Después de que la Universidad Nacional de Tucumán confirmara que las tierras usurpadas pertenecen a sus antiguos dueños, las autoridades del municipio de Tafí Viejo presentaron una nota para que la casa de Terán tenga una intervención clave: lograr el desalojo de las personas que la usurparon.
En 1948, el entonces presidente Juan Domingo Perón expropió 18.000 hectáreas para donarlas a la UNT. Esas tierras, según los argumentos dados a conocer en ese tiempo, servirían para crear la Ciudad Universitaria, y en esa extensión hoy está la reserva natural del Parque Sierra San Javier.
La alta casa de estudios reconoció que de esa donación hubo un remanente de 26 hectáreas que fueron reintegradas a la familia de Nina Velárdez. Pero ese cambio nunca quedó registrado. Ahora, que las parcelas fueron ocupadas, los dueños no pueden solicitar su devolución porque no son titulares.
“Requiero de usted imparta precisas instrucciones a sus representantes legales, a fin de que se apersone en la causa y soliciten la restitución provisoria del inmueble usurpado, y su entrega a los históricos poseedores”, solicitó en una nota el fiscal municipal de Tafí Viejo Víctor Schedan, postura que fue acompañada por la intendenta Alejandra Martínez.
Desconocidos
En el documento, agregaron: “personas desconocidas están abriendo caminos con topadoras, limpiado y delimitando terrenos, con movimientos importantes de suelo y actos de tala indiscriminada, que afectan de manera real y concreta el medio ambiente, los que sin duda ocasionarán daños a los vecinos de este municipio por los aluviones de agua en la época estival de lluvias”.
“Siento una alegría inmensa al escuchar semejante noticia. Espero que esto se solucione pronto. Este reclamo lo hacemos para que todos los taficeños, tucumanos y visitantes puedan seguir disfrutando del medio ambiente”, aseguró Silvia Velárdez una de las herederas y denunciantes de la usurpación. “La decisión de la UNT es muy importante, pero necesitamos de su colaboración para que avance la restitución de las tierras”, dijo María Cristina Acosta, representante legal de los propietarios de la tierra.