Causa YMAD: “En 2005 se sabía que esa obra en San Javier no se haría”

El director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, Augusto González Navarro, expresó que al menos en tres oportunidades desde los años 60 la Universidad ya sabía que el proyecto de los años 40 de la Ciudad Universitaria no se haría. También, que la “ciudad universitaria del siglo XXI” planificada por el ex rector Juan Alberto Cerisola en 2007 no estuvo terminada; que el Consejo Superior debió tomar la decisión sobre la disposición de los bienes de la UNT y que la UNT tenía facultades para decidir el régimen de obras con fondos mineros

González Navarro declaró durante seis horas durante el juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal contra Cerisola y tres de sus ex funcionarios -Luis Osvando Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino- por presuntas irregularidades con obras realizadas con fondos llegados de Yacimientos Mineros Aguas de Dionsio (YMAD), entidad de la que la UNT es socia con Catamarca por la Ley 17.771, de 1958. La Universidad heredó el derecho de Abel Peirano, el descubridor del yacimiento de Farallón Negro. Cuando llegaron los fondos (a partir de 2005) se decidió hacer las obras y en el rectorado de Cerisola (2006-2014) se elaboró el plan con el que se comenzó a hacer remodelaciones y obras nuevas.

La causa penal se inició en 2010 con la denuncia de Ramón Eudal y luego en 2013 hubo una auditoría de la Sigen con respecto a tres de las obras. Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

González Navarro explicó varias de las medidas que llevó a cabo su área que, dijo, hace dictámenes “no vinculantes; “no es una norma, es una opinión”.

Habló de la causa contra la ingeniera Cudmani por las irregularidades e incumplimientos que tenían que ver con retenciones con fondos destinados a obras, y contra Venturino por la obra en la Facultad de Derecho y la readecuación de precios y de tiempo del alquiler de una playa de estacionamiento. Al final de la audiencia Venturino pidió declarar y explicó su defensa.

Otra causa por la designación de Cerisola como director por la UNT en YMAD y “la que actualmente se encuentra en curso en Catamarca y tiene que ver con el planteo de nulidad de actos jurídicos que se ha hecho de dos instrumentos por los cuales se dio por finalizado el proyecto de ciudad universitaria y se pasó a otra etapa dentro del cumplimiento del artículo 18 inc B de la ley 14.771”.

Instrumento anterior

Dijo que la causa se originó por resolución del Consejo Superior que consideró nula el acta del 2 de enero de 2008 por el que se reducía el 40% a un 20% y el otro 20% era distribuido en el resto del sistema universitario. “Yo le advertí en ese momento a la comisión especial y también al Consejo Superior que había un instrumento anterior al convenio de enero de 2008 que era una resolución del directorio de YMAD de diciembre de 2007 que por unanimidad de sus miembros había aprobado mediante un acta una resolución por la cual se consideraba cumplida la condición prevista por el artículo 18 b de la ley 14771”. Explicó que “había constatación de que la ciudad universitaria no había sido terminada a la fecha en que se dio por finalizada”. Dijo además que la ley que crea YMAD es una ley convenio que tiene como base el acuerdo previo de Farallón Negro- entre la UNT y Catamarca que se disputaban los derechos de las minas encontradas por Peirano en la zona de Farallón Negro. “En este acuerdo no figuran los ‘planos aprobados’ de los que habla la ley; para cuando llegaron los fondos, más de 50 años después, este proyecto ya se había discontinuado”. Aseveró que “la Universidad  estableció en varias oportunidades que ese viejo proyecto era inviable y que no se iba a realizar”. “En la época del rector Eugenio Flavio Virla se produce un cambio de paradigma. El  Consejo Superior por unanimidad ya no tenía en mira trasladarse a San Javier. En 1964 sale una  resolución por una sesión de 1963 en el que decide que la infraestructura que se edifique en adelante se iba a llevar a cabo en zonas urbanas”. Entonces -dijo- comenzó el proyecto de localizaciones “que tomaba como base a la Quinta Agronómica. Cuando llegaron los fondos de YMAD todo el mundo sabía que esa ciudad universitaria de San Javier ya no se haría”. Ya había varias razones; entre ellas, que no había 20.000 estudiantes, sino más de 50.000, que el cerro “había sido declarado zona  protegida y había salido otra resolución donde se creaba el Parque Biológico. Es decir era una zona sensible desde el punto de vista ambiental”.

Agregó que la Secretaría de Planeamiento hizo un proyecto, que se envió a Cerisola en 2007 y que se puso a consideración de YMAD. Luego de las precisiones que se pidieron se lo envió al Consejo Superior. “No se lo discutió, el debate fue muy corto. Se votó sin discutir nada. Era importante que el Consejo Superior resolviera sobre esta cuestión; la ley nacional era una ley convenio sobre un acuerdo de partes y hacía referencia a planos los cuales no se contaba en la Universidad; el Consejo Superior jamás aprobó esos planos en su historia”. Especificó que “no se me pidió dictamen respecto de la oportunidad de dar por finalizada o no la Ciudad Universitaria”.

Dijo que cuando hicieron planteo en Catamarca para determinar la nulidad de las actas “nosotros planteamos que ese proyecto incluía 21 obras, muchas de las cuales se hicieron, pero había cinco de esas obras que no se habían llevado a  cabo”.

Con respecto al apartamiento de la ley nacional de Obras Públicas por la resolución 365, dijo que “muchas universidades tenían reglamentos propios, tanto de contrataciones como de obras. La UBA, la de Rosario, la de Córdoba, la del Litoral, la de Cuyo lo tienen. Las usan para todas sus obras y lo hacen invocando la autonomía universitaria”.