Esta será una semana decisiva para el devenir fiscal del sector público. El proyecto de Presupuesto nacional 2025 entró en una zona de definiciones y se espera que el jueves ingrese al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Antes, el martes, el presidente de la comisión de Hacienda, el economista libertario José Luis Espert, deberá demostrar la muñeca política suficiente para que la iniciativa sea avalada por la mayoría de sus pares. Si todo sale a pedir de la Casa Rosada, entre el 11 y el 12 de diciembre, el proyecto sería tratado en el Senado. De esa manera, el presidente, Javier Milei, iniciaría el año electoral con el cálculo de gastos y de ingresos anuales para aplicarlo desde el primer día de 2025.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2025 propone mantener el ajuste fiscal que se viene aplicando en 2024, advierte la Fundación Mediterránea. La principal novedad es que introduce una regla fiscal tal que, si hubiese un desvío negativo respecto a la proyección de ingresos, se deberán reducir los gastos que no tengan actualización automática, a los fines de preservar el equilibrio. Además de algunos cambios puntuales, sería deseable aprovechar la ley de presupuesto para avanzar en la instrumentación de las reformas listadas en el Acta de Mayo, sugiere la entidad. Ese acuerdo fue rubricado el 9 de julio pasado en Tucumán, avalado por Milei y por los gobernadores. Se trata de 10 acciones que deben cumplirse a rajatabla: la inviolabilidad de la propiedad privada: el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI); una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo forma; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
Paralelamente, los gobernadores tienen previsto reunirse esta semana en Buenos Aires para tratar de coordinar la redacción de un documento que implique un compromiso formal de la Casa Rosada para girar más fondos, financiar obra pública y contribuir a las cajas previsionales no transferidas. El temor de los mandatarios provinciales es quedar entrampados en restricciones presupuestarias en medio de un año de elecciones. El ajuste en tiempos electorales es un mal síntoma para el humor de la sociedad y para la renovación del crédito de los votantes hacia los gobernantes. Eso es lo que propone la regla fiscal del proyecto que el ministro de Economía, Luis Caputo, elevó al Congreso, en septiembre pasado: bajar el gasto público en la misma medida que decrecen los ingresos, si se da este escenario.
Ajuste inédito
Para un país con crónicos déficits fiscales y luego de haber aplicado un inédito ajuste en 2024, resulta pertinente darle continuidad a este proceso de saneamiento en las finanzas públicas, plasmando legalmente que cualesquiera sean las circunstancias, el equilibrio fiscal se mantendrá en el futuro próximo, señala un reporte de la Fundación Mediterránea. “Se trata de una regla rígida pero necesaria para un país que perdió la credibilidad en materia fiscal y monetaria y, asociado a ello, no tiene acceso a los mercados internaciones de crédito. No obstante, sería deseable que una vez consolidada la baja de la tasa de inflación y el equilibrio fiscal y se recomponga la confianza y esto se refleje en un reingreso a los mercados voluntarios de deuda, se perfeccione la regla tomando como referencia una perspectiva temporal más larga”, explica.
Esto es, que el equilibrio fiscal resulte una meta intertemporal, de modo que dé lugar a la posibilidad de realizar una política fiscal que ayude a suavizar los ciclos económicos. Por otra parte, en el mensaje que el Presidente envió junto con la iniciativa se aclaró que, si se diera la hipótesis inversa, es decir que los ingresos superan las proyecciones incluidas en el presupuesto, el excedente será usado para cancelar deudas (si se consideran que es una situación transitoria) o bajar impuestos (si responde a factores estructurales). “Resulta pertinente no haber incluido esta regla en el articulado de la ley sino como una manifestación de intenciones respecto a sostener la prudencia fiscal, ya que no siempre será deseable ni posible aplicarla”, puntualiza la entidad con sede en Córdoba.
Debate en la Cámara Baja: en busca de un consenso para avanzar con el proyecto oficial
La falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas podrían frustrar esta semana la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto Nacional 2025, que la Libertad Avanza tenía previsto sancionar el jueves. Si no se logra un consenso el Gobierno volverá a prorrogar el Presupuesto 2023 que fue votado en diciembre de 2022, a instancias del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, quien luego se postuló a la presidencia y perdió en segunda vuelta electoral.
Los gobernadores dialoguistas son los más preocupados por esta situación porque volverán depender de la distribución de partidas discrecional que haga el Gobierno Nacional.
A dos días de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el martes a las 15, el oficialismo, los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Innovación Federal, y Encuentro Federal y los gobernadores de JXC y provinciales mantienen sus discrepancias sobre la ley de gastos y recursos.
El oficialismo aún conserva su objetivo de que si alcanza un acuerdo con los bloques dialoguistas pueda tratar el Presupuesto en una sesión especial del próximo jueves.
En caso de persistir el desacuerdo Unión por la Patria puede conseguir el dictamen de mayoría, mientras que Encuentro Federal presentará un despacho de minoría diseñado por Nicolás Massot, y el oficialismo el propio. Si existe un corte total de las negociaciones del Gobierno con los gobernadores nadie descarta que la UCR y el PRO adhieran a la propuesta de Massot, que mantiene el equilibrio fiscal eliminando gastos tributarios, aumenta las partidas de jubilaciones y Universidades e incorpora las demandas de las provincias.
Las trabas: el planteo de la mayoría de las provincias
Fuentes parlamentarias señalaron que las negociaciones por el Presupuesto Nacional 2025 “están totalmente trabadas” porque el Gobierno rechaza los cinco puntos pedidos por los gobernadores. Solicitan más fondos por coparticipación ya que piden incorporar a la masa coparticipable la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país. Se trata del 2,55% del Impuestos a los Combustibles destinado a la compensación para el transporte y obras públicas, que el oficialismo señala que se utilizará para otro destino dentro de la misma área. Tampoco el Gobierno aceptó sumar a la masa coparticipable un porcentaje del 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP y distribuir el excedente de los ATN que no se utilizaron.