Por Juan Manuel Montero
14 Noviembre 2024
IMAGEN ILUSTRATIVA.
Con la idea de avanzar en la regulación de una nueva norma, y sobre todo de actualizar los parámetros de la actual, el Gobierno presentará mañana, en el Ministerio de Gobierno que conduce Regino Amado, un Instructivo de Buenas Prácticas Contravencionales. Redactado por una comisión creada a partir de la inquietud del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Mario Racedo, la misma tendrá como fin adecuar la actuación de los operadores y personas alcanzadas por cuestiones contravencionales a los estándares constitucionales y convencionales, al igual que a las observaciones emanadas de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto servirá, en lo inmediato, como una guía para la acción y, a futuro, como antecedente de proyectos normativos.
La ley 5140 de contravenciones de Tucumán es una de las más polémicas de la provincia. Data de la dictadura, fue sancionada en 1980, y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pero se sigue usando. Es la herramienta que utiliza la Policía para intervenir en incidentes, sobre todo callejeros. Pero que provoca serios problemas ya que la crisis carcelaria que se vive en la provincia se intensifica por la cantidad de contraventores que se detiene, sobre todo los fines de semana. “El objetivo principal de la comisión es elaborar un instructivo que sirva como guía para la acción inmediata en la prevención y sanción de contravenciones, así como en el trabajo con los contraventores. Esta guía busca asegurar que los operadores involucrados, como abogados, policías e incluso magistrados, actúen de acuerdo con la Constitución y los precedentes judiciales de la Corte Nacional y Provincial en el proceso contravencional", afirmó Racedo.
En octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional a la Ley de Contravenciones de Tucumán, por atentar contra el derecho a la libertad. El máximo tribunal consideró, además, que la normativa no estaba “en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo". La Corte dejó establecido que los procedimientos de imposición de sanciones administrativas exigen, entre otros requisitos, que el Estado provea los medios necesarios para que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y de quien debe soportar la imputación. Y la falta de un defensor fue un punto clave para la resolución. Ya en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la provincia había exhortado al gobierno para que modifique la ley.
La comisión que redactó el instructivo estuvo integrada por miembros de la Policía de la Provincia (Asesoría Letrada y D5), de los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, de distintas cátedras de la Facultad de Derecho, de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de las comisiones de reforma del código procesal penal, tanto a nivel provincial como federal. La misma fue coordinada por la ex jueza y docente Ana Lía Castillo de Ayusa.
La Comisión, integrada por Marcela Cabrera, Ignacio Neme Scheij, Florencia Vallino, Mayra Luna, Andrés Garmendia, Marcelo Rubinstein, José Sanchez Martínez, Maria Carolina Aragón, Diego Vals, Julio Candelario Gonzalez, Carlos Javier Villafañe, Gilda Heinecke y Mario Alejandro Herrera, desarrolló su labor, atendiendo a los estándares importantes, a las exhortaciones y expresas solicitudes contenidas en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también en las cortes de Nación y Provincia y que fueran informados en diferentes casos judiciales en los que se impugnó artículos varios de la Ley Contravenciones Policiales de Tucumán.
La Secretaría diseñó esta iniciativa, de modo de insertar en la aplicación y procedimientos de la Ley 5140, las conductas estatales que fueran indicados como necesarias por las diferentes instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales y dejar de ese modo ajustado el procedimiento contravencional tucumano a las exigencias de los imperativos constitucionales. Uno de los principales puntos a tratar son las diferencia de sistema ya que la ley de Contravenciones estaba basada en un sistema inquisitivo, como el que se imponía en la época de la dictadura, a un sistema adversarial, que es el que se utiliza actualmente en el Poder Judicial y que otorga más derechos a los detenidos.
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