Juicio a Yapura Astorga: un abogado involucró a Alperovich en el armado de la causa

“Negociaciones incompatibles con la Función pública (en interés propio), Administración Fraudulenta por fraude a la Administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público todo ello en concurso ideal, y autor del delito de Enriquecimiento ilícito en concurso real, en perjuicio de la administración pública”. Todos delitos que tienen un punto en común: la cuestión política. Es que desde el primer momento, cuando se inició la investigación contra el hoy ex intendente de Tafí del Valle y ex legislador Manuel Jorge Yapura Astorga y a funcionarios que lo acompañaron en su función entre 2011 y 2015, se habló de motivaciones políticas, más allá de lo que los investigadores lograron colectar como pruebas para sostener la acusación. Sin embargo no fue hasta hoy, cuando se escuchó el último de los alegatos, que la política se hizo presente de manera más fuerte. Es que Sebastián Herrera Prieto, quien defiende a Sonia del Carmen Saavedra, ex secretaria de Gobierno, afirmó durante su alocución que toda la causa tenía un sólo responsable: el ex gobernador José Alperovich.

Herrera Prieto comenzó adhiriendo al pedido del otro defensor, Macario Santamarina, de que todos los imputados fueran absueltos. Y justificó lo sucedido: “el derecho penal no se aplica a cualquier circunstancia. Hay cosas moralmente cuestionables pero no tienen castigo penal. Hay cosas que están mal y no son delito”. Así se refirió al punto central del juicio: es que el ex intendente fue imputado luego de la denuncia de Sebastián Luna y de Daniel Arnedo, afirmaron que Yapura Astorga hizo compras en forma directa en el comercio Floppy III, propiedad de su ex concubina, Nerina Mustafá, y su patrimonio registró un enriquecimiento injustificado de $ 3,1 millones en 2015. Por eso fueron acusados además del ex intendente, de Mustafá y de Saavedra, el hijo de Yapura, Jorge; Sergio Astorga, abogado y director jurídico municipal en 2015; Julio Mercado, entonces contador general de la Municipalidad; Olayo Medina, entonces tesorero general; y Patricio Silva, entonces jefe de compras. “El centro de atención de este caso puede estar mal. Está mal que se haya comprado la mercadería en el negocio de su pareja pero de ahí, a que esté mal, a que sea delito hay un salto enorme, a que pretendan mandarlo a la cárcel hay un abismo”, refirió Herrera Prieto quien aseguró que “por casos como estos es que el proceso penal se rodea de garantías”. Y agregó: “El derecho político tiene delitos muchas veces mal usados para perjudicar al rival. No solo es usado por el adversario político. Lo denuncio al otro para que me elijan a mí”. Y a partir de allí se encargó de involucrar directamente a Alperovich en la causa. “¿Por qué nadie se pregunta de dónde viene esta causa? Este gabinete municipal con Yapura Astorga a la cabeza le.dijo al ex gobernador de la provincia ‘ese hotel que usted quiere construir en Tafí del Valle no cumple los requisitos y no se puede hacer’. A partir de lo sucedido en (el boliche) Cromañón, se sabe que lo que pase en una ciudad va a repercutir en el intendente. En Tucumán Yapura Astorga dijo que el hotel no se podía construir, que estaba fuera de las normas, pero en ese entonces no se le podía decir que no al todopoderoso gobernador”, analizó. Y luego arremetió contra la investigación judicial: “Quien instruyó esta causa, quien fue el que hizo la investigación jurisdiccional fue el juez Mario Velazquez, nombrado a dedo por Alperovich. Alperovich puso a 10 jueces que le obedecían a él. La única investigación jurisdiccional que se hizo en la historia del Centro Judicial de Monteros fue esta. Estamos acá porque el intendente compraba mercadería. No porque se quedaba con plata. Aquí no hay delito”.

Uno de los puntos más fuertes de la acusación es el testimonio de Patricia Ladetto, la contadora que realizó la investigación designada por la Corte a pedido del juez Velázquez, cuando se inició la causa. “¿Quién va a juzgar a la contadora Ladetto por lo que hizo? - se preguntó Herrera Prieto durante el alegato- A ella le paga el sueldo la Corte, la misma Corte que tiene tres integrantes puestos por Alperovich, a quien le deben favores”. “Si quieren buscar van a encontrar pero eso no significa delito”, analizó el defensor. Y se explayó: “No se puede forzar al derecho. Aquí se debe reconocer que la causa se inició luego de que Alperovich no pudo construir su hotel, o vaya una a saber de quién era. Hoy lo están por derrumbar ya que no cumple con las normativas. No podemos dejar de tener en cuenta esas circunstancias en esta causa. Aquí los testigos vinieron y dijeron la verdad. Lo que se compraba de mercadería se le daba a la gente. Nadie se hizo rico con esto”.

“Tenemos el concepto de que los políticos hacen plata cuando se hacen políticos.  Y no siempre es así. Se cree que el político es ladrón por haberse comprado un vehículo.  Y no es así. Hoy Arnedo, el denunciante, es funcionario y le compra al mismo supermercado en el que él trabaja”, relaciono. Según él, “a la AFIP ni le molesta quién es Yapura Astorga, porque no delinquió. Todo lo que él hizo fue confirmado por unanimidad por el Concejo Deliberante. Si nos ponemos a ver, no está tan mal que le hayan comprado a un comercio que era el único que le quería vender”, Y finalmente volvió sobre el pedido de pena contra Saavedra, su clienta, para quien la fiscalía solicitó tres años de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años. “Quieren que se condene a una docente que es una laburante, que es una trabajadora. Una inhabilitación la quiebra en dos, y es por eso que yo voy a pedir su absolución”, cerró.

Tras esto, los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica determinaron que el próximo miércoles, desde las 9, se escucharán las últimas palabras de los imputados y luego se conocerá la sentencia.

Los pedidos de las partes

Durante sus alegatos, los fiscales Daniel Marranzino, Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño pidieron cinco años y seis meses de prisión efectiva para el ex intendente Manuel Jorge Yapura Astorga, más la pena de inhabilitación especial perpetua, más una multa, más el decomiso de una serie de bienes adquiridos. Para Nerina Mustafá solicitaron cuatro años de prisión. Para Jorge Eduardo Yapura Astorga requirieron tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Y para Juan Ramón Silva, Oscar Olayo Medina, Sergio Andrés Astorga Lagoria, Sonia Saavedra y Julio Antonio Mercado pidieron tres años de prisión condicional. Los defensores Macario Santamarina y Sebastián Herrera Prieto solicitaron la absolución de todos.