¿Habrá ajustes durante el año electoral?

Este 2024 no fue un año cualquiera. Fue el año del ajuste y del ahorro forzoso. Aún así, le faltan dos meses y gastos que ejecutar. El margen es pequeño. El Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de Presupuesto para el electoral año de 2025. Pero, en la misma iniciativa que se giró a la Legislatura, ha dejado en claro que quiere cerrar el ejercicio vigente con un leve superávit fiscal, de $ 2.208 millones, para que Tucumán no se pinte de rojo, como una de las provincias deficitarias. El gobernador Osvaldo Jaldo se encargó de exponer ayer que tampoco quiere que su segundo año de gestión tenga resultado negativo en las cuentas públicas. Para ese período, el superávit proyectado tampoco representa una cifra holgada; será de sólo $ 5.613 millones si se afianza el plan de contención de las erogaciones.

¿Cuál puede ser la estrategia que sugerirá la Casa de Gobierno para que no se desmadre el cuadro fiscal? Una de las ideas que se analiza es que se usen los excedentes financieros para atender las obligaciones más urgentes. Por ejemplo, el pago de los salarios a los empleados públicos. Si bien es cierto que el mandatario ha señalado que está garantizado el pago de las remuneraciones del sector público hasta fines de año, el esfuerzo para que esa meta se concrete debe ser realizado por los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De esa manera se garantizará el resultado superavitario, explican desde el edificio de 25 de Mayo y San Martín.

Más explícita fue la explicación técnica del artículo 20 del proyecto de Presupuesto 2025. “Los saldos no ejecutados y/o no devengados, de Rentas Generales, que permanezcan en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio presupuestario del Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal, Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, serán considerados excedentes financieros”, detalla la iniciativa. Y agrega: “estos saldos se incorporarán en la jurisdicción correspondiente como recursos remanentes de la misma y deberán ser utilizados prioritariamente al inicio del ejercicio siguiente. Asimismo, deberán rebajarse por idéntico monto las partidas de gastos financiadas con Recursos del Tesoro de la Provincia”. Estas disposiciones, no obstante, tendrán aplicación efectiva a partir del próximo ejercicio, pero en el Ejecutivo ya están preparando encuentros con representantes de otros poderes para dar las explicaciones del caso.

Otra modificación sustancial respecto de otros ejercicios anteriores está relacionada a la manera en que se otorgarán las partidas a cada jurisdicción. “Disponer, respecto del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal, que, las transferencias mensuales de los fondos correspondientes a los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto vigente, se ajustarán porcentualmente a lo efectivamente percibido sobre los recursos presupuestados vigentes de rentas generales”, reza el artículo 19 del proyecto. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Economía otorgará a cada una de esas áreas la doceava parte de las partidas en función del comportamiento de la recaudación (nacional y provincial), con las fluctuaciones naturales de un proceso recesivo. Aunque no se lo diga, esto también implica un mayor control de la forma en que se gasta y del destino de los recursos asignados.

Los salarios siguen siendo el gasto de mayor peso en el Presupuesto. Representan el 53,5% del total de erogaciones. La planta de personal considerada en el Presupuesto 2025 es de 99.485 cargos. Sin embargo, el ministro de Economía, Daniel Abad, ha señalado ayer en conferencia de prensa que hubo una disminución del plantel estatal de 239 cargos. Esto también requiere de una explicación adicional. El presupuesto vigente cuenta con 98.551 cargos en la planta permanente, mientras que el del año que viene fue calculado en 98.312. La diferencia y el salto en la cifra responde a la dotación que se contratará para ejercer funciones en la cárcel de Benjamín Paz y en la alcaidía de Las Talitas. La iniciativa contempla la designación de 1.173 agentes, por lo que la cifra total de empleados públicos ascenderá a 99.485 puestos permanentes.

Otro de los cambios que se han observado en la iniciativa tiene que ver con el financiamiento del sector público. Por caso, la autorización para el uso transitorio del crédito a corto plazo será equivalente al 10% de las erogaciones (usualmente fue del 7,4%). Ese dinero, de ser necesario, puede ser usado para atender contingencias. Más curiosa es la autorización solicitada en el artículo 17 para tomar prestamos subsidiarios con garantía de coparticipación para el “financiamiento de obras y de sus correspondientes inspecciones, en el marco de programas con financiamiento externo multilateral y bilateral, por un monto total de hasta U$S 250.000.000 o su equivalente en moneda local”. Si las condiciones del mercado mejoran y aparecen inversores dispuestos a ejecutar grandes emprendimientos esta línea puede ser una garantía de ejecución de grandes infraestructuras.

Gastos Tributarios

Si de ajuste se trata, el Gobierno también ha puesto la lupa en los Gastos Tributarios, que significan una erogación anual de unos $ 30.000 millones. Ese ítem tiene que ver con lo que el Estado deja de percibir en concepto de ingresos tributarios, como consecuencia de la aplicación de políticas fiscales que benefician de manera particular a algunos contribuyentes, actividades o regiones y que tienen por objeto desarrollar determinadas políticas públicas, generalmente a través del otorgamiento de exenciones, deducciones de la base imponible y alícuotas reducidas. En el Ejecutivo entienden que hay actividades que no generan valor agregado y que no cumplen con las pautas para seguir gozando de ese beneficio. Por lo tanto, las ayudas están sujetas a revisión y a recorte.

Por el lado de los ingresos, la Nación garantiza a Tucumán (como al resto de las provincias) el aporte de fondos de coparticipación federal de impuestos. Paralelamente, en la Provincia mantendrán el esquema de actualización trimestral para calcular las boletas de los impuestos patrimoniales. En varios distritos vecinos se preguntan cómo harán para incrementar los ingresos en medio de la incertidumbre. Según pudo establecerse, hubo contactos con Tucumán para interiorizarse acerca del modelo desarrollado para que la recaudación no sintiera, con tanta fuerza, el impacto de la recesión económica. Sucede que esos distritos también deben elevar a las Legislaturas el proyecto de Presupuesto y varios aplicarán la “receta tucumana” del revalúo inmobiliario, por ejemplo.

La propensión a incrementar el gasto público en los años pares puede chocar con la política de sostenimiento del déficit cero. Sin embargo, en el político siempre estará latente el deseo de gastar para, por ejemplo, asegurar un triunfo en las urnas en los comicios de medio término. De una u otra manera, en un año, el Poder Ejecutivo está conformando un fondo anticíclico, con el que prevé atender las necesidades más urgentes en caso de que la actividad económica no mejore. Habrá ajuste, pero no será de cirugía mayor, sino de un mayor control fiscal.