Acceso a la Información Pública: pros y contras del proyecto que impulsa el Gobierno

Comenzar con el proceso de creación de una ley que asegure el acceso a la información pública en Tucumán representa un avance significativo. Así lo evaluaron los expertos Gilda Pedicone de Valls y Pablo Neme, durante un debate en el programa insignia de LA GACETA Play, “Panorama Tucumano”, que conduce Federico van Mameren. De allí se desató una controversia en torno a las vías que aseguren la transparencia: si el organismo que controle la aplicación de este derecho debería ser una agencia pública, como en la Ley Nacional, o si deberían designarse funcionarios responsables en cada poder del Estado, como lo indica la iniciativa provincial que aguarda su estudio en la Legislatura.

El espíritu del proyecto que presentó el gobernador, Osvaldo Jaldo, es que “cualquier ciudadano, sin necesidad de explicar por qué, pueda dirigirse al Estado bajo todas sus manifestaciones (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) e incluso instituciones privadas en las que esté el Estado de algún modo, y tener acceso a la información pública”, aseguró Pedicone de Valls, fiscal de Estado de Tucumán.

El planteo local difiere de la Ley Nacional N° 27.275, de 2016, en lo que se refiere a la estructura responsable para asegurar el derecho a la información. “El modelo de gestión nacional está encabezado por una agencia, mientras que el nuestro es más republicano porque divide Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dentro de cada uno habrá responsables de brindar los datos solicitados por los ciudadanos”, distinguió la constitucionalista.

Por su parte, Neme, doctor en Gobierno y Asesor Legislativo en Acceso a la Información Pública, consideró que la creación de un órgano distinto de los poderes del Estado asegura mayor eficiencia y responsabilidad en el manejo de la información. “Esta ley va a contener el poder del Gobierno, lo va a controlar. Por lo tanto, es una ley delicada y que en general se sugiere que sea conversada con los interesados en su aplicación. No diría sospechoso, pero resulta extraño que el propio Gobierno presente su ley para autocontrolarse”, planteó. Ante la consulta del conductor del ciclo, además, respondió que él habría adherido a la normativa 27.275.

Neme justificó: “sé que el Gobierno (provincial) tiene la mejor intención de facilitar el mecanismo, pero la propuesta me parece un poco escueta. No ahonda en cuestiones tales como la transparencia activa; sí está prevista, pero no expresada. En la Ley Nacional, por ejemplo, hay 20 incisos sobre eso”.

Pedicone de Valls replicó que el proyecto oficial no es escueto; al contrario, indicó que la ley prevé un portal de acceso completo que tendrá información de archivo y se irá complementando con la que se disponga en el futuro. “Todas las normas deben ser reglamentadas. Por supuesto que, una vez que esta lo sea, tendrá la magnitud, amplitud y generosidad con la que fue pensada. No hay mezquindad en esos dos o tres artículos; hay una norma general, un plazo y una gestión que habrá que hacer en cada poder del Estado con la implementación vía reglamentaria”, desarrolló.

Acceso a la Información Pública: la mirada de los expertos 

Acerca de las “extrañezas” detectadas por Neme, la funcionaria señaló: “el gobernador quiere ser controlado y esta ley va en ese sentido. Por supuesto, en la Legislatura todas las voces tendrán oportunidad de hacer su aporte y el proyecto será enriquecido con ellos. Nadie pretende un proyecto perfecto ni monopolizar el texto”. Pedicone de Valls valoró que ambos modelos son atractivos y poseen ventajas y desventajas, pero defendió el elaborado por el Estado provincial. “Hay tres poderes del Estado con información y responsabilidades distintas, y estructuras propias diferentes. Hay que respetar esa división de poderes. Yo no tengo por qué crear una agencia con una autoridad jerárquicamente inferior al presidente de la Corte, por ejemplo, para que informe un tema de la Corte; lo mismo pasa en la Legislatura. Entonces, hay un tema de división de áreas de incumbencia y de gestión eficaz”, insistió.

Además, Pedicone de Valls aseveró que, para el caso en que el Estado no garantice el acceso a la información pública -aún con la ley vigente-, existen instancias administrativas que darán respaldo al ciudadano. “La Legislatura nombra a un funcionario responsable. Ese órgano no contesta o lo hace indebidamente, hay una instancia jerárquica en la que la cuestión se dirige a la cabeza del poder -en este caso, el vicegobernador-; si esa vía administrativa o de gestión interna se agota, hay una vía recursiva en lo Contencioso Administrativo donde un ciudadano puede hacer el reclamo invocando esa ley. A partir de allí hay sanciones de incumplimiento severas que dependen de cómo se catalogan. Por eso la ley no tiene un capítulo de sanciones propias”, sostuvo.