Evo Morales denunció un "Plan Cóndor" y acusó al "gobierno sionista de Milei"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta denuncias graves desde Argentina, donde Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, presentó una causa en su contra por presunto abuso sexual y trata de personas. 

Esta acusación se basa en testimonios que sugieren que Morales habría convivido con menores de edad durante su asilo en Argentina entre 2019 y 2020. Paralelamente, la Fundación Apolo en Argentina también formalizó una denuncia similar, que recayó en la jueza federal María Servini. Morales, en respuesta, declaró que estas denuncias forman parte de un "Plan Cóndor" moderno, una supuesta conspiración entre el gobierno de Luis Arce y el "gobierno sionista" de Javier Milei, presidente electo de Argentina, para eliminarlo políticamente.

En medio de la controversia, Morales inició una huelga de hambre en el Chapare, su bastión cocalero, reclamando la liberación de sus simpatizantes detenidos. Las tensiones se intensificaron cuando seguidores de Morales secuestraron a 200 militares en Cochabamba, tras asaltar tres cuarteles y apoderarse de armamento, en un intento por forzar la liberación de sus compañeros detenidos. Este acto fue repudiado por el presidente boliviano, Luis Arce, quien calificó la toma de instalaciones militares como traición a la patria y envió refuerzos policiales y militares para despejar las rutas bloqueadas por los manifestantes.

La situación en Bolivia sigue siendo crítica, con bloqueos en diversas rutas clave que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible en varias ciudades. Morales y sus partidarios, a pesar de algunos intentos de diálogo, mantienen las protestas como parte de su lucha contra lo que consideran una "persecución judicial" y una campaña de difamación. Sin embargo, el gobierno de Arce, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que solo están dispuestos a dialogar sobre temas de competencia del Ejecutivo, y no sobre la posible candidatura de Morales para las elecciones de 2025, que según la Constitución no puede disputar.

Finalmente, aunque la Defensoría del Pueblo intentó mediar para un diálogo entre Arce y Morales, las gestiones fracasaron, agravando aún más el conflicto. Morales lamentó la respuesta del gobierno, que en lugar de dialogar ha continuado con arrestos de manifestantes bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. Mientras la crisis política y social en Bolivia se profundiza, Morales insiste en que su lucha es por los derechos de los campesinos y el fin de lo que describe como un plan de represión que le ha declarado "la guerra, por aire y por tierra".