La Corte Suprema de Tucumán definirá el traslado de la basura de Pacará Pintado

La Corte Suprema de Tucumán definirá el traslado de la basura de Pacará Pintado

Un tribunal del fuero contencioso administrativo había ordenado el transporte de los residuos a Overo Pozo. Casación y revisión del fallo.

RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado. RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado.

El futuro del basural a cielo abierto que quedó en las instalaciones de Pacará Pintado quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que definirá si se confirma o rechaza el traslado de casi 18.000 toneladas de residuos hacia el predio de Overo Pozo.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia provincial hizo lugar al recurso de casación interpuesto por Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Urbanos (Girsu), ante la sentencia favorable a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.

En aquel fallo, dictado el 15 de agosto pasado, había hecho lugar a la demanda promovida por la firma que tenía a su cargo la explotación de Pacará Pintado. Por ello, se había condenado al Girsu “a iniciar las diligencias administrativas y presupuestarias correspondientes para hacer efectiva la limpieza de la playa de transferencia” de aquel predio. Así, se había ordenado el transporte de los residuos sólidos remanentes en ese lugar, que “ascienden a 17.943 toneladas”, expresa la resolución firmada por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur.

En complemento, los magistrados habían dispuesto que el operativo debía contar con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente -en su carácter de autoridad de aplicación de la ley N° 8.177-, con un plazo estimado en principio de 90 días corridos para su puesta en marcha, y hasta dos semanas para la concreción de todos los trabajos.

Demanda y respuesta

La causa se inició en octubre de 2020. Según la firma Servicios y Construcciones La Banda SRL, representada en este proceso por la abogada Silvia Peyrachia, la inacción del Consorcio Metropolitano genera un “potencial, inminente y negativo impacto ambiental”. Así, requirió a la Justicia que se fije un plazo para el cumplimiento por parte del Girsu de la limpieza y el traslado de los residuos depositados en la planta.

En su respuesta, el Girsu recordó que las tareas en Pacará Pintado concluyeron por un fallo, a partir de un amparo presentado por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Además, el Consorcio advirtió que desde entonces se impuso un plan de cierre a la empresa, el cual se desarrolló entre Servicios y Construcciones La Banda SRL, las autoridades administrativas y el control de las autoridades judiciales, y aseguró que es imposible que se hayan generado residuos excedentes.

Poco después del fallo en contra, el 2 de septiembre, el Consorcio Metropolitano planteó un recurso de casación con el objeto de tratar de revertir el revés judicial. La Sala III, además de analizar los antecedentes del caso, consideró que el escrito fue formalizado en los tiempos y con las condiciones que requiere la normativa, por lo que resultaba admisible. Además, recordaron que el Girsu interpreta la sentencia de fondo como arbitraria, invocando “gravedad institucional” y proponiendo “la doctrina legal que a su criterio resulta aplicable al caso”. “Es importante señalar que, para su concesión por este Tribunal, no es relevante si (los puntos consignados) son procedentes o no”, indicaron los jueces López Piossek y Gandur.

Por ello, resolvieron elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que deberá expedirse en la causa que activó las alertas en el Girsu.

Sucede que, según estimaciones del Consorcio Metropolitano, las tareas de limpieza del remanente de Pacará Pintado generarán un costo cercano a los $800 millones, y más de 1.100 viajes de camiones para depositar los cargamentos en la planta de Overo Pozo.

El Girsu, que está compuesto por los municipios del área metropolitana -con participación mayoritaria de la Capital en la composición societaria-, no está dispuesto a afrontar esa carga. En ese sentido, la titular del organismo, María Eugenia Andrade, advirtió que la orden judicial puede traer aparejado un daño ambiental, debido a que se deberían remover residuos que ya llevan años de descomposición en un sitio. “Como dijo Asesoría Letrada en el recurso de casación, de ninguna manera podrían trasladarse a Overo Pozo más residuos que los que habían ingresado de propiedad del Consorcio, y por ende tampoco podrían quedar remanentes o excedentes en la Playa de Transferencia de residuos sólidos urbanos de Pacará Pintado”, aclaró la contadora.

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