El presupuesto participativo fue reglamentado luego de cinco años

La intendenta Rossana Chahla atendió la reglamentación de la ordenanza N° 5.027, sobre el presupuesto participativo, a través de la cual el 2,5% de erogaciones totales del municipio será destinado a la ejecución de obras en los barrios. Para atender esta disposición, el municipio trabaja en una “historia clínica” de cada comunidad que recopila las problemáticas más urgentes en la Capital.

“Nuestro compromiso es darle a los vecinos un rol activo en la toma de decisiones, promoviendo una gestión más inclusiva y centrada en las personas”, aseguró Camila Giuliano, secretaria General. Si bien la normativa ordena la designación de partidas presupuestarias para la atención en los barrios, la funcionaria remarcó que el trabajo asistencial se viene realizando desde el inicio de la gestión a través del programa “Somos Más en Territorio”. “Hasta la fecha, se ha llevado a cabo un diagnóstico participativo en más de 90 barrios periféricos de la ciudad y los operativos integrales del SMT han alcanzado a más de 30.000 vecinos. Esto ha permitido responder de manera inmediata a solicitudes y proyectos prioritarios planteados por los propios vecinos”, dijo Giuliano.

La norma nació por iniciativa del ex concejal radical José “Lucho” Argañaraz en 2017, pero alcanzó su aprobación recién en octubre de 2019. Durante la gestión alfarista, el municipio no avanzó en el reglamento de la ordenanza; recién el pasado 4 de noviembre, a través del decreto N° 0981 publicado en el Boletín Oficial Municipal, la administración de Chahla hizo efectiva la regularización.

Según indicó Giuliano, se completó la división del territorio de la ciudad en 20 distritos, lo que permite un diagnóstico más preciso y una mejor planificación estratégica. La legislación defiende que, para aplicarse, debe existir un procedimiento que garantice la selección democrática y transparente de los proyectos sujetos a tratamiento.

En primer lugar, los anteproyectos serán sometidos a un proceso de debate ciudadano directo, con participación voluntaria, para deliberar y decidir respecto al orden de prioridades presupuestarias. Cada sección elegirá entre las propuestas mediante sufragio libre, no obligatorio, secreto y universal.

Además, la ordenanza contempla la conformación de una comisión ad-hoc entre un representante de la Municipalidad, un vecino de la sección y un representante de una institución pública, que serán los encargados de redactar el proyecto. Por último, la propuesta pasará a tratamiento del Concejo Deliberante; si es aprobada, la Intendencia iniciará las obras.

Para cubrir estos gastos, la normativa asigna un 2,5% del presupuesto general de gastos y recursos anuales, destinándose las partidas de cada secretaría para su ejecución progresiva en los distintos distritos. A su vez, en su segundo año de aplicación, la cifra ascenderá al 3,5% y, a partir del tercero alcanzará al 5% del presupuesto.

El decreto puntualiza que “el anteproyecto deberá ponderar la factibilidad económica-jurídica de cada una de las propuestas electas”, aunque también contempla el principio de equidad e igualdad. “Los proyectos que hubieran resultado menos votados, en caso de haber crédito suficiente en las Partidas y Anexos de incumbencia, podrán ser ejecutados total o parcialmente”, sostiene, y advierte que “las secciones que se vieron favorecidas con el mayor número de proyectos no podrán presentar nuevas iniciativas para el año siguiente posterior”.

Sobre la ejecución de las obras, la normativa reglamenta que “deberán comenzar y terminar durante la vigencia del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año siguiente”. De extenderse, deberá indicarse expresamente la incidencia presupuestaria y financiera en cada ejercicio según grado de avance previsto.