La Ciudad Universitaria legal es la del cerro

El ex consejero superior egresado Ricardo Cisneros ilustró, al igual que antes la ex decana de Derecho, Adela Seguí, sobre la conmoción que vivió el Consejo Superior de la UNT del 2014 al 2018 por el escándalo con las obras realizadas con fondos de la minería. El jueves estuvo siete horas declarando en el juicio contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y tres de sus ex funcionarios por esas obras y por el manejo del dinero que se recibió de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Es que el Consejo Superior ignoraba hasta ese año dos cosas importantes. Una, que el dinero que llegaba de YMAD debía destinarse exclusivamente a terminar la ciudad universitaria diseñada en la época del rector Horacio Descole en 1948. La otra, que había querellas a causa del manejo de ese dinero.

¿Dónde está el dinero?

En el primer caso, se sabe que la UNT es socia en YMAD con Catamarca, debido a que el descubridor del yacimiento Farallón Negro, Abel Peirano, le legó sus derechos a la universidad. La ley 14.771 de 1958 creó YMAD y en su artículo 18 dice que el 40% de las utilidades se deben destinar a la UNT para concluir la Ciudad Universitaria, conforme a los planos aprobados, y que al terminarse esta se debía entregar la mitad de ese 40% a las otras universidades y la otra mitad queda de libre disponibilidad.

La plata comenzó a llegar en 2005, al final del rectorado de Mario Marigliano. Cerisola asumió en 2006 (fue rector hasta 2014) e hizo que se hiciera un plan de obras para la ciudad universitaria del Siglo XXI; que Construcciones Universitarias dependiera del Rectorado y que se aplicara una norma por fuera de la ley nacional de Obras Públicas. El 2 de enero de 2008 firmó un acta convenio en YMAD para dar por finalizada la ciudad universitaria y comenzar a repartir la mitad del 40% de utilidades a las otras universidades.

Por todo ello fue acusado ante la Justicia Federal por Ramón Eudal en 2010, y por eso está siendo enjuiciado con sus tres ex funcionarios.

El 22 de septiembre de 2014 (seis años y medio después de la firma del acta) el Consejo Superior se enteró por boca de Florencio Aceñolaza de la nueva realidad, según contó Cisneros. En esos días en una nota en LA GACETA, Aceñolaza, que culminaba su mandato como director en YMAD por la UNT, contó que la universidad había perdido de ganar unos 500 millones de pesos (unos U$S 110 millones de entonces). Era la mitad del 40% que se había dejado de percibir entre 2008 y 2014, entregada a las otras casas de estudios.

El ex consejero planteó que el juicio es por el manejo de utilidades en obras entre 2006 y 2009 (unos $ 353 millones de pesos) pero que aparte de eso se debió investigar cómo se usaron los $500 millones que quedaron de libre disponibilidad. Y que además se debió investigar del uso de U$S 26 millones entre 2008 y 2009. “¿En qué los usaron? ¿Dónde están los recibos?”. Dijo que él pidió informes y que “se me negó esa información”. Explicó que en el Consejo se formaron dos comisiones investigadoras YMAD (sus tareas eran acotadas a unas cuantas semanas) y que interrogaron al responsable de Administración en la UNT y que este les contestó “que eso era imposible”. “La Justicia debería haber investigado qué pasó con ese dinero”.

Causas judiciales

Por otra parte, dijo que preguntó en el rectorado de Alicia Bardón (ella fue rectora entre 2014 y 2018) si había causas por el acta, y que le respondieron que no había causas judiciales. Cuando fue a consultar en la justicia federal se enteró de que estaba la denuncia de Eudal de 2010 y otra causa de 2013 con una auditoría de la AGN. Y la UNT no había nombrado querellante. “En la UNT hay abogados para tapar acequias. Pero en cuatro años no habían nombrado un abogado”.

Con respecto al acta de 2008, dijo que tuvieron tanta responsabilidad en eso Cerisola como los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que fueron directores por la UNT en YMAD en 2008. Precisamente Campero está citado como testigo para las próximas audiencias en el juicio. Insistió en que “lo que es claro es que se violó la ley 14.771 con ese convenio. Si hubiesen querido hacer otra ciudad universitaria había que modificar esa ley. Sobre todo es una ley de orden público”. Añadió que está claro que “esa ciudad no se puede hacer hoy por cuestiones ambientales”, pero que todos violaron la ley al pretender cambiarla. Dijo que un cambio semejante, tan trascendente, se debería haber realizado con información y resoluciones taxativas.

Los planos desaparecidos

Y en ese sentido le dio una significación especial a la desaparición de los planos, tema del cual se habla desde hace dos años, cuando se encontraron 2.400 láminas y planos en cajas de aire acondicionado en Planeamiento de la UNT. Opinó que se podría haber averiguado con el código de barras de las cajas de cartón de los aires acondicionados la fecha desde la que estaban arrumbados ahí esos planos. Agregó que los “planos aprobados” de los que habla la ley debían estar en YMAD y en el Congreso Nacional. Añadió que le informaron que había planos de la CU en la biblioteca del Instituto Tecnológico Massachussets.

La declaración de este testigo, así como las de los ex decanos Pío Jiménez y Adela Seguí, mostró la trama seguida en el Consejo que hizo visibilizar el escándalo y llevó a que la UNT intentara declarar nula el acta para seguir recibiendo el 40% -tema que debe debatirse en el futuro y ya hay acuerdo de YMAD y de Catamarca con la UNT al respecto-. También llevó a que la universidad asumiera otros criterios sobre lo que se debe hacer con las utilidades mineras. En medio de la extensa declaración, el ex consejero pidió disculpas y dijo: “Si Florencio Aceñolaza no nos avivaba, nos seguiríamos mirando el pupo”.