Un duro revés judicial sufrió Sergio Urribarri. La jueza de garantías Carola Bacalluzzo rechazó un habeas corpus que había presentado la defensa del ex gobernador de Entre Ríos y continuará detenido en la causa por corrupción en que había sido condenado en 2022.
"El habeas corpus debe ser rechazado ya que no se verifica ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 32 de la ley 8369", explicó la magistrada.
La Justicia había detenido el martes al ex mandatario provincial. La decisión se dio luego del fallo de la Cámara de Casación de Entre Ríos que dispuso la prisión preventiva inmediata en la causa por corrupción en que había sido condenado en el 2022, tras una investigación de la ex fiscal Cecilia Goyeneche.
La resolución está firmada en forma unánime por los vocales de la Cámara de Casación de Paraná, las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión preventiva había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, dijeron, "fundada particularmente en el riesgo serio de fuga".
Para los fiscales "también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero".
La causa por la que Sergio Urribarri fue detenido
Se trata del primer gobernador de Entre Ríos condenado y con prisión preventiva desde la restauración de la democracia, en 1983.
En abril de 2022 Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
La megacausa por la que fue condenado, en 2022, condensaba cinco causas por diversos hechos de corrupción durante los dos mandatos que tuvo como gobernador, desde 2007 hasta 2015.