Con duros cuestionamientos a la Provincia, se aprobó la suba de 6.800% para compras directas

Las tensiones entre la oposición y el oficialismo escalaron en el cierre de la sesión legislativa de ayer, cuando se trató el pedido del Poder Ejecutivo (PE) para que se incremente en un 6.800% el tope máximo habilitado para las contrataciones directas en tres reparticiones. A pesar de las explicaciones que brindaron los legisladores que responden a la Casa de Gobierno, hubo un fuerte rechazo -mayormente del radicalismo- y duras críticas hacia el gobernador, a la falta de transparencia y a la escasa planificación.

El miembro informante y titular de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio, explicó que el PE solicitó una actualización de los importes que se habían autorizado por DNU en 2018 (Ley 9.470) para la compras directas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), en la Dirección Provincial del Agua (DPA) y en la de Materiales y Construcciones Escolares. De ese modo pasaría de los actuales $ 850.000 a $ 59 millones (una suba porcentual superior al 6.800%). “Es una necesidad, principalmente para Construcciones Escolares porque entramos en un periodo en que deben empezar a reparar los establecimientos. Acondicionar esos edificios tienen montos que escapan muchas veces de nuestra imaginación”, indicó.

El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, explicó que hicieron una verificación de los montos que plasmaron en el proyecto el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur. Explicó que para la actualización tomaron el índice que elabora la cartera que conduce el ex titular de la DPV para la redeterminación de obras. “Me interesaba saber bajo qué razonabilidad estaba puesto ese número (en alusión a los $59 millones), y la razonabilidad era en base del índice oficial de la Provincia”, dijo. Indicó que hasta $5,9 millones podrá haber una contratación directa, mientras que a partir de ese monto se deberán cotejar los precios con tres presupuestos.

“Hacen uso y abuso”

Las explicaciones no conformaron a la oposición, que arremetió con dureza contra la Casa de Gobierno. “Lo escucho al gobernador que habla de transparencia, de acceso a la información y de todo lo que quiere, pero lo que firma es exactamente lo contrario. Dice una cosa con la boca y hace otra con la mano”, disparó Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán). Recordó que la DAU estuvo envuelta en un escándalo en la década pasada. “Por compra directa hacen uso y abuso; hagamos que sea por licitación para que la compra sea por el mejor costo. Cumplamos la Ley de Obra Pública (5.854) para que se planifique, se controle, se ejecute y se asegure la transparencia, la eficiencia y la calidad”, expuso.

El yerbabuenense Manuel Courel dijo que los índices que se tomaron para la actualización no son los correctos. “Están totalmente sobrevaluados. Están tomando un índice de 2018, que fue cuando la ley originariamente se dictó. Se tendría que haber tomado la actualización de 2021, cuando se modificó la ley”, expuso. Agregó que con lo que ocurre en el canal Caínzo queda claro que no hay proyectos ni nada.

Ante las críticas, Caponio dijo que el Legislativo debe brindar las herramientas necesarias al PE para que pueda ejecutar las obras necesarias. “Si hay alguna duda de transparencia o de mal gasto de estos fondos, recurran a los entes para hacer las denuncias respectivas”, desafió.

Dentro del bloque Compromiso Tucumán hubo posturas dispares. Rolando “Tano” Alfaro, que apoyó la medida, reconoció que los montos están desfasados y que hoy no alcanzan ni para dos tachos de pintura. Walter Berarducci, por su parte, dijo que falta planificación más que discutir montos. “Si se necesita obviar la Constitución y la Ley de Obras Públicas para pintar una escuela el año que viene habla de un déficit del director y de quién lo ha designado. Eso es lo grave: no estamos planificando nada”, lanzó.

El radical Agustín Romano Norri (Evolución Radical), en tanto, comparó que los $60 millones representan una vivienda social. “La transparencia se habla para afuera, pero vemos que cada vez son más las herramientas para la discrecionalidad, para enturbiar los procedimientos. Esto es totalmente excesivo”, lanzó. También hizo constar su voto en contra José Cano.