La inseguridad en el campo

A la preocupación de los productores agropecuarios de la región ante la alarmante ola de robos y hechos de inseguridad en el campo expresada en octubre pasado se añade ahora el planteo que han realizado ante autoridades de la Nación para poner freno a la avanzada del narcotráfico en las zonas rurales. Entonces se decía que el robo a galpones había alcanzado niveles insostenibles y ahora agregan que el notorio crecimiento del narcotráfico -que ya afecta hasta a los pueblos más pequeños- “agrava el incremento de delitos tanto por el consumo como por el movimiento de dinero que conlleva”.

Los productores dijeron que los delitos día a día se incrementan y mutan en sus distintas modalidades, “lo que impacta en las producciones, en la pertenencia y falta de arraigo. Esta falta de seguridad da como resultado que cada vez se hace más difícil contar con personal dispuesto a residir en los lugares de trabajo”. Señalaron que son permanentes los robos de agroquímicos, insumos agrícolas, maquinarias y autopartes de las mismas, subestaciones transformadoras de energía, tendidos de cables, estaciones de bombeo, equipos de riego, plantines de cítricos y robo de limones y paltas, entre otros.

En octubre se explicaba que la sofisticación de los robos también había aumentado. “Los ladrones no sólo burlan alarmas y cámaras de seguridad, sino que ahora emplean tácticas más avanzadas, como dopar a los perros guardianes, lo que dificulta aún más la protección de los bienes agrícolas”, dijeron.

A esta situación se añadieron otros problemas, como las usurpaciones y ocupaciones. “Debe existir celeridad en las actuaciones tanto policiales como judiciales para lograr urgentemente la restitución del bien a su legítimo propietario o tenedor según corresponda. Aconsejamos prohibir a las empresas de servicios tanto de electricidad, agua etc., brindar los mismos ante situaciones de conflictividad e informalidad”, señalaron los ruralistas en el documento.

También advirtieron sobre la necesidad de respuestas de la Justicia. “Muchas de las denuncias son archivadas bajo el pretexto de ‘economía procesal’, lo que impide el avance de las investigaciones”, señalaban. “En los últimos meses, la situación se ha agravado con la expansión de las bandas delictivas a provincias vecinas como Santiago del Estero, lo que suma un nuevo nivel de complejidad.

Las autoridades policiales locales se encuentran impedidas de intervenir fuera de su jurisdicción y, a pesar de las solicitudes de colaboración, los exhortos para que la justicia de la vecina provincia actúe nunca se concretan. Esto ha permitido que los delincuentes sigan operando con total impunidad”, destacaron. Uno de sus pedidos es la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales.

Se ha destacado la decisión del Gobierno de lanzar el “Operativo Lapacho”, que está extendiendo sus tareas, y el hecho de que se ha creado una Mesa de Seguridad Productiva en Delitos Rurales, así como el aumento de efectivos de seguridad y vehículos para las zonas rurales.

Ahora, a propósito del problema del tráfico de estupefacientes, el secretario de lucha contra el Narcotráfico ha dicho además que buscarán reunirse con los productores parta fijar un plan en conjunto.

Como se ve, se trata de un problema complejo que va creciendo más rápido que las respuestas que se han alcanzado a brindar. Corresponde que además de la tarea de la Mesa de Seguridad Productiva (que abarca el país) se logre un involucramiento de las diferentes áreas que pueden estar relacionadas, como delegaciones comunales y municipales, además de las policiales y judiciales.