Por Bárbara Nieva
31 Octubre 2024
Las plataformas electrónicas como Uber, Cabify o Didi continúan ganando espacio a lo largo de Argentina, y así también, cada vez son más los municipios que analizan regular la actividad. Las apps consiguieron un marco normativo en Villa Allende (Córdoba), en la provincia Mendoza y se acelera su estudio en San Miguel de Tucumán. Otras provincias, en cambio, avanzaron (o al menos lo intentan) en legislaciones que las prohíben: son los casos de Santa Cruz y Catamarca. En el ámbito local, el Concejo Deliberante analiza tres proyectos con similitudes y diferencias; en dos de ellos, las empresas deberán tributar para poder funcionar.
Las propuestas que estudia la comisión de Transporte corresponden a un escrito presentado por el Ejecutivo municipal y a dos proyectos elaborados por los ediles Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical). La principal diferencia entre los tres es que la iniciativa del radical no obliga a las plataformas a tributar para desarrollar la actividad. En cambio, lo que plantea la Municipalidad es que se les imponga el cobro de impuestos “por utilizar económicamente la prestación del servicio” y lo que dice Arnedo en su articulado es que se requerirá que las empresas “liquiden y abonen, por cuenta y orden de los permisionarios registrados en sus aplicaciones, los gravámenes correspondientes”.
Sobre las sanciones
El proyecto firmado por la intendenta, Rossana Chahla, y por el secretario de Transporte y Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, abarca disposiciones generales, mientras que los de Argañaraz y de Arnedo presentan un articulado más específico. Así sucede con la imposición de sanciones por incumplimiento: la alternativa municipal sintetiza que será facultad de la autoridad de aplicación tramitarlas, y las de los ediles consideran sumas monetarias equivalentes al valor del Urbano y suspensiones o inhabilitaciones para los choferes.
De ahí en más, otros detalles: Arnedo propone que los choferes de plataformas electrónicas tengan un permiso municipal con duración de dos años, y Argañaraz, que exista un sistema de evaluación para cada conductor que pueda derivar en la baja de un chofer si no cumple con la calificación mínima requerida. En tanto, la Municipalidad contempla que sólo los taxistas puedan tomar viajes en la vía pública mediante el sistema de paradas.
Ambos concejales describen en sus proyectos que se deberá permitir y facilitar el ascenso de canes guías que acompañen a personas con discapacidad y prohíben que un vehículo sea conducido por más de ocho horas corridas ni 10 o 12 horas fraccionadas en un día.
¿Dónde es legal?
Una provincia en la que las plataformas electrónicas poseen un marco normativo es Mendoza, desde 2018. La Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza había recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para pedir por la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad, pero el planteo tuvo éxito. En la jurisdicción, las empresas tributan con un impuesto especial y poseen una oficina comercial.
Recientemente, en Villa Allende (Córdoba), se llevó a cabo una sesión parlamentaria alterada por manifestaciones de taxistas, donde finalmente se legalizó el Servicio de Transporte Privado de Pasajeros (STPP). La ciudad modificará el régimen tributario local para que las apps paguen la tasa de Industria y Comercio y sean consideradas como actividad en la ordenanza impositiva.
Durante este año, surgió el debate por las plataformas en Bariloche, Rosario y Santa Fe. En esta última, el proyecto presentado considera la creación de un fondo de movilidad que será financiado con el cobro de un 1% a las empresas de transporte que operen mediante aplicaciones. Ese fondo se usará para promover mejoras de infraestructura y desarrollo urbano.
¿Dónde se prohibió?
Así como algunas ciudades dieron luz verde a las empresas de transporte, otras las prohibieron (o lo consideran). Tal es el caso de Catamarca, donde se intenta voltear la Ley provincial que regula el transporte de pasajeros sancionada el año pasado; o en Santa Cruz, donde a partir de 2019 la Cámara de Diputados provincial estableció que los sistemas de transporte mediante aplicaciones no podrán funcionar legalmente en la provincia. Si bien Río Gallegos no adhirió, en 2021 el Concejo Deliberante de la ciudad capital creó un Registro de Infractores al Transporte Público Autorizado. Esta disposición responde a la queja de taxistas y remiseros, que denunciaban la llegada de “ubers clandestinos” (porque la plataforma no desembarcó oficialmente en la localidad) que funcionaban a través de Whatsapp, Telegram, Instagram y Facebook.
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