Una unidad ejecutora quedaría a cargo del Procrear II de Tucumán

El Gobierno provincial dio inicio a las tratativas con los empresarios contratados para la construcción del barrio Procrear II, a la vez que sostiene las gestiones ante la Nación por la transferencia del predio de 100 hectáreas ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

En la Casa de Gobierno, los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Marcelo Nazur (Obras Públicas y Servicios) recibieron a la comitiva de la Cámara Tucumana de la Construcción(CTC), encabezada por Jorge Garber, para analizar el estado de situación del proyecto y comenzar a fijar las pautas con miras a reinicio de los trabajos, que están paralizados hace un año por falta de fondos.

Con la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de que ejecución del megabarrio corra por cuenta del erario provincial, el Poder Ejecutivo (PE) debe diseñar una estrategia que permita llevar adelante una inversión estimada en hasta $140.000 millones, teniendo en cuenta la intención de respetar los lineamientos generales de un emprendimiento que prevé más de 3.000 viviendas y la infraestructura para servicios esenciales.

En esa línea, se acordó una nueva audiencia para este miércoles entre los funcionarios asignados por el gobernador y los miembros de la CTC. La idea es que los empresarios acerquen toda la documentación y las características del proyecto original, que había sido anunciado en noviembre de 2022 con un plazo de 18 meses para su finalización. En informes anteriores, las constructoras habían reportado al gobierno un avance promedio del 15%. Con los expedientes, los planos y demás datos que aporten las empresas, el PE estará en condiciones de definir cuándo y cómo se retomarán las tareas en el predio.

Una de las posibilidades que manejan en el PE es que se establezca un equipo de trabajo específico que se aboque al Procrear II, al estilo de una unidad ejecutora, que estaría integrada por representantes de distintas áreas con competencia en el proyecto; en especial, Economía y Obras Públicas (en principio, según fuentes oficiales, no está prevista la participación del Instituto Provincial de la Vivienda). 

Al margen de las ideas que se barajan (por ejemplo, que el barrio se construya en tres etapas, lo que aliviaría el impacto presupuestario de la obra), las definiciones de fondo serán adoptadas por el gobernador.

De todos modos, la unidad ejecutora tendrá un rol clave, dado que tendrá la misión de elevar la versión definitiva del proyecto habitacional.

Uno de los interrogantes gira en torno a si se mantendrán las características de las edificaciones y los materiales fijados en la memoria descriptiva. Además, no se descarta que se proponga un nuevo nombre para el emprendimiento, que pasaría a ser el ex Procrear II.

En paralelo, el Gobierno provincial busca sellar la tenencia legal del inmueble. Es que la carta de intención firmada la semana pasada por el ministro Abad y por el secretario de Vivienda de la Nación, Rodrigo Aybar, representa un primer paso de cara a la provincialización del barrio. Pero, por caso, todavía resta que se dicte la reglamentación sobre el decreto 1.018/24, a través del cual Milei eliminó el fondo fiduciario del Plan Procrear, un programa habitacional creado por el kirchnerismo y relanzado por Alberto Fernández.

Si bien Tucumán picó en punta respecto a la provincialización de los inmuebles -fue el primer distrito del país en asegurarse el proyecto-, todavía resta que se concreten pasos administrativos de rigor, como la tasación formal del terreno -más allá de que no implique desembolso alguno para el erario tucumano- y el registro catastral en favor del Superior Gobierno de la Provincia.

Por ello, las próximas tratativas que llevará a cabo la gestión de Jaldo -a través del ministro Abad- ante la Nación apuntarán a buscar una figura, aunque sea provisoria, que permita estar en condiciones de reiniciar los trabajos en el predio de avenidas Manantial Sur y Coronel Zelaya.

Por lo pronto, el PE se está ocupando de la vigilancia de los espacios abiertos, mientras que las 18 empresas a cargo del proyecto custodian los obradores de cada sector. El Ministerio de Seguridad diseñó un plan de recorridos, en base a los planos aportados por la CTC. Días atrás, las empresas habían decidido abandonar el lugar, pero con el reimpulso del proyecto, dieron marcha atrás con su postura.