Por Gustavo Rodríguez
05 Noviembre 2024
Desde hace mucho El Mollar se transformó en un ejemplo del descontrol en distintas circunstancias. Una de las más palpables ocurre en el verano cuando centenares de jóvenes se apoderan de las calles de esta villa y varios de ellos rompen las reglas de convivencia. Otra etapa del desorden vino con un crecimiento con una nula planificación urbanística. En los últimos días se agregó otra novedad: hace más de una década dirigentes de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem), al menos un delegado comunal y un particular, habrían entregado o vendido tierras que pertenecen a una reserva natural.
Una vez más quedó demostrado que la anomia formaría parte de la vida en las villas veraniegas de la provincia. Pasó en El Cadillal, en San Pedro de Colalao, en El Mollar, en San Javier, en Tafí del Valle y en Raco. Las bellezas naturales que tienen estas localidades están acompañadas por la ausencia de la ley. Una y otra vez queda al descubierto que cualquiera puede hacer lo que quiera.
Vale la pena hacer foco en un caso que viene generando polémicas y acciones políticas y judiciales en los últimos días. La Angostura es el último dique artificial construido en la provincia. Entre otras razones, se lo hizo para potencializar al valle de Tafí como centro turístico. En 1996, se anunció la creación de una Reserva Provincial para proteger al perilago. Pasaron 18 años de esa iniciativa y en esa área protegida se construyeron casas, se vendieron terrenos, se levantó un barrio privado, se instalaron ripieras para la extracción de áridos, se inauguró un boliche y se instaló hasta una cancha de fútbol cinco.
En principio, también atentaron contra lugares donde se deberían haber desarrollado emprendimientos privados. En 1989, el Superior Gobierno de la Provincia entregó un predio de tres hectáreas a la Asociación de Obreros Textiles de la República Argentina para que construyera el primer hotel de El Mollar. En 2011, cuando el sindicato comenzaba a concretar el proyecto, las tierras fueron ocupadas por la Cidem. El gremio decidió ir a tribunales para reclamar por lo que considera que es suyo. La Justicia lleva 12 años sin resolver la cuestión. La cacique Margarita Mamaní asegura que esas son tierras de la comunidad y que no se irán del lugar.
Frente a esta situación, el sindicato utilizó esos fondos en otras provincias. Telefónicamente, los dirigentes le dijeron a LA GACETA que la idea sigue en pie, pero destacaron que la situación económica del país no es la misma que en 2011, cuando se registró la supuesta usurpación.
Mar de fondo
Una inspección ordenada por la Fiscalía de Estado descubrió la ocupación de la Reserva La Angostura. Ya cuenta con los indicios suficientes para investigar quiénes fueron los responsables. Por ahora pidió a través de un amparo la restitución de la zona, pero los funcionarios tendrían acumuladas las pruebas para denunciar civil o penalmente a los autores de esta maniobra. Estas acciones forman parte de un plan que busca regular el desorden dominial que existe en los villas turísticas de la provincia.
Las sospechas apuntan por ahora a la cacique Mamaní y al ex delegado comunal Jorge Cruz, padre del actual comisionado que tiene el mismo nombre. Este reconoció la entrega de tierras de la reserva. Responsabilizó a los miembros de la Cidem y a sus antecesores en el cargo, aunque aclaró que lo hicieron por una cuestión social.
El otro señalado es Juan Pablo Castro, que vendió las parcelas que el Estado le había “prestado” para el pastoreo de sus animales. Pero esa cesión se transformó en un proyecto inmobiliario inscripto, según los compradores, en las direcciones de Catastro, Rentas y la comuna rural. Los funcionarios de las reparticiones mencionadas sostienen que no existen autorizaciones y documentaciones que hayan avalado esas ventas.
Un caso que generó impacto es el del boliche Costa de Piedra que funciona hace una década en plena en plena reserva natural. Las autoridades que hicieron el relevamiento no pudieron saber quién es su propietario. ¿Tenía habilitación de la comuna? ¿Contaba con custodia policial? ¿Estaba autorizado a comercializar bebidas alcohólicas? ¿A nombre de quién se facturaban los productos que se comercializaban en el local?.
Pregunta
“Los que sucede en el perilago es producto de años de descontrol y abandono de esta villa turística”, resumió Francisco Maza, que vive en El Mollar. “¿Cómo es posible que durante décadas nadie de Recursos Naturales de la provincia haya venido a ver lo que estaba sucediendo en la reserva a fin de poner freno a la irregularidad y evitar las ocupaciones ahora desbordadas?”, se preguntó el hombre en una nota publicada por LA GACETA.
En la década de los 80, la Provincia cedió al Automóvil Club Argentino (ACA) un predio para que instalaran un camping o una hostería en la zona, como normalmente lo hacía en todos los centros turísticos del país. La institución rechazó el ofrecimiento y devolvió las tres hectáreas que le habían otorgado. Cuarenta años después, las autoridades descubrieron que la devolución no quedó asentada en ningún documento.
El Gobierno jugó fuerte en esta partida. En los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo cuentan que Osvaldo Jaldo está dispuesto a ir hasta el fondo y por ese motivo dio las órdenes para que se actuara sin contemplaciones. También habría pedido que los responsables enfrenten todas las consecuencias por su accionar. Sólo el tiempo dirá si es posible llevar orden a lugares donde domina el descontrol.
Lo más popular
