12 Noviembre 2024
EN LA LEGISLATURA. El proyecto enviado por Jaldo será sometido a debate en el ámbito del cuerpo colegiado.
El proyecto de ley enviado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para regular el derecho al acceso a la información pública será tratado por dos comisiones de la Legislatura. Sin plazos para el tratamiento de esta propuesta, el cuerpo colegiado cuenta además con al menos media docena de iniciativas con estado parlamentario, promovidas por distintos bloques de la oposición.
El texto remitido por el Poder Ejecutivo (PE) fue derivado a las comisiones de Legislación General, que preside Gerónimo Vargas Aignasse; y de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que encabeza Javier Noguera.
Además de estar en manos del oficialismo, estos grupos de trabajo tienen presencia mayoritaria de legisladores del bloque Justicialista. En cada comisión, dos de los siete lugares son de la oposición, algo que está en línea con la conformación parlamentaria.
En la Legislatura existe la intención de unificar la discusión de este tema en un solo espacio, al estilo de los plenarios que se constituyen en el Congreso de la Nación para evitar la emisión de diferentes dictámenes De lo contrario, cada comisión debería avanzar con la discusión de la propuesta firmada por Jaldo.
Las claves
El proyecto precisa que son sujetos obligados los tres poderes del Estado, los órganos dependientes de cada uno de ellos, los entes autárquicos, las municipales, las comunas rurales, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. También, las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado Provincial tenga participación accionaria.
Incluso, se comprende a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del estado provincial y a los entes privados cuando tengan a su cargo la administración de fondos públicos o hayan recibido un subsidio o aporte proveniente del Estado de manera directa o indirecta.
Cada uno de los “sujetos obligados” deberá designar al funcionario que estará a cargo como autoridad de aplicación. Respecto de las solicitudes de información pública, podrán ser realizadas por escrito, de manera digital o mediante correo electrónico. El interesado deberá identificarse, pero no podrá exigirse que explique el propósito de la requisitoria.
A su vez, se consignó una serie de excepciones bajo las cuales los “sujetos obligados” pueden negar la información. Entre otras causales, aparecen la información clasificada y reservada referida a seguridad y defensa; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; e información de carácter sensible, cuya publicidad pueda vulnerar el derecho a la intimidad o al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada.
En Panorama Tucumano: un debate sobre el proyecto oficial y la transparencia activa
Esta noche, en “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por el periodista Federico van Mameren, abordará junto a una mesa con invitados el debate acerca del proyecto de Acceso a la Información Pública que envió el gobernador, Osvaldo Jaldo, a la Legislatura. El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).
PUNTOS DE VISTA
“Buenas intenciones y grandes deficiencias”
Marcelo Giullitti Oliva
Abogado - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
La presentación de un proyecto de ley de acceso a la información pública por parte del Poder Ejecutivo es un paso adelante hacia la transparencia y la apertura gubernamental en la provincia. Este avance es significativo en una jurisdicción donde este derecho ha sido históricamente restringido y donde los ciudadanos han enfrentado enormes barreras para acceder a la información sobre las cuestiones públicas. Sin embargo, un análisis detallado del proyecto revela que, a pesar de sus buenas intenciones, presenta serias deficiencias que comprometen su eficacia.
Uno de los problemas más críticos es la ausencia de un órgano de control independiente. Este tipo de entidad es clave, ya que su función no es solo supervisar el cumplimiento de la normativa, sino también recibir y resolver reclamos de ciudadanos de manera imparcial.
El régimen de excepciones también plantea problemas graves. El proyecto adapta una cláusula utilizada comúnmente en las legislaciones nacionales referida a la “seguridad nacional”, utilizando el término amplio de “seguridad”. Además, se omite el llamado “test de interés público”, una herramienta que permite decidir si, en casos específicos, el interés de la sociedad en conocer cierta información supera la justificación de mantenerla secreta.
La transparencia activa, entendida como la obligación de los organismos públicos de publicar información sin necesidad de que se solicite, es otro aspecto deficiente del proyecto. Aunque se mencionan algunas obligaciones de publicación, faltan detalles fundamentales, como la información presupuestaria de los organismos, las escalas salariales de los funcionarios y las transferencias de fondos a personas físicas o jurídicas.
Otro punto crítico es el procedimiento de revisión y los recursos limitados que ofrece el proyecto. Al permitir solo un recurso administrativo ante el superior jerárquico de quien deniega la solicitud, el proyecto excluye la posibilidad de revisión en aquellos casos donde la denegación proviene de la máxima autoridad del organismo. Así, la única opción restante es judicializar el caso, lo cual puede resultar costoso, lento y desalentador para los ciudadanos.
La ausencia de sanciones efectivas también resulta una debilidad significativa. El proyecto no establece un régimen claro ni un sistema de supervisión adecuado.
El acceso a la información pública no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones. Para que esta ley sea efectiva, es necesario que se realicen ajustes profundos que atiendan estas deficiencias de forma completa.
“Donde hay dinero del Estado, hay obligación de informar”
Gilda Pedicone
Fiscala de Estado del Gobierno de Tucumán
El gobernador Osvaldo Jaldo nos ha encomendado la tarea de redactar este proyecto.
La primera evaluación que hicimos fue que había muchas propuestas en la Legislatura, de mucho tiempo antes, en los que se planteaba una adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Esta ley nacional es completa, con cierta vigencia en el tiempo, pero nos presentaba muchos problemas adherir lisa y llanamente, porque nosotros tenemos otros modelos de organización de la gestión estatal. Además, en la Nación se implementó una Agencia para el Acceso a la Información Pública, que además de crear un organismo nuevo -lo que implica aprobar una estructura de gestión nueva, con la demanda de dinero para esos recursos-, tenía el problema, a mi modo de ver, de que se concentra en dicha agencia información para todo el Estado. Y el Estado básicamente son poderes distintos, con incumbencias distintas.
Entonces, el proyecto enviado a la Legislatura toma la responsabilidad del acceso a la información en cabeza de cada uno de los poderes u organismos obligados a proveerla. O sea: el Poder Ejecutivo se encargará de lo suyo, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A su vez, los organismos autárquicos, municipios y comunas, deberán nombrar dentro de sus estructuras un funcionario dedicado a proveer esta información.
Es una ley abarcativa. El concepto es que, donde hay plata del Estado, donde hay dineros públicos, hay obligación de informar.
En general se considera que el acceso a la información pública está relacionado a los poderes del Estado. Pero el Estado participa en sociedades anónimas con distintas estructuras, presta colaboraciones diversas bajo modos diferentes en otros organismos, incluso con componentes privados.
Los ciudadanos van a ser, de algún modo, controladores de todo ese manejo de dinero. El gobernador Osvaldo Jaldo ha estado muy convencido desde el primer momento. Y nos pidió que fuéramos por el modelo más eficaz, más exitoso y que nos dé más transparencia.
Por otro lado, este es un proyecto. Es un proceso que tiene etapas y en el que hay protagonistas. La Legislatura eventualmente lo amplía, lo corta, lo completa. Hay comisiones que tendrán que ser oídas. Una vez que se complete ese circuito parlamentario, vendrá un proyecto sancionado para que el gobernador lo promulgue. El proceso está en su primera etapa. No es que vamos a hacer este trabajo para ponerle un título a una ley de una manera grandilocuente, y no hacer nada.
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