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Los policías enfrentan un juicio por violación de sus deberes de funcionarios públicos y otras acusaciones. Foto: La Voz
Un polémico caso ocurrido en 2018 en Córdoba, finalmente tendrá su juicio y tres polícias serán juzgados por violación de los deberes de funcionario público, entre otras acusaciones. Mientras los oficiales comían un asado en plena comisaría, 79 motos, que habían sido secuestradas por infracciones de sus dueños, se prendieron fuego al punto de ocasionar pérdidas totales.
Según consigna el diario La Voz, llegan como acusados tres uniformados que decidieron hacer un asado y no tomaron las precauciones para evitar el daño masivo al parque automotor que custodiaban en el predio ubicado en la Costanera Sur de la capital cordobesa. Ellos son el oficial principal Lucas Sebastián Bazán (37 años, al momento de los hechos), la cabo 1º Johana Estefanía Marchisio (30) y el cabo 1º Miguel Ángel Bellesi (34).
Cómo se originó el incendio y de quiénes eran los motos
La acusación a cargo de la fiscal instructora Lourdes Quagliatti sostiene que Bellesi, en acuerdo con los otros dos, comenzó a encender el fuego para hacer las brasas y luego asar carne, pero lo hizo junto al depósito de motocicletas que estaban resguardadas en ese amplio predio, al aire libre. Sin la precaución debida, las llamas se propagaron hacia unas motos, finalmente se extendieron y quemaron 79 de esos vehículos.
En el expediente figuran muchas motocicletas quemadas, de diversos modelos y marcas. Además de las nacionales o de menor valor, como Guerrero, Gilera, Apia, hay otros vehículos de gama alta, como las japonesas Honda, Suzuki o Yamaha.
De esas 79 personas damnificadas por el incendio de su moto secuestrada 22 de ellos llegaron a este juicio oral representados por el abogado penalista Carlos Nayi (junto a su sobrino José Nayi) quien constituyó a sus clientes como actores civiles en una demanda a la Provincia.
Nayi comentó a La Voz que se reclama el valor de esas motos -según marca, modelo y estado- más intereses y costas. Agrega que en su mayoría se trata de damnificados de condición humilde y que muchos de ellos perdieron su instrumento de trabajo.
A los tres policías se les adjudica el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, agregándole a Bellesi el de “incendio culposo”, por haber sido quien habría encendido el fuego en un rincón del predio.
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