El futuro del Procrear II pende de un hilo: los dos factores que complican la obra en Tucumán

El proyecto habitacional del Procrear II, que contempla la construcción de más de 3.000 viviendas en el sur de San Miguel de Tucumán, se encuentra en una etapa terminal. Al menos, en los términos y condiciones bajo los cuales había sido anunciado por el anterior Gobierno nacional, en 2022.

Dos novedades profundizaron el escenario de incertidumbre respecto a esta obra, que está frenada desde hace un año con un avance promedio cercano al 15%.

Por un lado, esta semana trascendió la decisión de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) de disolver este fideicomiso -entre otros-, en línea con lo previsto por el artículo 5° de la Ley Bases. Si bien todavía resta la confirmación oficial sobre la situación del Procrear II, en el ámbito de la construcción recibieron varios indicios sobre la inminente eliminación de este programa, a la vez que se comenzaron a barajar distintas ideas para reemplazar este plan de créditos por un sistema alternativo, incluyendo la “provincialización” de los trabajos.

En paralelo, las empresas adjudicatarias del proyecto paralizado en esta provincia recibieron una nueva carta documento por parte del Banco Hipotecario, en su carácter de agente fiduciario, para comunicar la decisión de prorrogar por otros 90 días la suspensión de los plazos de la obra. La medida, que cuenta con la conformidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, generó malestar entre las firmas asociadas a la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), dado que se conserva la delegación en las empresas de la responsabilidad sobre la custodia y la seguridad del predio de 100 hectáreas. Los constructores están evaluando dos opciones ante esta tercera notificación consecutiva, y ambas incluyen la rescisión de los contratos firmados para el desarrollo de los distintos sectores del emprendimiento. Los próximos días serán decisivos, dado que habrá reuniones con funcionarios de la Nación y de la Provincia para tratar de buscar un acuerdo.

Desde 2012

Esta semana se dio a conocer la decisión del Gobierno de Milei de eliminar el Procrear, un plan creado en 2012 -durante la gestión de Cristina Kirchner- para la construcción y otorgamiento de líneas de créditos para viviendas.

El programa fue relanzado por el ex presidente Alberto Fernández. Sin embargo, a partir del último trimestre de 2023 (es decir, meses antes del cambio de gobierno), los empresarios de la construcción comenzaron a reportar la falta de pago de los certificados de avance de obra por parte de la Nación, una situación que se mantiene bajo la administración libertaria, que expresa una mirada crítica respecto al modelo tradicional de obra pública.

En este contexto se podría dar la disolución del fideicomiso del Plan Procrear. En caso de que esto suceda, se plantea el interrogante sobre qué sucederá con los proyectos en marcha. Una alternativa que se menciona es la posible venta de los trabajos que presentan un alto nivel de ejecución. Tampoco se descarta la transferencia de las obras a las provincias, una modalidad implementada con otros programas en junio pasado -por ejemplo, de infraestructura vial-, a través de la firma de convenios con cada jurisdicción; entre ellas, Tucumán.

Desde 2022

En esta provincia persiste un interrogante tan grande como el predio del Procrear II.

En septiembre de 2022, con Juan Manzur en la jefatura de Gabinete, se anunció la ejecución de un emprendimiento habitacional con 1.659 viviendas, 1.491 lotes con servicios y 50 locales comerciales.

Las obras comenzaron en julio de 2023, con un plazo previsto de 14 meses para la ejecución del proyecto. Pero tras la puesta en marcha de la etapa inicial -infraestructura básica, conexión de servicios, etcétera-, las tareas quedaron paralizadas por falta de financiamiento. Desde entonces, una veintena de empresas se mantienen a la espera de la reactivación. Eso, sin embargo, no sucederá en lo inmediato.

La prórroga de la suspensión de los trabajos por otros 90 días representó un duro golpe para las constructoras. “Es una triste noticia”, resumió Jorge Garber, presidente de la CTC, en diálogo con LA GACETA. El representante del sector explicó que, en reuniones con funcionarios nacionales, le habían adelantado la decisión de la Casa Rosada respecto al Plan Procrear. “En ese sentido, las expectativas de las empresas son muy malas. Se ha recibido una tercera notificación de una neutralización por 90 días. Lamentablemente, no estamos en condiciones de sostener más la custodia del predio; es un predio que no es nuestro y la obra no sigue, como dijo el Presidente”, indicó el ingeniero.

Los empresarios ya habían respondido la anterior carta documento enviada por el Banco Hipotecario. Además, habían enfatizado que el agente fiduciario no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y compromisos. Ahora, sin embargo, los miembros de la CTC están evaluando distintos planes de acción, que incluyen la rescisión de común unilateral o de común acuerdo de los contratos, alegando el apartamiento de las pautas fijadas en los pliegos.

En ese sentido, Garber confirmó a este diario que el sector no está dispuesto a sostener la vigilancia de las 100 hectáreas. “Necesitamos que se nos pague lo que se nos adeuda, tanto en concepto de certificados de obra, que llevan más de un año sin abonar, como las actualizaciones de precios, los intereses por pago fuera de término y los gastos por la custodia del predio, que asumimos durante más de un año”, explicó el titular de la CTC.