Un equipo técnico del Poder Ejecutivo (PE) dio inicio al análisis de las cuatro ofertas recibidas para la compra de 100 colectivos, luego del acto de apertura de sobres para el cotejo de precios. Con el informe de la Comisión de Preadjudicación, el Gobierno de Osvaldo Jaldo quedará a un paso de oficializar cuántas unidades serán incorporadas en esta etapa para renovar las flotas de las líneas que prestan el servicio de transporte en los ámbitos metropolitano, interurbano y rural.
Si bien la normativa no especifica un plazo para que los funcionarios designados se expidan, fuentes de la Casa de Gobierno anticiparon a LA GACETA que en los primeros días de la semana próxima habrá novedades sobre este proceso administrativo, que tiene en disputa a las empresas Mercedes Benz-Colcar Merbus SA, Amarela Tucumán SRL, Autobus SA y Scania Argentina SAU.
Si bien las propuestas están bajo estudio, existen algunas certezas sobre cómo será la operatoria, con la idea es evitar dilaciones en cada instancia.
Una de las características, según se detalló, será la posible multiplicidad de adjudicatarios. Sucede que ninguno de los cuatro participantes -habían sido convocadas cinco firmas al cotejo de precios- estaría en condiciones de cumplir con el requisito fijado en el pliego de entregar la totalidad de los colectivos dentro de los 120 días de rubricada la documentación.
En el gobierno explicaron que no hay demasiadas alternativas más en el país, ya que se contactó a todos los fabricantes del rubro. Por eso, la idea de contratar más de una empresa aparece como una posibilidad muy firme.
Además de los tiempos, otro factor relevante será la oferta económica y financiera. Fuentes oficiales señalaron que el abanico es variado, con valores comprendidos entre los 160.000 y los 200.000 dólares por unidad. Y advirtieron que de esto dependen también los aspectos técnicos del modelo cotizado.
Una característica en común es que todas las propuestas -de entre 80 y 90 folios cada una- prevén colectivos son 0 km, con aire acondicionado. Pero cada opción contempla prestaciones diferentes. En ese sentido, uno de los aspectos a tener en cuenta serán los recorridos y destinos que podrían tener los rodados.
Por ejemplo, las experiencias de empresarios y de organismos de control coinciden en que los modelos con motor en la parte trasera no son los más convenientes para ciertos recorridos del interior, dado que se tapan de tierra y requieren un mantenimiento diferente. A la vez, las versiones con caja de cambios automática tienen el “piso” más bajo, y eso podría resultar poco práctico en municipios y comunas con calles de superficie irregular.
En concreto, la comisión de Preadjudicación conformada a través del decreto 3.309 quedó a cargo del estudio de las diferentes propuestas. La misión es llevar adelante el “análisis de admisibilidad de cada alternativa, considerando a la vez “el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos”. Actuarán cinco funcionarios: Vicente Manuel Nicastro (por la Secretaría de Transporte), Francisco José Nader Zelaya (por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos), Oscar Armando Salas (por la Dirección General de Transporte), Federico Sassi Colombres y Rosa Elena Divarvaro (ambos por el Ministerio de Economía y Producción). Además, este grupo de trabajo deberá elaborar un cuadro comparativo de las ofertas y emitir un acta de preadjudicación. Luego, según se fijó en la normativa, esta documentación deberá ser elevada a los ministros Daniel Abad (Economía y Producción y Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), quienes dictarán una resolución conjunta para la aprobación y adjudicación de la contratación. Para ello, además, contarán con la opinión de los técnicos de distintas áreas, como Contaduría General de la Provincia.
Aunque todavía no se confirmó el monto de la inversión, desde el anuncio de la compra de los 100 colectivos se habla de una inversión cercana a los $16.000 millones. Además, se anticipó que el reintegro de los fondos se llevará adelante a través de la retención de parte de las compensaciones tarifarias que aporta el gobierno a las firmas nucleadas en Aetat.