Suben el tope para evitar licitaciones en tres organismos de Tucumán: pasa de $ 850.000 a $ 59 millones

Tres reparticiones del Estado gozarán de un mayor margen de maniobra para encarar obras públicas, en caso de que la Legislatura apruebe hoy un proyecto de ley enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La semana pasada, el mandatario y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, enviaron a la Cámara una iniciativa por la que disponen un incremento en el tope máximo habilitado para las contrataciones directas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), en la Dirección Provincial del Agua (DPA) y en la de Materiales y Construcciones Escolares.

El proyecto precisa que esos tres organismos podrán pagar mano de obra y adquirir materiales e insumos sin licitación pública por hasta $ 59 millones, con la condición de efectuar concursos de precios previos con al menos tres proveedores. Ese valor había sido actualizado por última vez en marzo de 2018 y se había fijado en $ 850.000, cuando el entonces gobernador Juan Manzur prácticamente triplicó, vía decreto, el límite para compras directas (había pasado de $ 300.000 a $ 850.000). En esta oportunidad, el porcentual de la suba impulsada por el Gobierno supera el 6.800%, si se compara el salto del tope de $ 850.000 a $ 59 millones.

Aunque aquella vez el ahora senador Manzur se inclinó por dar el incremento mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (N° 113 (ME) del 26 de marzo de 2018), Jaldo ahora se inclinó por la sanción de una ley. Esto, en la lógica política, implica que la Legislatura deberá pronunciarse sobre la propuesta oficial. Ocurre que un DNU puede ser aprobado de manera ficta si es que no es rechazado por el cuerpo legislativo en los 20 días hábiles posteriores a su recepción.

El texto remitido por Jaldo obtuvo el martes dictamen favorable en la comisión de Obras Públicas y hoy en la de Hacienda, por lo que figura en el Orden del Día para ser debatido en la sesión de hoy. Formalmente, el proyecto permite a esas tres reparticiones aferrarse a las excepciones previstas en las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera para las obras y/o trabajos que se realizarán por administración como así también a través de la contratación con terceros. “El espíritu es resolver en forma inmediata y eficaz obras de reconocida urgencia que requieran pronta solución, lo que implica un servicio esencial a lacomunidad, y por ende una pronta acción por parte del Estado, generando mejoras significativas en la calidad de los sectores comunitarios involucrados”, se fundamentó.

Se advierte además que los montos vigentes ($ 850.000) han quedado desactualizados como consecuencia del proceso inflacionario y “se hace indispensable contar de inmediato con un instrumento legal que permita agilizar la adquisición de insumos y ejecución de obras por administración o por terceros”.

En paralelo, el proyecto dispone un aumento del monto indicado para que esas tres reparticiones eviten el concurso de precios cuando el presupuesto de la obra o la adquisición de insumos no supere los $5,9 millones.

Lo que dice la ley

En Tucumán, la Constitución dispone que las compras del Estado deben ser efectuadas por licitación pública, “salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales reclamadas por el bien público”. En tanto, a fines de 2007 la Legislatura sancionó la ley 7.960, que habilitó las compras directas -y las excepciones previstas por las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera- para obras públicas urgentes y prioritarias que no superaran los $150.000.  En 2016, Manzur sustituyó la ley por un DNU, y en 2018 volvió a elevar el tope. Ahora, Jaldo busca que los montos sean definidos mediante una ley.