La ruta de la droga en el NOA: el crimen que evidencia la complicidad del poder

En el transcurso de esta semana se conocerá en Salta el fallo de un caso registrado hace dos años que no tuvo demasiadas repercusiones a nivel nacional. Se trata de un crimen que dejó al descubierto la complicidad del poder político con los narcos. Un vínculo que favoreció el crecimiento del tráfico de estupefacientes en la región. Las consecuencias están a la vista: esa provincia es el principal punto de origen del NOA de la droga que es distribuida en todo el país.

El cuerpo de Darío Esteban Monges fue hallado el 3 de septiembre de 2022 en el interior de su vehículo en el barrio El Círculo de la capital salteña. Fue asesinado de cinco disparos en la cabeza. Por el homicidio, terminaron siendo acusados Roberto Catalino Bejarano y sus hijos Santiago Ismael y Roberto David, con historial narco. Hasta las primeras semanas, el caso fue tomado como un ajuste de cuentas. Pero con el correr de los días, las versiones y los indicios fueron alertando que había algo mucho más grave detrás de ese homicidio. Rápidamente, la justicia ordinaria se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia federal. El tiempo fue clave para entender el por qué.

Oficialmente, la víctima era una especie de intermediario en diferentes negocios que le permitían ganarse la vida. En el juicio quedó al descubierto que desarrollaba esa tarea, pero en actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de divisas. En el debate hubo más: habría sido la mano derecha “oculta” del secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz. El hombre no sólo habría puesto la cara por el funcionario para realizar esas actividades ilícitas, sino que lo habría utilizado como cobrador de coimas a los narcos.

Antecedentes

Cruz fue nombrado en el cargo por el actual gobernador Gustavo Sáenz. En diciembre de 2022, cuando su apellido comenzaba a mencionarse en el crimen de Monges, renunció y pasó a ser Secretario de Gobierno de la capital de esa provincia. Pero su paso fue efímero, ya que en septiembre del año pasado terminó siendo nombrado como vocal del Tribunal de Cuentas del municipio capitalino. El viernes, después de las escandalosas revelaciones, renunció.

El 14 de noviembre, los fiscales Mariana Torres y Ramiro Ramos Ossorio pidieron que sea enjuiciado por tráfico de influencias. Según la investigación que realizaron, el funcionario habría facilitado el acceso de Monges a la Unidad Carcelaria de Orán, donde se presentó como asesor del Ministerio de Seguridad para poder reunirse con el interno Alejandro “Cabezón” Díaz, un sicario vinculado al líder narco Cristian “El Gringo” Palavecino. En ese encuentro, la víctima del homicidio le habría solicitado U$S100.000 a Díaz a cambio de favores relacionados con su detención, como traslados y permisos de visita.

Cruz también quedó muy cerca de afrontar otra causa, esta vez en la justicia federal por narcotráfico. En sus alegatos finales por el caso Monges, el fiscal federal lo acusó de haber otorgado permisos de circulación durante la pandemia para que los narcos pudieran transportar drogas por toda la región. “El uso de estos documentos con el fin de traficar es peor que la Fiesta de Olivos”, señaló el investigador, comparando este caso con la reunión que hizo Fabiola Yañez, la ex mujer del ex presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos durante la etapa más dura de la cuarentena.

Similitudes

En Tucumán hubo un caso similar que quedó en la nada. En octubre de 2020, en el puesto de control de Santiago del Estero, una pareja de tucumanos fue detenida por transportar 119 kilos de marihuana hacia nuestra provincia. El escándalo estalló cuando se descubrió que el arrestado Jesús Abel Bustos era empleado del Siprosa y en esos días prestaba servicios en la unidad que debía controlar el ingreso y egreso de personas a la provincia cuando existían severas restricciones de circulación por la pandemia. Mabel Costilla, la otra detenida, dijo que sólo había puesto el auto por pedido de su amigo para tener unos ingresos extras.

Los investigadores sabían que los acusados eran meros transportistas de la droga. Intentaron establecer quién era el verdadero dueño de la carga. Las sospechas apuntaron hacia el gremio de ATSA, pero sus miembros negaron en repetidas oportunidades conocerlo. La madre del acusado, Celia Sánchez, desmintió a los gremialistas con una recordada frase de una entrevista publicada por LA GACETA: “Con mis propias manos y las de mi familia preparamos la comida que se sirvió para la fiesta de fin de año”.

En esta causa hubo un corte oportuno. A través de un juicio abreviado, aceptaron su culpabilidad, recibieron una pena de ocho años que cumplirían bajo la modalidad de arresto domiciliario. La fiscala federal Indiana Garzón presentó el acuerdo y un juez de Santiago del Estero lo terminó convalidando. Con esta salida alternativa se congeló la investigación.

Otro escándalo

Ese acuerdo dejó al descubierto otro expediente mucho más polémico. En mayo de 2019, después de una investigación de más de tres años, el fiscal federal Carlos Brito solicitó autorización para realizar 50 allanamientos en simultáneo para desarticular una organización dedicada al abastecimiento de al menos seis redes de narcomenudeo. Según la pesquisa, el grupo traficaba cocaína desde el norte del país y marihuana desde el Litoral y podría haber utilizado una repartición del Siprosa ubicada en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) como centro de acopio de droga.

En el expediente aparecían mencionados varios empleados que tenían vínculos con el gremio de ATSA. En diciembre de ese año, el juez Daniel Bejas rechazó las solicitudes al considerar que no había pruebas suficientes para llevar adelante esas medidas. Sí dispuso que se profundizara la investigación.

Pero en enero de 2020, los efectivos de la Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal que habían realizado la investigación fueron pasados a retiro o los trasladaron a otros puntos del país. Desde ese día, el grupo que había logrado detener al “Gordo” Rogelio (el transa emblemático de “La Costanera”) y que desarticuló organizaciones importantes como la del ex empleado legislativo Julio César Trayán, la de Mario Pasarín y la de Maximiliano Ruotti, por solo mencionar algunas, nunca más descubrieron una organización narco de importancia.

Los empleados mencionados en la causa fueron cesanteados por haber ingresado de manera irregular al Siprosa y de haber pertenecido a la estructura gremial de ATSA. Los también sospechados Miguel “Liro” Andrade y Walter “Hombre Lobo” Cardozo no pudieron burlar la ley de narcomenudeo, que entró en vigencia el 30 de noviembre de 2022. El primero fue condenado en junio pasado y, el otro, procesado. El tiempo les terminó dando la razón a los pesquisas.