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MASACRE. El ataque perpetrado contra los clientes del bar Los Cantaritos de Querétaro dejó 10 muertos.
CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas anunciaron que lograron miles de detenciones y decomisos de armas vinculados con crímenes de alto impacto, en el primer reporte del plan del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El reporte de logros, sin embargo, queda empañado por el último ataque violento en un bar en Querétaro y el hallazgo de más de una decena de cuerpos en otra localidad de Guerrero.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo ayer que del 1 de octubre al 8 de noviembre se realizaron 3.015 detenciones por delitos de alto impacto y se decomisaron 1.334 armas de fuego, al informar sobre la marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad.
García Harfuch dijo que, en el mismo periodo, se incautaron de 42 toneladas de drogas, además de que desmantelaron 15 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas en Baja California y Sinaloa.
El funcionario agregó que, en el estado de Chiapas, se logró desmantelar un taller donde se incautaron de cuatro vehículos con diferentes tipos de blindaje.
Al presentar en octubre su Estrategia Nacional de Seguridad, Sheinbaum había dicho que su objetivo general era lograr la pacificación del país, además de disminuir la incidencia delictiva, sobre todos los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado y a los delitos como extorsión, secuestro y robo con violencia.
Sheinbaum apunta a fortalecer las labores de investigación e inteligencia de las policías y sigue apostando, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, a las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales.
El plan está sustentado en cuatro ejes que incluyen la atención de las causas de la violencia a través de programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia; la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército; la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación y el trabajo coordinado entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el Ministerio Público.
La gestión de Sheinbaum en materia de seguridad se ha visto golpeada en el último mes por una serie de incidentes, que incluyen los brutales homicidios de un alcalde y un contralmirante de la Armada, la muerte de ocho migrantes en dos eventos en los que están implicados militares, la explosión de un coche bomba frente a una sede policial y los tres ataques ocurridos la semana pasada en los estados de Guerrero, Querétaro y México en los que perecieron 27 personas.
La proliferación de la violencia no es sólo un problema para la seguridad, en su arista más evidente, sino que es un freno al desarrollo económico, y uno que afecta a toda la región latinoamericana.
Un lastre
Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que la proliferación de inseguridad debido al acoso del tráfico de drogas y la extorsión supone un lastre para el desarrollo económico. El organismo financiero alertó que la operación de grupos delictivos generan pérdidas equivalentes al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano.
El FMI afirma tajantemente que la presencia de bandas y pandillas es especialmente costosa para estos países porque eleva la inestabilidad macroeconómica, la desigualdad y los problemas de gobernanza.
“El crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a los efectos nocivos del crimen”, refiere el documento.
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