13 Noviembre 2024
Una pena de 10 años de prisión más una reparación de $6,2 millones fue la pena que aplicó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba al productor lechero Javier Alvarenga, por trata de personas agravada por violencia sexual y abuso de situación de vulnerabilidad de dos hermanas oriundas de Formosa.
Celestino Alvarenga, padre del ahora condenado, también estaba acusado del mismo delito pero fue excluido del juicio por incapacidad.
El 26 de febrero del 2014, Javier Alvarenga viajó al norte del país. Con la promesa de un trabajo bien remunerado captó a las mujeres y las acompañó en colectivo hasta la provincia de Córdoba. Las ubicaron en una finca rural a 15 kilómetros de la localidad de Ucacha donde las explotaron laboralmente.
Las jornadas de trabajo comenzaban a la 1 de la madrugada y se extendían hasta las 20 horas. Hacían todo el trabajo de explotación tambera, que incluía la colocación de boyeros y varillas en caminatas de extensas superficies, la alimentación de terneros con una sola mamadera, el acarreo de maíz para alimentar a otros animales, ordeñar las vacas, encerrar al ganado y recoger animales muertos, entre otras.
Durante los seis meses que trabajaron -hasta que lograron escapar- la liquidación del salario llegaba apenas al 15% de los que les correspondía por ley, además de no tener descanso ni la alimentación adecuada. Dormían en el piso, no tenían comunicación con otras personas y tampoco salían del campo porque las encerraban para que nadie las viera.
La más joven de las hermanas, en ese momento menor de edad, también fue abusada sexualmente por Alvarenga.
El 19 de agosto del mismo año, pudieron huir del campo en un descuido de los patrones. En una fábrica de quesos cercana recibieron auxilio, las llevaron a la terminal de ómnibus donde fueron contactadas por policías. En la comisaría realizaron la denuncia penal. Todo el relato fue ratificado por el dueño del campo que arrendaban los Alvarenga. Así comenzó la investigación penal que culminó con la sentencia relatada.
De acuerdo al estudio socioambiental, las víctimas y su entorno estaban en situación de vulnerabilidad y eso fue aprovechado por los imputados al momento de su captación, con la falsa promesa de un buen trabajo con un salario digno con el que podrían ayudar a su familia.
El tribunal estuvo integrado por Carolina Prado, Noel Costa y Fabián Asís. La condena fue por mayoría. El 20 de noviembre se conocerán los fundamentos. El fiscal Carlos Gonella realizó la acusación en el juicio.
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