Qué es el "silencio positivo" para procedimientos administrativos que se aplica desde hoy

Rige desde hoy el cambio que reglamentó el Gobierno en la relación del Estado con los ciudadanos, con la implementación del principio de silencio administrativo positivo en aproximadamente 500 trámites específicos. 

Se trata de una normativa que establece que, en ciertos casos donde un ciudadano ya cumple con todos los requisitos formales de un trámite reglado, la falta de respuesta por parte de la administración tras 60 días se considerará una aprobación automática. Esta nueva medida representa un cambio relevante en el sistema, que históricamente se basaba en el silencio negativo, en el cual la ausencia de respuesta significaba un rechazo.

La normativa, trabajada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, será aplicada inicialmente en los organismos centralizados desde hoy y se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre. Mientras que en áreas críticas como salud pública, medio ambiente y servicios públicos, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, el silencio positivo no será aplicable, garantizando así que la administración no delegue su responsabilidad de revisión en sectores de alta sensibilidad, consignó Infobae.

En qué trámites se aplica

El silencio administrativo positivo se aplicará a trámites que cumplan con condiciones específicas: deben ser procedimientos reglados, con requisitos objetivos y sin margen para la discrecionalidad administrativa. Entre los ejemplos de este tipo de trámites figuran el alta en registros de actores de doblaje o la autorización para el uso de la Marca País en actividades comerciales y de promoción. En estos casos, si la administración no emite una respuesta en el plazo de 60 días y el solicitante cumple con los requisitos formales, su solicitud será aprobada de manera automática.

Este cambio busca promover una gestión pública más ágil y proactiva, eliminando la incertidumbre para los ciudadanos y reduciendo el margen de burocracia que, en algunos casos, resultaba en retrasos excesivos. Además, la normativa incorpora una fase de monitoreo y ajustes, permitiendo al gobierno evaluar su funcionamiento y considerar la inclusión de otros trámites en el futuro.