonio Fontana y el perito oficial, ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, que depondrán, entre ambos, en 20 audiencias consecutivas, y luego lo hará la perita por parte del Ministerio Público Fiscal, Natalia Zárate, por lo que estos testimonios se escucharán en 2025.
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