Por Martín Soto
Hace 3 Hs
La jueza del Colegio de Jueces del fuero penal del Poder Judicial de Tucumán, Carolina Ballesteros, deberá defenderse ante el Jurado de Enjuiciamiento para no ser destituida.
Por unanimidad, la comisión de Juicio Político resolvió acusar a la magistrada tras considerar que hay pruebas suficientes en su contra. Había sido acusada por el abogado Mario Leiva Haro de haber desatendido los deberes inherentes a su cargo y de haber evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función.
El legislador Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara) encabezó la reunión de la comisión de Juicio Político, por el vencimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento político (8.198). También estuvieron presentes los oficialistas José Orellana, Mario Leito, Paula Galván, Francisco Serra, Tulio Caponio, Leopoldo Rodríguez, Sara Assan; los alfaristas Rodolfo Ocaranza y Claudio Viña; y el republicano Eduardo Verón Guerra. El único que faltó fue el legislador Aldo Salomón.
Al finalizar el encuentro, que se extendió por una hora y media, Leito dialogó con la prensa y confirmó que resolvieron acusar a la magistrada luego de analizar las acusaciones y los descargos del caso. De todos modos, indicó que los fundamentos de los cargos serán leídos la semana próxima. El acto se llevará a cabo dentro de los dos días hábiles siguientes a que se notifique al Tribunal sobre la acusación (artículo 18).
Más de 8.500 fojas
El legislador evitó dar detalles sobre los argumentos de la acusación contra la magistrada. Sí indicó que dentro de las 24 horas siguientes a la decisión de avanzar con el jury de enjuiciamiento se notificará a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para que aparte a la acusada de su cargo hasta que se esclarezca el caso. “Hay pruebas suficientes de cuatro hechos concretamente. Hay un número importante de testigos. Todo el material a la vista es parte de esta causa”, dijo en alusión a más de 30 cajas plásticas para archivos con 8.500 fojas en su interior.
Según pudo averiguar este diario, la magistrada fue acusada por falta de cumplimiento de la función pública por cuatro cuestiones: un caso judicial con su padre como víctima, en el que se consideró probado que Ballesteros actuó más allá de su rol, con malos tratos y conductas que excedieron a su jerarquía; una acusación del Ministerio Público Fiscal, por haber desafiado al fiscal Carlos Picón y haber tenido expresiones despectivas hacia el fiscal Augusto Zapata; falta de conducta ética, mostrando un comportamiento incompatible con su posición; y denuncias de situaciones de acoso laboral de parte de abogados, fiscales, peritos y empleados bajo su conducción.
¿Cómo sigue el proceso?
El artículo 126 de la Constitución establece que el Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por cinco representantes de la Legislatura, un representante del Poder Ejecutivo (PE), un miembro de la CSJT y un representante de los abogados en ejercicio de la profesión. Durante la rueda de prensa, Leito añadió que en el proceso un representante de la comisión de Juicio Político tendrá un rol similar al de un fiscal, sosteniendo las acusaciones. “Hay un plazo de 30 días para la producción de la prueba para los alegatos”, explicó.
El proceso contra la jueza, sin embargo, podría no prosperar. El artículo 16 de la Ley 8.198 establece que se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren cuando el o la acusada renuncie. “En tal caso, la Comisión de Juicio Político o el Tribunal, según la etapa en que la renuncia hubiera ocurrido, deberán remitir las actuaciones al Poder Judicial, si estimaren que de las mismas surge la comisión de algún delito”, reza el artículo.
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