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Mercadería en Manantial Sur: el caso generó un aluvión de denuncias de situaciones similares en la provincia
La investigación por un caso de violencia de género en el Manantial Sur destapó una posible irregularidad vinculada a la venta de alimentos estatales destinados a programas sociales. Todo comenzó el domingo por la mañana, cuando una mujer denunció agresiones en la comisaría 15. Horas después, una orden judicial permitió allanar la vivienda del acusado, un hombre de 39 años, en la manzana 19, casa 13.
En el domicilio, además de documentos y papeles relacionados con la denuncia inicial, la Policía halló una gran cantidad de alimentos estatales como arroz, aceite y harina, productos que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social y cuya comercialización está prohibida.
Ante la falta de explicaciones del hombre sobre la procedencia de los alimentos, quedó detenido por la causa de violencia de género, mientras avanza otra investigación sobre el posible desvío de estos productos.
Vecinos: hermetismo y sospechas
El hallazgo causó revuelo en la comunidad. Vecinos del área, bajo condición de anonimato, describieron al detenido como un supuesto dirigente político que, durante años, habría recibido camiones con mercadería en su vivienda. Sin embargo, nadie pudo precisar el destino final de esos alimentos.
"Sabíamos que llegaban camiones, pero nunca supimos si los vendía aquí o en otro lado", comentó un vecino. Otro testimonio afirmó que la presencia de los camiones era más frecuente en épocas electorales, lo que alimenta las sospechas de un posible vínculo con prácticas políticas irregulares.
Un comerciante del barrio también señaló que el acusado solía visitar su negocio para comprar alcohol y hablar sobre sus relaciones personales, pero evitó hacer comentarios sobre su posible conexión con la distribución de alimentos.
Declaraciones de autoridades y el mecanismo de distribución
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, defendió el sistema de distribución de mercadería. Explicó que los alimentos se entregan a organizaciones en grandes cantidades, quienes luego los distribuyen en bolsones a los beneficiarios. Estas organizaciones están obligadas a presentar listados de los destinatarios y actas firmadas como constancia de entrega.
No obstante, testimonios recogidos en el barrio indican que el acusado pedía fotocopias de documentos y firmas de planillas, pero que muchas personas nunca recibían los productos. Esto plantea interrogantes sobre cómo se valida la entrega de los alimentos y si existen fallas en los controles internos del ministerio.
Mientras tanto, los alimentos incautados permanecen en la comisaría 15, a la espera de que la justicia determine su destino final.
Investigaciones en curso
El caso generó un aluvión de denuncias de situaciones similares en otras partes de la provincia. Vecinos aseguran haber visto productos estatales siendo vendidos en ferias locales, lo que subraya un posible problema estructural en la distribución de ayudas sociales.
La justicia ahora deberá esclarecer si los testimonios y documentos encontrados en el domicilio del acusado confirman la existencia de una red de desvío y venta ilegal de mercadería estatal.
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