Por Juan Manuel Montero
13 Noviembre 2024
Jorge Yapura Astorga respiró aliviado cuando terminó el alegato de su defensor Macario Santamarina. Es que el martes se había retirado con el ceño fruncido luego de escuchar que pedían cinco años y seis meses de prisión para él y hoy, en cambio, no solo le alegró la palabra absolución que utilizó el letrado, sino que además quedó convencido de que habían logrado tirar abajo cada uno de los puntos de la acusación que se le había hecho.
Yapura Astorga está imputado por compras que se realizaron con dinero de la Municipalidad tafinista, cuando él fue intendente entre 2011 y 2015, y que, según la acusación, se realizaban en el comercio Floppy III, que estaba a nombre de su pareja, Nerina Mustafá. Los miembros del Ministerio Público Fiscal, Daniel Marranzino, Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño por acusaron además de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Por eso además solicitaron que sea inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
A la hora de analizar la causa, Santamarina rechazó todos los supuestos de la Fiscalía. “El patrimonio está justificado. No hay daño al erario público. No hay enriquecimiento patrimonial. Podemos discutir las formas de contratación, pero no hay daño al erario”, dijo el letrado ante los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica. Y agregó que todas las cifras que destacó la Fiscalía no eran ciertas. “Son erróneas desde todo punto de vista”, afirmó. Para esto desplegó una serie de documentación que contenía en cifras el patrimonio de los principales acusados para demostrar, según él, que no se habían enriquecido y que todas las operaciones estaban respaldadas financieramente. El defensor fue particularmente duro con la testigo Patricia Ladetto, la contadora que realizó la investigación designada por la Corte a pedido del juez de Monteros, Mario Velázquez, cuando se inició la causa. Los denunciantes Sebastián Luna y Daniel Arnedo, habían afirmado que Yapura Astorga hizo las compras en forma directa en el comercio Floppy III y su patrimonio registró un enriquecimiento injustificado de $3,1 millones en 2015. “La contadora Ladetto no estaba capacitada para hacer ese trabajo. Y esa es la base de la acusación”, advirtió. Y luego siguió desglosando el caso para aseverar, según él, que no había pruebas contra ninguno de sus clientes. Es que Santamarina, además de al ex intendente y legislador, defiende a Mustafá y al hijo de ambos, Jorge Yapura; a Sergio Astorga, abogado y director jurídico municipal en 2015; a Julio Mercado, entonces contador general de la Municipalidad; a Olayo Medina, entonces tesorero general; y Patricio Silva, entonces jefe de compras. Sonia Saavedra, entonces secretaria de Gobierno, es patrocinada por Sebastián Herrera Prieto, quien hará su alegato el viernes. Según Santamarina, “Todas las rendiciones de cuenta de la Municipalidad, cada tres meses, están aprobadas por el Concejo Deliberante en forma unánime. De otra manera deberían estar sentados los concejales porque serían cómplices y además todos sabían que se compraba la mercadería en el negocio de Mustafa. No hubo ocultamiento. Todo fue a la luz del día”. El abogado también aseguró que “la ley lo autorizaba como intendente hasta cierto monto para hacer compras directas. Pasa en cualquier administración. Hoy la Corte Suprema de Justicia hace compras directas de combustible. Y no es delito. El negocio Floppy III era de la madre de Yapura y se lo transfiere a Nerina en 2006. Todo lo que se hizo en la gestión de Yapura se hace actualmente. Y repito, no hay delito”. “El patrimonio de mis defendidos está perfectamente justificado. No hay ninguna norma expresa que impida que él pueda contratar con su concubina. Insisto, la ley los autorizaba a hacer compras directas”, reafirmó.
Explicaciones
Santamarina, incluso, dio una explicación de porqué se había decidido adquirir los productos en el negocio de Mustafá. “En Tafí del Valle había tres supermercados. Uno directamente no quería hacer negocios con la Municipalidad. El otro estuvo un buen tiempo cerrado y con problemas internos, y el tercero era Floppy III, donde finalmente se hacían las compras. ¿Dónde está el delito si todo se hizo con documentación y no se ocultó nada?”, se preguntó. Y para más datos, aseguró: “Floppy facturaba 700.000 dólares por año. No necesitaba nada de la Municipalidad”. Finalmente, Santamarina dijo que “puede haber errores administrativos, pero no se pagan con pena. No hay enriquecimiento ilícito. Ellos hicieron su trabajo. No son corruptos. Todos siguen trabajando. Nadie es rico”, por lo que solicitó “la absolución de mis siete pupilos por todo lo que hemos sostenido y por la certeza que dan las matemáticas”.
Aún no está definido cuándo se conocerá la sentencia ya que los jueces deben atender otros juicios: puede ser el viernes o pasar para la próxima semana.
