19 Noviembre 2024
Aerolineas Argentinas
En medio del conflicto todavía con los gremios aeronáuticos, el Gobierno derogó una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional a contratar los servicios de Aerolíneas Argentinas.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1017/2024, refleja un cambio significativo en las políticas de contratación del Estado argentino, alineándose con iniciativas recientes destinadas a fomentar la competencia en el sector y eliminar privilegios legales para empresas estatales.
Desde la promulgación del decreto 1191/2012, los organismos públicos estaban obligados a contratar vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas o su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales. Este esquema buscaba beneficiar a empresas en las que el Estado era accionista. Sin embargo, el nuevo decreto 747/2024 anula esa normativa, en sintonía con el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales a compañías estatales.
Además, se eliminó la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con estas contrataciones exclusivas. Con esta modificación, el Gobierno apuesta por una política de "competencia abierta" que permite a los organismos públicos optar por proveedores en función de criterios económicos y operativos, sin restricciones vinculadas a la titularidad estatal.
Desregulación del mercado
Con estas medidas no solo se busca aliviar las finanzas públicas, sino que también se refleja una visión distinta sobre el rol del Estado en el mercado. Al eliminarse las preferencias obligatorias hacia empresas estatales, el Gobierno abre un espacio para que otros actores compitan en igualdad de condiciones, redefiniendo el esquema tradicional de contratación en la administración pública.
Aunque esta medida genera tensiones con los gremios aeronáuticos y sectores vinculados a Aerolíneas Argentinas, desde el Ejecutivo sostienen que “el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, asegurando la mayor eficiencia posible en cada contratación”.
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