Las estrategias contra las ocupaciones de terrenos

La resolución del Ente de Control y Regulación de los Servicios públicos (Ersept) de no autorizar a las empresas prestadoras de energía y agua a proveer de servicios a ocupantes de terrenos usurpados es un avance sustancial para resolver cuanto antes los intentos de usurpación. Es que con esta decisión se evita que se generen elementos que por un lado facilitan la instalación de personas que pueden accedes a la luz y el agua, y por otro lado se aventan conflictos judiciales de largo aliento, lo cual ha sido lo habitual hasta ahora.

Así se dio a conocer en el caso de El Mollar, que ha ocupado la atención en los últimos días. Esta resolución ya se había aplicado hace poco más de un mes, en un acuerdo del Ersept con la Universidad Nacional de Tucumán en el que también participó la empresa de Energía, para abstenerse de brindar líneas de energía o medidores de luz a quienes ocupen terrenos en el parque Sierra de San Javier, de propiedad de la UNT. En el caso actual se añade que, por aplicación de la ley provincial N° 6292 sobre áreas protegidas, se puede suspender servicios ya otorgados, con el fin de desalentar a quienes ya hayan ocupado predios protegidos.

Se trata de medidas que avanzan sobre cambios que han definido ya las distintas áreas del Estado. En febrero se pusieron en marcha en la Justicia las fiscalías que investigan estafas y usurpaciones, una de las cuales arrancó con una estimación de 200 casos por mes. También ese mese comenzaron en Fiscalía de Estado y el Ministerio de Interior  charlas de capacitación a los 93 delegados comunales para que cuenten con herramientas legales para llegar a tiempo y que las usurpaciones no se produzcan. Luego hubo conversaciones con productores de la Sociedad Rural en las que se buscaron estrategias hubo apertura al dialogo con respecto a las usurpaciones que surgen en zonas rurales y en los Valles Calchaquíes, al decir del ministro de Seguridad. Para julio ya se dieron a conocer casos de desalojos inmediatos e incluso aprehensiones de personas que estaban llevando a cabo ocupaciones ilegales de modo agresivo, armadas con machetes: algo similar ocurrió el 15 de octubre con la ocupación de una vivienda particular en Tafí Viejo, donde fueron detenidas cinco mujeres.

Ya en los últimos días, el Gobernador pareció asumir una postura personal en el asunto. Así como en mayo había dicho que “bajo ningún punto de vista vamos a permitir usurpaciones de ningún tipo y por ninguna causa”, ahora fue enfático en lo que hace a ocupaciones ya consolidadas: “no vamos a permitir construcciones donde no esté habilitada la zona y muchos menos no tengan los permisos que habiliten, que tienen que ver con la no inundabilidad y con el acceso a la infraestructura”; y añadió que “no cualquiera se va a meter en cualquier lugar; eso significa delito y el que cometa delito en Tucumán va a terminar preso, sea quien sea, empresas constructoras o personas que usurpan tierra por necesidad de vivienda” y aconsejó que la gente que requiere vivienda haga consulta en el Estado, ya sea provincial, municipal o comunal, “a ver qué soluciones le podemos dar a las familias”. Así como está planteada esta estrategia, parece abarcar varios aspectos importantes para cambiar las cosas.