Un total de 5.530 abogadas y abogados irán a las urnas el jueves para elegir presidente del Colegio de la Capital, además de renovar la mitad de las autoridades y designar a los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. Según informó el Tribunal Electoral, conformado por los letrados Rodolfo Martínez, Carolina Bataglia y Marcela Venecia, se presentaron cuatro listas. Ellas son (en orden alfabético de los postulantes) “Frente Institucional”, con Rodolfo Gilli como candidato a presidente tratando de renovar el cargo, “Bernardo de Monteagudo - Celeste y Blanca”, que postula a Alberto José López Domínguez, “Compromiso Profesional”, representada por Jorge Conrado Martínez y “Mariano Moreno - Alianzas”, liderada por Flaviana Yubrín.
El acto comicial se concretará entre las 8 y las 18 en el Colegio de Abogados, en calle Congreso 450. LA GACETA realizó un cuestionario para los postulantes, con cinco preguntas: 1) ¿Cuáles son sus principales proyectos en caso de acceder a la presidencia?, 2) ¿Qué planes propone para las regulaciones de honorarios que no respetan los mínimos legales?, 3) ¿Cómo evalúa la implementación de las OGA en el fuero civil?, 4) Se dice que el sistema adversarial pone en desventaja a los abogados de litigio frente a los Ministerios (Fiscal y de la Defensa). De compartir esta visión, ¿qué propone para cambiar esa situación?, 5) ¿Cómo será su relación con La Corte y con los otros dos poderes del Estado? Estas fueron sus respuestas:
Rodolfo Gilli:
1) ¿Cuáles son sus principales proyectos en caso de acceder a la presidencia?
Nuestros proyectos son: la reforma de la ley 5480 para elevar los honorarios mínimos legales regulados en juicio. Crear una escuela de ejercicio de la abogacía para acompañar al letrado en su inserción judicial, frente a los nuevos desafíos digitales.
Crear salas de espacio Co-Working.
Crear salas virtuales con conexiones Wi-Fi.
Crear una mesa de ayuda permanente para acompañar al letrado en la capacitación y utilización de la inteligencia artificial.
Reforzar la protección del letrado en su ejercicio profesional con una comisión permanente de defensa activa.
2) ¿Qué planes propone para las regulaciones de honorarios que no respetan los mínimos legales?
Hacer cumplir la ley, interponiendo, de ser necesario, pedido de juicio político ante el incumplimiento de la ley 5480 (perforación de los mínimos legales).
3) ¿Cómo evalúa la implementación de las OGA en el fuero civil?
Aún deficiente, lo que complicó y complica el desarrollo del proceso y el ejercicio profesional (mucho por trabajar y ajustar).
4) Se dice que el sistema adversarial pone en desventaja a los abogados de litigio frente a los Ministerios (Fiscal y de la Defensa). De compartir esta visión, ¿qué propone para cambiar esa situación?
En realidad no es el sistema adversarial lo que pone en desventaja a los abogados que ejercen la profesión en forma liberal, sino la distribución de los recursos, que ignora a la defensa privada. Modificar el artículo 167 del Código Procesal Penal en su párrafo final, donde dice: “Defensa pública” por simplemente Defensa, sin diferenciar, a los efectos de garantizar la igualdad de trato y disponibilidad de recursos.
5) ¿Cómo será su relación con La Corte y con los otros dos poderes del Estado?
Se mantendrá la situación actual, siendo que actualmente con todos los poderes mantengo una buena relación institucional.
Alberto José López Domínguez:
1) ¿Cuáles son sus principales proyectos en caso de acceder a la presidencia?
Mi primer objetivo de gestión va a ser trabajar para que el Colegio recupere la institucionalidad y el sentimiento colectivo de pertenencia. Creo que en el último tiempo, desde la conducción se ha alentado una visión de la realidad con grietas y discusiones grupales o sectoriales. Eso no corresponde, tenemos una profesión en crisis y los abogados debemos tener una voz unívoca, legitimada y muy cercana a las necesidades de los colegas. Hay que continuar con las capacitaciones con certificación académica, con precios accesibles: Acaba de terminar una Escuela de Litigación Oral Penal de muy buen nivel académico, con docentes locales, nacionales e internacionales que se dictó durante todo el año, muy accesible a los bolsillos de los colegas y que hasta le dejó ganancias al Colegio para atender otros gastos operativos, fue un éxito. Está comenzando otra de Litigación Oral Civil que será igualmente valiosa y destacada. Ese modelo, que impusieron en el Consejo Directivo del Colegio los representantes de la lista Monteagudo, nos gustaría generalizarlo para brindar a los colegas una capacitación permanente, accesible y de calidad.
2) ¿Qué planes propone para las regulaciones de honorarios que no respetan los mínimos legales?
Esta es una problemática grave que deja a los colegas librados a su suerte individual. Hay que cambiar el abordaje como un tema colectivo. Vamos a integrar a la Comisión de Ejercicio Profesional (la comisión de Defensa de la Defensa, como le decimos los abogados) con colegas destacados y empezar a generar un diálogo con la Corte Suprema y con el Círculo de Magistrados para que esto no suceda más. Si después de ese tiempo, acotado, de diálogo continúan apareciendo sentencias de este tipo iremos hacia un proceso litigioso en el que el Colegio debe iniciar una acción colectiva cuya sentencia tenga efectos para todos los abogados. Tengo un plan bien pensado. En mi gestión aspiro a solucionar este problema.
3) ¿Cómo evalúa la implementación de las OGA en el fuero civil?
Con muchas dificultades de implementación, quizás porque recién están comenzando. Lamentablemente falta que se dicten normas procedimentales que puedan superar el caos que significa que cada juzgado u oficina de gestión interpreta las nuevas disposiciones procesales como se les ocurre. Debe haber una ventanilla de atención única y urgente porque las incomodidades de los colegas derivan en derechos que se postergan de los justiciables. Estoy de acuerdo con el avance hacia formas procesales que prioricen la inmediatez y celeridad, propias de la oralidad, superando la cosmovisión de los procesos escritos que seguimos desde la colonia. Lamentablemente, hoy no tengo un balance positivo.
4) Se dice que el sistema adversarial pone en desventaja a los abogados de litigio frente a los Ministerios (Fiscal y de la Defensa). De compartir esta visión, ¿qué propone para cambiar esa situación?
La disponibilidad de la gestión probatoria sí pone en desventaja a los colegas frente a los Ministerios que costean con el erario público importantes gabinetes técnicos. Hay colegas muy referenciados que litigan ese fuero que me apoyan y con ellos vamos a iniciar un proceso deliberativo de identificación de necesidades, presupuesto y costeo para que el Colegio pueda ayudarlos a gestionar pruebas técnicas, científicas, forenses e informáticas.
5) ¿Cómo será su relación con La Corte y con los otros dos poderes del Estado?
Muy respetuosa en términos institucionales, pero firme si no hay cambios decisivos en las diferentes aristas de crisis que atraviesa la profesión. La provincia ha adoptado cambios legislativos muy importantes sin escuchar la voz de los abogados, que somos quienes más sabemos de estos temas. Yo no aspiro a ningún cargo público ni asesoría en el Estado. No me interesa la política partidaria y tampoco la magistratura. Estoy orgulloso de la profesión que elegí y que disfruto todos los días. Pienso defenderla con todas mis fuerzas, generando buenos equipos de trabajo y acciones decididas.
Jorge Conrado Martínez
1) ¿Cuáles son sus principales proyectos en caso de acceder a la presidencia?
Agenda única para la actuación de los abogados en diferentes procesos judiciales, el poder judicial es uno solo y debe existir una agenda única.
Oficinas de atención al cliente para jóvenes con matrículas no superior a cinco años, e implementaremos una comisión de apoyo para los jóvenes abogados, donde podrán recibir orientación sobre cómo gestionar reclamos y calcular sus honorarios profesionales.
Solicitaremos al Poder Judicial la creación de una aplicación (app), para que por el medio tecnológico que utilicemos se pueda acceder al SAE y a la Mesa de entradas del Ministerio Publico Fiscal. Esto agilizará nuestra labor.
Mayor transparencia con publicidad de los actos y de la toma de decisiones.
2) ¿Qué planes propone para las regulaciones de honorarios que no respetan los mínimos legales?
Se propone la creación de una comisión de honorarios que se ocupe del seguimiento de todos los casos en los que se falló injustamente sobre el derecho alimentario de los colegas. Tomaremos casos estratégicos para litigar sobre honorarios, para poder sentar jurisprudencia sobre el tema. Es injusta y desigual la relación entre lo que cobra un Magistrado, un funcionario judicial y un abogado que trabaja en una causa o un juicio por 5 años por ejemplo.
3) ¿Cómo evalúa la implementación de las OGA en el fuero civil?
La implementación de las OGA tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto, que se podrían corregir y mejorar. Este sistema aspira a agilizar los trámites judiciales y con eso estamos de acuerdo, como con todas aquellas modificaciones y medidas que tiendan a hacer más eficientes los procesos. Actualmente algunos letrados cuestionan su aplicación en la práctica ya que se han efectuado modificaciones sobre la marcha que generan incertidumbre. Entendemos que los jueces no deben únicamente dictar sentencias, sino que son los directores y ordenadores del proceso. Eso va en línea con la necesidad de acercar la justicia al ciudadano. Que el justiciable conozca desde el primer decreto quién es el juez que va a impartir justicia en su caso es fundamental. Hay que trabajar en conjunto con el poder judicial y con las oficinas pertinentes para que juntos, escuchando la opinión de "los dos lados del mostrador" podamos mejorar estas herramientas, en beneficio de los usuarios del servicio de justicia y de los colegas litigantes.
4) Se dice que el sistema adversarial pone en desventaja a los abogados de litigio frente a los Ministerios (Fiscal y de la Defensa). De compartir esta visión, ¿qué propone para cambiar esa situación?
Sí se comparte esta visión. Estamos hablando de una competencia del Estado en contra del abogado particular, demostrando una asimetría absoluta de armas, herramientas, personal, presupuesto, etc. la implementación de esta política solo para el Estado le quita trabajo al abogado, deberían incluirnos en la posibilidad de utilizar las mismas armas, por lo que se propone que el Estado también incluya a los abogados litigantes en la utilización de todas las herramientas con las que cuenta. Así también deberemos brindar mayor capacitación a los colegas desde el colegio.
5) ¿Cómo será su relación con La Corte y con los otros dos poderes del Estado?
Promoveremos una relación de colaboración con los otros poderes del Estado, basada en el respeto mutuo y el diálogo. Sin embargo, cuando las políticas públicas afecten negativamente el ejercicio profesional de los abogados, actuaremos con firmeza para defender nuestros derechos. Así también resaltaremos el rol de custodio de la legalidad que tiene nuestra institución y su participación en todos los procesos legales y cambios institucionales que afectan y comprenden a los abogados y a la sociedad. Necesitamos mayor presencia y compromiso.
Flaviana Yubrín
¿Cuáles son sus principales proyectos en caso de acceder a la presidencia?
Reactivar la Comisión de Enlace con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; y generar espacios de diálogo y participación con los demás poderes del estado.-
Implementar un sistema de “mentorías” para los nóveles abogados, como medio de acompañamiento en sus inicios en el ejercicio profesional;
Impulsar la creación del “Registro de abogados del niño”
Modernizar y digitalizar todos los procesos en el Colegio, tanto los internos como aquellos que funcionan para el servicio de los colegiados y de la comunidad;
Crear un “Protocolo” para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación, e implementar capacitaciones para empleados, directivos y matriculados;
Brindar a los matriculados capacitaciones permanentes, al menor costo posible, generando convenios de colaboración con otras entidades educativas y profesionales.
2. ¿Qué planes propone para las regulaciones de honorarios que no respetan los mínimos legales?
Abrir el diálogo con todos los actores (Corte Suprema, Asociación de Magistrados y Funcionarios, Colegio de Abogados del Sur); - Reactivar el funcionamiento del Observatorio Permanente de Justicia; - Trabajar a través de la Comisión de Honorarios Profesionales en propuestas concretas que resguarden los intereses de los abogados y su retribución profesional, de modo de asegurar que se respeten las normas expresas contenidas sobre el particular en la Ley 5480 y en los Códigos Procesales de los distintos fueros.
3. ¿Cómo evalúa la implementación de las OGA en el fuero civil?
Creemos que cabe realizar -primero- un análisis pormenorizado y específico sobre cada uno de los fueros, ya que en casos puntuales -como por ejemplo el fuero de Familia, donde la problemática va más allá de lo jurídico; los magistrados han perdido contacto directo con el expediente, lo que parece ser negativo, y poniendo especial énfasis en el seguimiento de cuestiones atinentes a violencia o niñez; creemos que con la división por áreas de decreto se ha despersonalizado el tratamiento del proceso y de los asuntos planteados, en contra de los principios que inspiran los Códigos Procesales muy recientemente sancionados; Así también cabe resaltar el impacto positivo en otros fueros, como Documentos y Locaciones , donde la celeridad y eficiencia son destacables.
4. Se dice que el sistema adversarial pone en desventaja a los abogados de litigio frente a los Ministerios (Fiscal y de la Defensa). ¿Comparte esta visión? ¿Qué propone para cambiar esta situación?
Entendemos que se genera efectivamente una situación de desigualdad frente al proceso, vedada por la Constitución Nacional, como consecuencia de la enorme desigualdad de recursos (en el caso del Ministerio Público Fiscal frente a las defensas particulares), al tiempo que se advierte la existencia de una “competencia desleal” entre los abogados “de pasillo”, que ejercen la profesión de modo libre independiente, frente a casi ilimitada capacidad de recursos por parte de la defensa pública. Creemos que deben generarse las condiciones para que los abogados litigantes, sean querellantes o defensores, puedan ejercer la profesión en igualdad de condiciones frente a los abogados del Estado, garantizando no solamente el libre ejercicio profesional sino también los derechos de los justiciables. Propondremos modificaciones normativas para que el acceso a la defensa pública esté limitado a quienes cumplan con estrictos requisitos de vulnerabilidad. Además, fortaleceremos a los abogados litigantes mediante capacitaciones accesibles y herramientas que mejoren la calidad de sus servicios.
5. ¿Cómo será su relación con la Corte y con los otros dos poderes del Estado?
Nuestra postura será siempre firme en la defensa del estado de derecho, de los intereses de la sociedad y de la inclaudicable defensa y promoción del pleno ejercicio del derecho de los abogados matriculados, proponiendo un diálogo constructivo y el trabajo permanente y conjunto con los tres Poderes del Estado -como los operadores del servicio de Justicia que somos según lo establece la Ley 5233-, a fin de optimizar el servicio y dignificar el ejercicio profesional.