Con el objetivo de ordenar y garantizar el servicio de justicia, legisladores del oficialismo impulsan modificaciones en la ley que crea el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Entre otras cosas, proponen que se establezca un tiempo mínimo para que un juez u otros funcionarios judiciales permanezcan en el cargo antes de inscribirse a un nuevo concurso. Sostienen que la rotación constante de magistrados genera discontinuidad en los procesos judiciales, lo que afecta la celeridad y la eficacia de la administración de justicia.
Las iniciativas fueron presentadas por Carolina Vargas Aignasse y Mario Leito, pero aún no cuentan con dictamen para llegar al recinto. Deben ser tratadas por la comisión de asuntos Constitucionales e Institucionales que lidera Javier Noguera. De obtener aval, habría un compromiso de parte de la Presidencia para que el tema forme parte del orden día de la próxima sesión.
Los parlamentarios del bloque Justicialista impulsan en las iniciativas que se reforme la Ley 8.197 y sus modificatorias. La ex ministra de Gobierno y Justicia propuso en un proyecto de 2023 que se reemplace el artículo 16 bis, para que se establezca que la designación del candidato por parte del Poder Ejecutivo produzca la desvinculación automática del nombrado en otros concursos en el momento de jurar y tomar posesión del cargo. Además, propone un plazo de tres años para que el designado pueda inscribirse en nuevos concursos.
La parlamentaria fundamentó que así como se dictan leyes para disponer la creación de cargo para garantizar el servicio de justicia, también es necesario dictar instrumentos que permitan implementar la cobertura de esas vacantes con trámites ágiles, evitando demoras injustificadas, la innecesaria reiteración de procedimientos formales y el gasto innecesario en la tramitación de concursos que cubren vacantes por breves períodos de tiempo. Consignó, por último, que la modificación propuesta tiene como antecedente inmediato el reglamento de concursos del Poder Judicial de la Nación, que demostró ser una herramienta útil en la cobertura de vacantes.
Justificación económica
Leito, por su parte, pretende en su proyecto que luego que el postulante tome posesión de su cargo deba aguardar un plazo de cuatro años para poder inscribirse en nuevos concursos. Sin embargo, esta condición no se aplicará en caso de que exista una renuncia al cargo. “La rotación constante de jueces genera discontinuidad en los procesos judiciales, afectando la celeridad y la eficacia en la administración de justicia. La permanencia de los jueces en sus cargos durante un período razonable permite que se familiaricen con los casos, los equipos de trabajo y las particularidades del juzgado, optimizando así el funcionamiento de las instituciones judiciales”, expuso en los argumentos.
El legislador remarcó en el texto que es un problema recurrente la vacancia de jueces debido a concursos frecuentes para posiciones superiores, motivados en muchos casos por mejores remuneraciones. “Esta situación ralentiza el sistema judicial, ya que los juzgados sin jueces titulares requieren subrogancias que acumulan retrasos significativos en la resolución de casos. Al reducir la frecuencia de estos cambios, se contribuirá a una justicia más rápida y eficiente, mejorando la percepción y la confianza pública en el sistema judicial”, expuso.
“La propuesta de ley que presentamos es económicamente justificable debido a los altos costos asociados con la organización de concursos públicos de antecedentes y oposición. Al reducir la frecuencia de estos concursos, se optimizan los recursos financieros y humanos, se mejora la eficiencia operativa del sistema judicial y se asegura una mayor estabilidad en el liderazgo de los juzgados”, finalizó Leito en los fundamentos.
El proyecto del también presidente de Atlético impulsa otros cambios a la norma, para que el acceso a la Escuela Judicial sea por concurso y no por sorteo.