Usurpaciones: dictan medidas para preservar la Reserva de La Angostura

Usurpaciones: dictan medidas para preservar la Reserva de La Angostura

La Justicia le dio la razón a la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar para proteger la zona. La fiscala Pedicone de Valls anticipó cuáles serán los pasos a seguir.

ARDUA TAREA. Los policías retiraron centenares de postes. ARDUA TAREA. Los policías retiraron centenares de postes.

Hasta que se resuelva la cuestión de fondo se detendrán todas las acciones que se desarrollen en la Reserva Natural La Angostura sin que hayan sido autorizadas. Esa es la resolución que tomó la Justicia a través de una medida cautelar que había solicitado la Fiscalía de Estado.

En menos de un mes, distintas reparticiones del Estado habían descubierto que varias personas estaban ocupando los terrenos del área protegida. Después de haber realizado un relevamiento, la fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó un pedido en los tribunales. Paralelamente, en varios operativos, la Policía quitó alambrados y destruyó con una topadora las viviendas que se estaban construyendo en esas tierras fiscales.

“Con los elementos de juicio aportados hasta aquí y con la provisoriedad propia de esta etapa inicial del proceso, considero que en este caso concurren los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora con intensidad suficiente para suscitar una intervención cautelar dirigida a conseguir el objetivo primordial de proteger el medio ambiente que se alega comprometido”, explicó la jueza María Felicitas Masaguer, vocal presidente de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa.

Medidas preventivas

La magistrada, en su resolución, ordenó que la Reserva Provincial La Angostura estará prohibido:

1- La remoción y el movimiento de suelos

2- La construcción de obras civiles o de infraestructura.

3- El desmonte y tala de vegetación nativa o introducción de especies ajenas al ecosistema, que pueda afectar la biodiversidad y el equilibrio ecológico del área natural protegida

4- La apertura de caminos, senderos o vías de acceso.

5- El establecimiento de campamentos temporales o permanentes y el depósito de materiales o residuos de construcción, maquinarias, o cualquier material o elemento utilizado en el proceso constructivo.

6- Cualquier otra obra de modificación o alteración del espacio incluido en el área natural protegida incluyendo drenajes, desviaciones de cauces, canalizaciones o cualquier intervención que afecte la hidrología natural del área o el cuerpo de agua que conforma el lago

A TODO O NADA. Con una topadora, la Policía se presentó en un loteo para derrumbar alambrados. A TODO O NADA. Con una topadora, la Policía se presentó en un loteo para derrumbar alambrados.

7- Cualquier actividad de exploración geológica o de extracción de recursos naturales, incluyendo prospección, extracción de minerales o hidrocarburos, o uso de materiales del área protegida para fines industriales o comerciales.

8- Ingreso de maquinaria pesada o vehículos motorizados que no hayan sido autorizados específicamente para labores de conservación o de inspección ambiental, que puedan generar impacto negativo sobre el ecosistema local.

Lo que viene

“Era lo que estábamos buscando. Frenar todas las irregularidades detectadas en la zona. Era lo urgente. Ahora comenzará otra etapa”, adelantó Pedicone de Valls.

Fuentes de Casa de Gobierno señalaron que hubo un incesante movimiento de personas por las oficinas de la Fiscalía de Estado. Muchos de ellos eran las personas que compraron terrenos o realizaron emprendimientos en el área protegida. Según trascendió, algunos presentaron papeles para demostrar que adquirieron terrenos en buena fe; otros argumentaron que sus emprendimientos están debidamente autorizados; y también hubo varios que argumentaron haber ocupado parcelas que fueron otorgadas por la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem).

La fiscala, sin dar mayores precisiones, reconoció que se encontraron con una situación compleja. “Por eso formamos un equipo de cinco abogados que analizarán cada uno de los casos para resolver qué medidas tomaremos. Pero tal como lo pidió el gobernador (Osvaldo) Jaldo, iremos hasta el fondo de la cuestión”, explicó.

¿Qué significa “ir hasta el fondo”? “Analizar todos los casos para ver si hubo una irregularidad, pedir informes a las reparticiones y ordenar la situación. Por ejemplo, ya está en pleno proceso la inscripción del terreno que el Automóvil Club Argentino devolvió a la Provincia y que nunca fue registrado. En ese lugar, por ejemplo, se encontró un comercio”, respondió.

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