Acusan de un nuevo ilícito al policía investigado por estafas millonarias en el paseo Sáenz Peña

Este viernes se prorrogó la prisión preventiva que viene cumpliendo un policía (de 41 años), acusado por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y estafas reiteradas. A su vez, su situación se ve agravada por la formulación de un nuevo hecho. Ahora también se lo imputó por la usurpación por despojo en grado de tentativa en concurso ideal con robo agravado por efracción, en calidad de coautor.

El auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, en representación de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, que conduce María del Carmen Reuter, solicitó la extensión de las medidas de coerción por cuatro meses (al ser declarado como asunto complejo existe un máximo legal previsto de 18 meses) por los riesgos de entorpecimiento latentes (falta de arraigo y entorpecimiento de la investigación –no quiso brindar el patrón de desbloqueo para la pericia al celular secuestrado durante su aprehensión-).

A su vez, su situación se ve agravada por la formulación de un nuevo hecho (usurpación por despojo). Esto ocurrió el 13 de octubre del año pasado. El imputado junto a otro sujeto se hicieron presentes en el domicilio ubicado en avenida Avellaneda al 200 de esta ciudad capital. Previo a barretear la puerta de entrada de la vivienda, ingresaron y una vez en el interior vieron que estaba el propietario, quien comenzó a gritarles por lo que al advertir su presencia y no habiendo podido lograr su cometido, sustrajeron dos teléfonos celulares que se hallaban en el domicilio para luego huir del lugar.

El representante del MPF informó que resta la pericia caligráfica y concluir con el informe final elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). “En la audiencia del 2 de julio la causa fue declarada como asunto complejo. Desde el inicio el imputado tuvo la negativa de suministrar el patrón de desbloqueo del teléfono celular (se tuvo que utilizar el UFED Premium), es decir, conocía la innumerable cantidad de datos que podíamos extraer y analizar. La investigación va direccionada hacía una asociación ilícita (por la participación de otros, entre ellos, de un abogado). Surge del historial en Google que buscó la palabra asociación ilícita. No es una cuestión menor que sea un empleado policial en ejercicio. Nosotros como representantes de la sociedad debemos castigar duramente cuando surgen este tipo de personas que hacen de su vida el delito”, enfatizó. Bilbao destacó que en las comunicaciones con el letrado cómplice, éste lo asesoraba utilizando la palabra “potable” al momento de irrumpir en una vivienda, incluso obtuvo una copia de la denuncia digital por parte de una comisaría. A su vez, el Auxiliar de Fiscal adelantó que la pretensión punitiva será de cumplimiento efectivo de acuerdo a la multiplicidad de víctimas y el daño millonario a resarcir (una querella estimó más de $70.000.000). Por su parte, la defensa técnica pidió el arresto domiciliario. Al brindar unas palabras, un damnificado comentó: “Que no lo dejen en libertad es lo único que pido”. Para concluir, el juez interviniente hizo lugar, parcialmente al pedido de la Fiscalía, por el plazo de 45 días (con vencimiento el 23 de diciembre).

Los ilícitos anteriormente endilgados

Según la acusación, el empleado policial, cuando prestaba tareas de vigilancia en la feria Paseo Sáenz Peña (ubicado en avenida Sáenz Peña al 100), se le encargó el cobro de los alquileres, hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio económico a la sociedad locataria y a los feriantes. 

En tanto, simulando contar con facultades de administración que no poseía engaño aproximadamente a 22 puesteros, cobrando alquileres por adelantado (dinero que nunca fue rendido), entregando falsos recibos sin autorización. A continuación, entre agosto y octubre de 2023, engañó a dos feriantes, vendiéndoles sin autorización dos locales (los cuales se encuentran en proyecto de construcción en avenida Sáenz Peña 155). Luego, vendió dos terrenos en Tafí Viejo, simulando ser cesionario de los derechos sobre esos inmuebles. Finalmente, mediante un boleto de compra-venta falso, vendió como propio un bien ajeno a una de las víctimas.